Los contratos de emergencia de la DANA adjudicados por Mazón: empresas que financiaron al PP, entre las más agraciadas

Pasados cinco meses de la catástrofe de la DANA del 29 de octubre, el Gobierno autonómico de Carlos Mazón ha adjudicado un total de 241,5 millones de euros en contratos de emergencia a consecuencia de la destrucción de infraestructuras de transporte y de gestión del agua, entre otros ámbitos, que propició la barrancada. Se trata de la cifra global que aparece reseñada en el Registro Oficial de Contratos de la Conselleria de Hacienda de la Generalitat Valenciana, que detalla las adjudicaciones desde principios del pasado noviembre, incluyendo los contratos menores.

Las empresas que más se han beneficiado han sido las constructoras, encabezadas por FCC, con un total de 19,9 millones de euros en contratos de emergencia de la DANA, y por Rover Rail (19,2 millones), especializada en infraestructuras de transporte. Al margen de estas dos compañías, entre las más beneficiadas figuran otras salpicadas por su relación con el PP.

Es el caso —con 15,6 millones— de Ocide (una firma que pagó, según el sumario del 'caso Azud', presuntas mordidas al cuñado de Rita Barberá, el letrado José María Corbín, uno de los principales investigados en la causa, aún en fase de instrucción) y, con 14,6 millones, Becsa, uno de cuyos accionistas, el empresario castellonense Gabriel Alberto Batalla, fue condenado en el marco del 'caso Gürtel' a un año y nueve meses de prisión por dos delitos electorales relativos a los comicios autonómicos y municipales de 2007 y por un delito de falsedad documental.

La siguiente constructora en la clasificación, con 14,3 millones, es CHM Infraestructuras, cuyo presidente, el empresario Francisco Javier Martínez Berna, asumió la misma pena en la causa por la financiación ilegal del PP valenciano.

Entre la primera veintena de adjudicatarias de los contratos de la DANA también destaca (con 10,2 millones) la empresa Pavasal, que inyectó un total de 240.000 euros en la 'caja B' del PP de València para la campaña electoral de Rita Barberá en las elecciones municipales de 2007, tal como acreditó la sentencia de la pieza separada A del 'caso Taula'. Y le sigue Sociedad de Agricultores de la Vega, firma que abonó 300.000 euros a la misma 'caja B' de los populares de València, con 9,5 millones en adjudicaciones de emergencia.

Por otro lado, otra de las empresas regadas con fondos de contratos de emergencias ha sido STV Gestión SL, de la cual fue responsable de Relaciones Institucionales José Manuel Cuenca, actual jefe de gabinete de Carlos Mazón en el Palau de la Generalitat. La firma murciana se ha embolsado 2,7 millones en uno de los primeros contratos de emergencia adjudicados, para la limpieza de polígonos industriales afectados por la barrancada.

Varios de los propietarios de la empresa también son accionistas de la sociedad Tecnología de la Construcción y Obras Públicas SA, adjudicataria de 3,2 millones de euros en un contrato de emergencia para obras en una depuradora.

Los riesgos de los contratos de emergencias

Además de la Generalitat, tanto la Diputación de Valencia como el Gobierno central (especialmente el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible) han recurrido a este modo de contratación. Por otro lado, el Ejecutivo autonómico de Mazón disparó los precios de productos como el hormigón con ocasión de las obras de emergencia de la DANA.

El procedimiento de los contratos de emergencia, por su propia naturaleza permite una cierta agilidad y urgencia ante una situación de catástrofe, como la de la DANA del pasado 29 de octubre, por las necesidades de limpieza y reconstrucción de infraestructuras vitales como las redes de transporte o de saneamiento y de depuración de aguas, entre muchos otros ámbitos.

Sin embargo, los contratos de emergencia también pueden entrañar riesgos, a tenor su menor fiscalización. Tras la experiencia de las adjudicaciones de la pandemia de la Covid-19, la Agencia Valenciana Antifraude (AVA) expuso una serie de recomendaciones en la materia en un informe publicado en 2022.

“Este tipo de tramitación, unido a la supresión de la fiscalización previa de la función interventora y su sustitución por el control financiero permanente, puso de manifiesto las debilidades de nuestras instituciones, generando un escenario favorable para la corrupción y malas prácticas en el ámbito contractual”, afirmaba la AVA.

El Tribunal de Cuentas también recomendó, tras analizar las adjudicaciones de la Covid en un informe de fiscalización, que se solicitaran ofertas de diferentes licitadores y se negociaran los términos del contrato.

Joan Llinares, exdirector de la AVA, alude a uno de los principales riesgos de los contratos de emergencias: “La falta de estudios previos de los precios y de concurrencia entre empresas en un procedimiento que permite dar contratos discrecionalmente a empresas vinculadas con el poder político”.

“Muchos de esos contratos son obras, servicios o suministros muy complejos de grandes cuantías y, sin procedimientos que los regulen (pliegos de cláusulas administrativas y de condiciones técnicas), se puede estar contratando con quien no tiene capacidad, ni medios ni estructura para ejecutarlos. Eso conduce a precios muy por encima de los de mercado y subcontrataciones con grandes márgenes de beneficios que nadie controla”, afirma Llinares.

Empresas “cercanas al poder político”

El exdirector de Antifraude lamenta que la ley de contratos “no regula algo tan elemental y recurrente como las comisiones que enriquecen a los intermediarios, que lo único que aportan son contactos en ocasiones producto del tráfico de influencias”. “Con las emergencias, sea la Covid-19 o la DANA, mucha gente se ha enriquecido por esas carencias a costa de las desgracias de los demás”, apostilla.

Los contratos de emergencia de la DANA adjudicados por la Generalitat se ha prolongado durante casi medio año. “Seguir con los contratos de emergencia cinco meses después del desastre indica un gran déficit organizativo y de planificación por parte de las administraciones públicas”, reflexiona Joan Llinares.

“A veces”, abunda el exdirector de la Agencia Antifraude, “ese déficit es propiciado por el poder político, que no quiere profesionales rigurosos controlando y fiscalizando, ni procedimientos con garantías de que se respetan los principios de igualdad, concurrencia y transparencia en la contratación, pues pueden desbaratar el negocio que hacen las empresas contratadas con el único mérito de estar cercanas al poder político”.