El Ayuntamiento de Barcelona compra la Casa Orsola, símbolo de la crisis de la vivienda

El Ayuntamiento de Barcelona y la entidad Hábitat 3, dedicada a la gestión de vivienda social en Catalunya, han llegado a un acuerdo para comprar la Casa Orsola, la finca que en las últimas semanas se ha convertido en emblema de la crisis por la vivienda y la gentrificación en la capital catalana. El alcalde Jaume Collboni ha anunciado que la compra se ha cerrado por unos 9,2 millones de euros, lo que supone “un 30% por debajo del precio de mercado del Eixample”, según el alcalde. La propiedad compró la finca en 2021 por 6,5 millones.

Hàbitat 3 asumirá el 51,4% de la compra (4,8 millones) y el Ayuntamiento el resto (4,3 millones). El monto total de la compra es inferior a la propuesta de tanteo y retracto que se propuso en 2021, cuando empezó el conflicto en la Casa Orsola. En aquél momento, la operación habría costado 5,2 millones de euros.

La compra es una operación “inovadora y pionera”, según Collboni, ya que se ha llevado a cabo con una fórmula nueva: la compra social colaborativa, que supone que el Ayuntamiento ha adquirido la finca junto a una entidad social, Hàbitat3. La Casa Orsola será gestionada como “vivienda social y asequible” por Hàbitat3. Esta fórmula garantiza que ni Josep ni el resto de inquilinos que siguen viviendo en la finca estando fuera de contrato tendrán que irse. “Se han paralizado todos los desahucios programados y solicitados”, ha apuntado el alcalde.

Collboni ha reconocido que la compra directa era la última opción del consistorio, pero han decidido llevarla a cabo ahora debido a la “gravedad” de la situación y a que actualmente -y a diferencia de 2021- hay nueve pisos libres que se sumarán a la oferta de alquiler asequible. “Es la solución en una zona de mercado tensionado, con modalidades diferentes de alquiler”, ha apuntado Collboni, en referencia a las viviendas que se han ofertado en la modalidad de alquiler de temporada, que se rentan por más de 2.000 euros al mes.

El consistorio ha asegurado que no se mantendrán alquileres de temporada una vez finalicen los contratos. El Ayuntamiento ha adquirido los cuatro locales y 9 viviendas vacias, siete de los cuales están en alquiler de temporada; 3 viviendas que tienen procesos judiciales y un piso que no puede destinarse a vivienda porque no tiene cédula. Hàbitat 3 adquiere el sótano, las siete viviendas con contrato indefinido de renta antigua, dos viviendas con proceso judicial y cinco viviendas con contrato vigente, que acabarán entre 2026 y 2033, con la idea de que los inquilinos puedan quedarse.

Sobre los vecinos que, como Josep, no son inquilinos vulnerables, tienen procesos judiciales abiertos y siguen en la finca a pesar de estar fuera de contrato, el Ayuntamiento ha asegurado que no se les aplicará un alquiler social. La tenienta de alcaldía de Ubanismo, Laia Bonet, ha explicado que se les formalizarán nuevos contratos de acuerdo a la ley y en base a los topes de precios marcados por la regulación de rentas.

Para la presidenta de Hàbitat 3, Carme Trilla, la operación ha sido “muy beneficiosa” para todos los actores. Y ha destacado lo positivo de contar con viviendas sociales y asequibles en el centro de la ciudad, para evitar crear guetos y que se gentrifiquen zonas tensionadas como el Eixample.

También ha añadido que este tipo de compras colaborativas, que son habituales en otras ciudades europeas, son “la vía del futuro”. Entidades como esta no suelen comprar fincas cuyo precio no se pueda compensar con los alquileres, como es el caso de la Casa Orsola. “Necesitamos el apoyo de las administraciones públicas. Y que hayamos abierto esta colaboración público privada es una gran noticia para evitar la crisis de la vivienda”, ha apuntado Trilla.

Ahora bien, Collboni ha alertado que esta fórmula no podrá ser repetida en todos los casos de emergencia habitacional. “Los recursos públicos son limitados. Se estudiará cada caso. Pero necesitamos nuevas reglas del juego y más regulación”, ha apuntado.

La propiedad de la finca ha aceptado la compra formalmente la mañana de este viernes. La operación se ha cerrado después de un proceso de mediación iniciado por el Síndic de Greugues de Barcelona (el defensor del pueblo), David Bondia. El éxito de la mediación, según Bondia, ha sido “la discreción” de todos los actores que han participado en las conversaciones. Quienes se han sentado a la mesa han sido el Ayuntamiento, la Sindicatura, Hàbitat 3 y la propiedad. Pero han contado con la ausencia destacada del Sindicat de Llogateres, quienes representan a los inquilinos en riesgo de expulsión.

