El Gobierno de Mazón prorroga cinco años la privatización del hospital de Elx-Vinalopó, el único que queda de gestión indirecta

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha confirmado este miércoles la prórroga de la concesión privada del departamento de salud Elx-Vinalopó al cumplir los dos indicadores exigidos y “líneas rojas” de que los indicadores de calidad fueran “mejores que la media” y de poder llegar a “concretar las liquidaciones”. Este es el único departamento de salud la Comunitat Valenciana que queda de gestión privada, tras la reversión de Alzira y Torrevieja por parte del Gobierno del Botánico, y el de Dénia y Manises, cuyos procesos de reversión inició la izquierda y culminó el ejecutivo del PP dirigido por Carlos Mazón.

En mayo del pasado año, Gómez anunció la prórroga condicionada a que Ribera Salud, empresa a la que se le otorgó la concesión del centro sanitario por un plazo de 15 años prorrogables por otros cinco, cumpliera una serie de indicadores de calidad y se pusiera al día en las liquidaciones, es decir, los pagos que debe hacer a la administración por la diferencia entre lo que la Generalitat le abona por la prestación del servicio y lo que finalmente se hace efectivo por parte de la empresa. Sin embargo, nunca se ha hecho público el detalle de esos criterios que se le pedían en materia asistencial ni el resultado de los mismos.  El presidente de la empresa es Alberto de Rosa, hermano del diputado del PP en el Congreso Fernando de Rosa. El contrato prevé la opción de una prórroga por cinco años.

“Hoy les puedo decir que se han dado las condiciones de los indicadores de salud mejores que la media y de que hemos liquidado todas las liquidaciones hasta 2022 con el aval de la intervención y de la Abogacía de la Generalitat por un valor favorable de 56,8 millones”, ha expuesto Gómez.

En un desayuno informativo de Fórum Europa Tribuna Mediterránea este miércoles, ha defendido que, como es “un hombre de palabra” y se han cumplido “las dos condiciones”, la Conselleria va a prorrogar el contrato de concesión administrativa de este departamento.

No obstante, ha detallado que todavía se encuentran “negociando las condiciones” porque, según ha recalcado, “una concesión sanitaria es un hospital público y el garante de la calidad de los ciudadanos dependientes es la Conselleria”, que “no se va a olvidar jamás de esos ciudadanos”, ha prometido.

Por ello, en esta prórroga, se le exigirá a la empresa concesionaria “unas inversiones” y, al respecto, ha avanzado que se desarrollará “una ampliación del hospital de entre 70 y 100 camas o, en su defecto, un nuevo centro de salud” con “los servicios comunes que son necesarios”.

“Y tendremos un control exhaustivo de los indicadores asistenciales y de calidad percibida, así como el requerimiento de que el número de facultativos sean los necesarios y se acerquen lo más posible a los ratios que tenemos en la sanidad pública valenciana”, ha concretado.

“Cuando asumí la responsabilidad dije que no iba a tomar ninguna decisión basada en el sesgo ni el dogma, porque todo aquello que lo tenga disminuye la capacidad de libertad de pensamiento. No quiero ningún dogma, quiero ver hechos y actos concretos”, ha subrayado, para seguidamente añadir: “No se me creía, pero la realidad fue que, en base a los indicadores de gestión, económicos y sociales, tomamos la decisión de revertir las concesiones de Manises y Dénia”.

Críticas de la plataforma por la reversión

La Plataforma por la reversión del Vinalopó ha denunciado que “gana el negocio y pierde la salud”. Para la ciudadanía organizada se trata de una prórroga injustificada, que han tachado de ideológica y han lamentado que se tome esta decisión teniendo en cuenta que Sanidad no ha sido capaz ni de aportar la información solicitada por la plataforma sobre las normas de verificación y coordinación, en las cuales según el propio conseller en nota de prensa a 30 de mayo de 2024 aseguró que serían vinculantes. Así mismo, también dijo que sería vinculante la liquidación de la deuda pendiente de Ribera Salud con la Generalitat Valenciana que no ha saldado y que Compromís cifró en más de 70 millones de euros hace unas semanas. 

“Es increíble que tomen esta decisión, que anuncian por la puerta de atrás, sin tener en cuenta las más de 15.000 firmas que pidieron el año pasado la reversión, sin responder al Síndic de Greues ni a la plataforma en sus peticiones de información y sin saldar las liquidaciones pendientes. Se supone que una gestión concertada es porque es más eficaz y rentable, ya hemos visto para quién es rentable: para el bolsillo de Ribera Salud porque la ineficacia la comprobamos en nuestras propias carnes cada día”, ha lamentado María Dolores Juan de la plataforma. 

Por otro lado, desde la plataforma han denunciado que se solicitó en el mes de enero parte de la información sobre las normas de verificación y coordinación que ya debiera tener la conselleria a su disposición a fecha de 30 de septiembre de 2024, como así marcan las propias normas dictadas por la misma conselleria y remitidas a Ribera Salud. La plataforma recibió una respuesta de Sanidad para ampliar el plazo de un mes, “por lo que entendemos que, o bien Sanidad no quiere aportar la información, o bien la empresa ni tan solo ha remitido la información que se le exigió”, ha asegurado Eva Irles de la plataforma. 

150.000 usuarios afectados

Por lo tanto, para la ciudadanía organizada “es muy grave que se tome una decisión que va a afectar a más de 150.000 personas usuarias de este departamento de salud en los municipios de Elx, Crevillent, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes y la pedanía de Barbarroja de Orihuela, sin tener la información que la misma conselleria de Sanidad requirió a Ribera Salud, sin tener en cuenta a la ciudadanía, sin tener en cuenta las liquidaciones pendientes y lo más importante, sin tener en cuenta a las plantillas de profesionales y a las personas usuarias”, ha añadido María Dolores Juan. 

En la plataforma han lamentado que una vez más gane el negocio en contra de la salud y han criticado que el Departamento de Elx-Crevillent seguirá siendo el único de la Comunitat Valenciana privatizado y que pone por delante los beneficios de una empresa a la salud de las personas.