Los ediles purgados del PSOE de Santiago denunciarán en el juzgado su expulsión

No va más. Con el voto favorable del presidente y la secretaria, la Comisión de Ética y Garantías del PSOE ratificó la expulsión de los cuatro concejales rebeldes de Santiago, enfrentados desde hace meses con la dirección local. Los ediles, que han denunciado las “urgencias” del proceso, acudirán ahora a la justicia ordinaria, por la “vía civil e incluso penal”.

El recurso ante la Comisión era la última vía orgánica para tratar de revertir una decisión que dejará a los socialistas compostelanos con sólo dos ediles en la corporación. Los cuatro expulsados —Mila Castro, Mercedes Rosón, Marta Álvarez y el portavoz, Gonzalo Muíños— pasarán a integrar el grupo de los no adscritos. Los impulsores de la purga, el secretario local Aitor Bouza y su número dos, Marta Álvarez-Santullano, salieron del Congreso Nacional del pasado fin de semana como integrantes de la ejecutiva de José Ramón Gómez Besteiro.

En un comunicado emitido con el logo del Grupo Municipal Socialista, los ediles rebeldes manifiestan su decisión de “seguir defendiendo los valores del socialismo” con su trabajo en el Ayuntamiento hasta el final de la legislatura, en 2027, “cumpliendo el compromiso” con los vecinos.

Consideran que “en las últimas semanas y meses” se difundieron informaciones “falsas” y se les acusó de incumplir normas del partido “al que llevamos años perteneciendo”. “Precisamente, por todos los años de militancia activa y, en algunos casos, ocupando cargos de responsabilidad orgánica dentro de la formación, sabemos lo que es cumplir las normas. Y siempre las respetamos”, afirman.

Por eso, “seguras de haberlo hecho, nos vemos en la obligación de defender la verdad de lo sucedido en otro foro”. Acudirán a la justicia “por dignidad, para defender nuestra integridad y, sobre todo, porque non estamos dispuestas a permitir que de forma arbitraria alguien decida quién puede o no ser socialista en función de sus preferencias personales”.

Lamentan que no fuese la Comisión Federal de Ética y Garantías quien ratificase su expulsión, sino dos de sus miembros, “alegando la urgencia de la decisión” o, como reza la propia resolución, porque la decisión es “urgente e inaplazable”, algo que justifican en la importancia de la representación de los concejales en la corporación de la capital gallega. 

Sin embargo, los expulsados no “aprecian” esa “urgencia” en otros casos abiertos en Galicia o el Estado, “pendienets de resolución firme desde hace meses, ante mocioines de censura de la mano del Partido Popular o presuntos casos de corrupción que, en algún caso, está provocando un enorme daño a la reputación de nuestras siglas”. Aunque esta vez no lo mencionan, en otras ocasiones sí se refirieron a las diferencias entre su caso y el del exministro José Luis Ábalos.

Aseguran tener los ánimos “renovados” tras el respaldo de las más de 800 personas que han suscrito la carta de apoyo, que comenzó con medio centenar de firmas, entre ellas, la del expresidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño. “Desde la convicción de que nuestro trabajo en estos años, de compromiso con Compostela y lealtad con el PSdeG, no merece este final”, concluye el comunicado.