“Son parte de la solución. Yo decidí interlocutar con la propiedad y el Sindicat sin sentarlos en la misma mesa debido al gran conflicto que tienen. Ahora se abre una nueva mesa para cerrar flecos en la que sí estará el Sindicat como representación de los vecinos”, ha comentado Bondia.

Una solución “vergonzosa”, según el Sindicat de Llogateres

Por su parte, el portavoz del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, considera que es “un ridículo que el Ayuntamiento finja, de manera ridícula, que el Sindicat no existe. Sin nosotras y las inquilinas movilizadas, este edificio estaría lleno de alquileres de temporada”, ha añadido.

Sobre la decisión del consistorio, Aragonès ha considerado que es “una vergüenza que se premie con dinero público la actitud de Albert Oller [propietario de la Casa Orsola]. Deberán dar explicaciones sobre una cifra de compra que ni entendemos ni aceptamos”, ha remachado. “Es un precio muy alto y no desactiva el conflicto, porque es una solución puntual”.

En la misma línea se han expresado Elisenda y Josep, vecinos de la Casa Orsola, que han apuntado que aunque esta noche será la primera en cuatro años que duerman “un poco” tranquilos, lamentan que se trate de una “solución sólo para un caso puntual, mientras que sigue habiendo muchas fincas en la misma situación. El conflicto no acaba aquí”, ha asegurado Elisenda.

Josep, por su lado, ha conseguido esquivar su desahucio, que era el primero que se había convocado. Se muestra agradecido al Sindicat, que ha representado a los vecinos durante estos años, y reclama al consistorio y a las diversas adminstraciones competentes que tomen medidas para evitar que “se deshumanice a las inquilinas para conseguir una ciudad sin vecinas”.

Por su parte, el expropietario de la Casa Orsola, Albert Ollé, ha destacado que “se ha impuesto la responsabilidad, el sentido común y el respeto” tras la compra del Ayuntamiento. Así lo ha dicho en un comunicado, en el que dice que ha firmado el acuerdo “para defender el derecho de todas las empresas de este país a desarrollar su actividad” y lamenta que, durante estos años de conflicto, se haya puesto en riesgo el derecho a la propiedad privada.

Símbolo de la lucha contra la gentrificación

En medio del Eixample y con 27 pisos inicialmente habitados, los inquilinos de este inmueble empezaron una lucha para evitar su desalojo cuando lo adquirió el fondo Lioness Investments para extinguir los contratos vigentes y convertirlos en alquileres de temporada. La resistencia vecinal, de la mano del Sindicato de Inquilinas, permitió evitar el primer desahucio, el de Josep Torrent, profesor de 49 años, el pasado 31 de enero.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, lo ha celebrado como una victoria “del derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad”. “Celebro la decisión del alcalde de adquirir la Casa Orsola, resultado de las movilizaciones sociales, la mediación, el diálogo y el compromiso político”, ha escrito en X.

El portavoz del Sindicato de Inquilinas, Enric Aragonès, lo ha considerado una victoria, aunque ha señalado que este gesto no pone fin a la crisis de la vivienda en Barcelona y ha querido alertar que Carme Trilla, presidenta de Hàbitat 3, firma también el informe encargado por el consistorio según el cual se plantea desmantelar la medida adoptada por Colau que reserva un 30% de toda nueva promoción o gran rehabilitación a vivienda social. “Es una política destinada a evitar operaciones especulativas. En el Eixample ya hay 44 bloques en la misma situación que la Casa Orsola. Hoy se han ganado unas decenas de viviendas para la bolsa social, pero sin la medida del 30%, perderemos unas 3.900”, ha remachado Aragonès.

Tras más de cuatro años de conflicto, esta finca se había convertido en un símbolo de la lucha contra la gentrificación en Barcelona. Todo se remonta a 2021, cuando Lioness Inversiones compró el inmueble. Entonces había 27 pisos habitados; de ellos, unos pocos tenían contratos indefinidos y al resto, les vencía en pocos años.

Un año después del cambio de titularidad, y tras varias concentraciones, intentos fallidos de negociación y una también fracasada mediación del Ayuntamiento, cinco de los vecinos de la Casa Orsola quedaron fuera de contrato. La propiedad interpuso demandas contra ellos para poder llevar a cabo un desahucio. La primera fecha de lanzamiento fue para Josep, pero la movilización vecinal logró impedir el paso a la comitiva judicial.

Desde el juzgado le notificaron a Josep una nueva fecha de desahucio, el 4 de febrero, pero esta fue nuevamente aplazada sin motivo aparente. Coincidió sin embargo que el Síndic de Greuges había iniciado la mediación y el contacto con inquilinos y propiedad. Y que esta última además se había abierto públicamente a vender la finca.