1,3 euros por okupa al mes

“En su majestuosa igualdad, la ley prohíbe a los ricos y pobres dormir bajo puentes”, decía el escritor francés Anatole France. Eso es vedad siempre. La ley es igual para todos, pero la administración de justicia, no. Generalmente, le va un pelín mejor para los que más tienen, y mientras más tienen, mejor les va. No creo que sea casualidad, pero tampoco tienen la culpa los ricos si a más azúcar, más dulce.

Por lo que respecta a la vivienda, encontramos ejemplos cada día de que la ley es igual para todos en función del tramo de renta. De ahí que el 60% de las compras sean para ‘inversión’, que viene a ser sinónimo de esquilmar al futuro inquilino. El último ejemplo de esta situación lo vimos esta semana en el ayuntamiento de València, donde puede pasar que con menos votos tengas más que la oposición. Creo que es cosa de los llamados números imaginarios, que nunca los he entendido, pero haberlos, se ve que haylos. Y como la cosa va de imaginación al poder, al menos municipal, María José Catalá anunció que se crearía una oficina antiokupación. Eso es más numerito, pero real.

La explicación también es muy imaginativa. “Será una oficina centralizada, donde todas las personas que sufran en su comunidad de propietarios una ocupación irregular van a poder llamar para desarrollar directamente una acción pública dirigida a evitar que esas situaciones sucedan”, anunció a la prensa. Suena a lo de “la parte contratante de la primera parte”. Es difícil entender lo de que el aviso se produzca después de la okupación, pero la oficina impedirá que ocurra. Como en Regreso al futuro, pero sin Delorean. El clásico numerito imaginario al que nos tienen acostumbrados algunos políticos, pero si se inventan el problema, lo mínimo es exigirles también que se saquen de la manga la solución.  Es como si la pescadilla, en lugar de morderse la cola, se bebe todo el vino de la sacristía.

Y también esta semana, aprovechando que no hay cosas más importantes que hacer y con la excusa del mantra de la okupación, Catalá se ha marcado un Mazón y se ha echado en manos de la ultraderecha. Lo de adelantar a la derecha por la derecha, no suele salir bien. Que se lo digan a Junts, que les está comiendo la tostada Aliança Catalana. También son hermanos separados al nacer. Al PP eso le lleva pasando ya tiempo, pero o no escarmienta o le ha pillado el gusto. Si siguen así, no pararán hasta acabar negando las cámaras de gas.

Pues Catalá, con su oficina antiokupación, se ha sumado a la moda de crear problemas imaginarios. No solo son más fáciles de resolver, sino que electoralmente también suelen ser más rentables. Nadie pierde votos subestimando la capacidad intelectual del votante. Es como una ley de la termodinámica pero en política. En Castilla y León ya lo aplicaron para pactar con Vox. Fue Juan García-Gallardo, exvicepresidente de la Junta y vigente campeón mundial de vacaciones pagadas, el que lo impuso para firmar el acuerdo con el PP. En un año, 2024, las nueve oficinas que abrieron recibieron en total 170 consultas. Más o menos una cada dos días o 18 por cada oficina. Si lo contamos por trabajadores contratados, la media incluso es más baja. La parte positiva es que los castellanoleonense ya pueden ir tranquilos a cazar lobos, que saben que cuando vuelvan a casa no se encontrarán a un mena en el salón.

Que la okupación es un mito no lo digo yo, lo dicen los actuarios, que son los que calculan el precio de un seguro en función de las posibilidades que haya que tener que pagar. El más barato, el de Carrefour, es de 1,67 euros al mes; el más caro, no llega a 3 euros. Estoy por mirar las pólizas antimeteoritos para comparar, pero no creo que sean mucho más caros. El riesgo es inversamente proporcional al miedo que genera.

Que el problema de la vivienda es uno de los más acuciantes de la ciudad -de España, en realidad- no hay quien lo discuta. El 94% de los valencianos, según los datos del barómetro del propio Ayuntamiento- asegura que es una de sus principales preocupaciones, y eso que muchos tienen casa en propiedad. El 95,7% opina que el precio de venta de la vivienda es muy preocupante y el 95,3% dice lo mismo del alquiler. Para que saliera la okupación como problema en la encuesta han tenido que agruparla con los “problemas con los inquilinos”. Aun así, solo llega a 1,3%. Y mucho me parece teniendo en cuenta que las denuncias por la materia, el año pasado, no llegaron ni a las 900 en toda la provincia y, de ellas, apenas el 1% fue de viviendas particulares (el resto es de bancos, fondos de inversión, grandes propietarios…).

Pero la amenaza está ahí. Como el Gran Reemplazo o la invasión de los actuarianos, que son extraterrestre y no tienen nada que ver con el sector de los seguros. Catalá nos lo recordó el otro día al asegurar que una casa okupada es una casa que no puede alquilar un joven. No voy a entrar en lo si el okupa es joven, pero si la casa está vacía y no está en el mercado tampoco la podrá alquilar, ni él ni un viejo. Si está en alquiler y el aspirante no cobra más de 2.000 euros al mes, puede que tampoco. Seguramente, es más difícil okupar una casa que alquilarla. Y si es heredada, ni eso: ahora las rentan por habitaciones.

A la alcaldesa hay que reconocerle que, al menos, lo está intentando. El año pasado dijo que, durante esta legislatura, iba a construir 14.000 inmuebles en València, 3.000 de ellos de protección pública. Supongo que se referiría a pisos, porque edificios me parecen muchos, pero da igual, podría haber dicho 14 millones. Era trola igual. De momento se limita a entregar las llaves de los que se empezaron a construir durante la anterior legislatura y a ponerse la medalla, con la misma dosis de demagogia con la que se pone el traje de fallera en la Ofrenda.

Pero la oposición tampoco contribuye. El PP tenía un plan maestro que iba a destinar 155 millones de euros para que el empresario Javier Timoner -que seguro que empezó doblando ladrillos- construyera 221 viviendas en cuatro parcelas municipales. El PSOE, en lugar de arrimar el hombro, se acogió a la letra pequeña: los 155 millones iban directos al marido de Alma Alfonso quien, así lo quiso la casualidad, es diputada popular y miembro de la junta directiva y del comité ejecutivo del PP de València, que preside Catalá. Al final, nos quedamos sin pisos y el ciudadano anónimo, como la pareja de Ayuso, que quedó sin el Gordo.

Lo de construir viviendas está muy bien, pero sacar al mercado las más de 102.000 viviendas vacías que hay en la Comunitat tampoco estaría mal. Los precios bajarían para alegría de los inquilinos y desgracia de los especuladores. A estos mejor no molestarlos, que bastante lio tienen ya con lo que van a sacar de las ayudas a la reconstrucción.