Crisis humanitaria en el noroeste de Colombia: “Es un escenario de guerra continua”

“Esto se volvió un caos, acaban de matar a una amiga en La Gabarra. Gracias a Dios ya el ejército se pudo mover y tiene en protección al esposo y a la familia, pero esto está horrible”, dice Carmen García, defensora de derechos humanos y presidenta de Madres del Catatumbo por la Paz, el pasado 19 de febrero, apenas tres horas después de mantener una entrevista con elDiario.es. Un mes más tarde del día en el que se desencadenó una de las crisis humanitarias más graves en la historia reciente de Colombia, la violencia sigue presente en la vida de esta región del noroeste del país, cerca de la frontera con Venezuela. 

Los enfrentamientos entre las guerrillas Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) comenzaron el pasado 16 de enero, después de que el día anterior fuera asesinada una familia -propietaria de una funeraria- en Tibú. “Ese día el Catatumbo amaneció con asesinatos de civiles, enfrentamientos entre los grupos al margen de la ley y amenazas. Fue terrible, personas saliendo de sus casas o escondidos”, recuerda la líder de la asociación.

Desde entonces, más de 52.000 personas se han visto desplazadas de sus hogares. Lo sucedido en el Catatumbo puede “ser el desplazamiento masivo forzado más grande provocado por un solo acontecimiento desde que se tienen registros en el país (1997)”, tal y como informó la Defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín. La cifra, que alcanzó en la primera semana las 40.000 personas, supera y duplica ahora el número de desplazamientos de todo el año anterior, cuando hubo 25.611 personas desplazadas debido a 105 “eventos” de violencia. 

Sin embargo, el número de afectados es mucho mayor. Ante los nuevos sucesos que se han dado en el Catatumbo, las cifras cambian día a día y es difícil dar un dato actualizado. “La emergencia sigue viva y latente”, cuenta a este medio Diego García, coordinador interagencial de ACNUR en Cúcuta. Según la organización, al menos 80.000 personas se habrían visto afectadas por las consecuencias de la escalada de la violencia entre los distintos grupos armados. Además de los desplazamientos, más de 8.600 personas permanecen confinadas en los territorios y 19.000 tienen restricciones de movilidad, indican sus cálculos. Entre los afectados, también hay más de 4.600 migrantes y refugiados venezolanos, más de 2.800 personas indígenas de la comunidad Barí que permanecen confinados. Más de 46.000 niños que han visto interrumpida su educación.

Esta semana, el Gobierno de Colombia ha presentado una nueva propuesta para hacer frente a los cultivos de coca. El presidente, Gustavo Petro, ha anunciado una recompensa de 3.000 millones de pesos colombianos (unos 675.000 euros) por información que facilite la captura de guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional y de las disidencias de las FARC relacionados con la violencia desatada en el Catatumbo.

Lucha por el territorio

Los desplazamientos forzados son una consecuencia de los enfrentamientos, pero también una estrategia utilizada por parte de los grupos guerrilleros, que impiden el retorno de las personas con el objetivo de ejercer un control sobre quién se queda o vuelve a entrar en la zona. “Este territorio del Catatumbo es clave porque tiene unas 44.000 hectáreas de cultivo de coca, de los cuales la mayor parte están concentrados en Tibú, un municipio bastante extenso fronterizo con Venezuela”, explica a eldiario.es Lara Loaiza, investigadora y analista de InSight Crime en Colombia. 

La producción de hoja de coca y clorhidrato de cocaína supone una de las principales fuentes de financiación de sus actividades, junto con la minería ilegal y la extorsión. Además, por su situación geográfica, se trata de una ruta de tráfico de esta sustancia a Venezuela, país donde según investigaciones de InSight Crime el ELN tendría presencia en al menos 8 de sus 24 estados. 

“Es un escenario de guerra continua”, expone el coordinador de ACNUR. “Tú abres los periódicos locales y todos los días es: ‘Mataron tres soldados, mataron dos líderes, una escuela quedó en medio del fuego cruzado, los campesinos perdieron sus tierras porque se las despojaron, atacan a las ambulancias, infracciones a la misión médica, los docentes se declaran en asamblea (paro de actividad) permanente, las comunidades indígenas están confinadas…’”.

La escalada de violencia en el Catatumbo responde en gran parte a una lucha por el control de esta zona y de la frontera con Venezuela. “Estos grupos (ELN y Frente 33) llevaban en una coexistencia tensa desde hace varios años y había varias alertas desde las comunidades que viven en la zona de que podría estallar un conflicto, como en efecto ocurrió”, dice la analista. Un conflicto que se ha saldado ya con al menos 70 fallecidos, según cifras de la Gobernación del Norte de Santander. Entre ellos cinco firmantes de paz, tres líderes sociales y cuatro menores de edad.

Sin acceso a ayuda humanitaria

Para ejercer ese control sobre el territorio los grupos armados se valen de distintas prácticas. Las causas por las que miles de personas llevan confinadas más de un mes, sin poder acceder a servicios básicos de salud, educación y alimentación, pasan por las minas antipersona, fuegos cruzados, asesinatos selectivos o despojo de tierras.

“Se nos ha negado el acceso humanitario a las personas confinadas y con restricciones de movilidad. El equipo local de coordinación ha podido dar respuesta en Ocaña, Tibú o Cúcuta, pero a las zonas rurales no hemos podido acceder”, denuncia Diego García. “Pedimos que se habiliten corredores humanitarios, porque la ayuda es nula en esos territorios”.

La emergencia ha desbordado las capacidades de la mayoría de las alcaldías municipales de la zona, que ya han consumido su presupuesto de todo el año para atender a víctimas del conflicto colombiano. “La preocupación para nosotras como madres y como defensoras de derechos humanos es que la gente se está acostando con una sola comida y que está durmiendo todavía en el suelo porque no les han entregado las ayudas”, señalan desde la asociación de Madres del Catatumbo por la Paz, que trabaja acompañando a las personas afectadas por el conflicto. Los sucesos continuos de violencia hacen que cada vez haya más personas afectadas, lo que dificulta una respuesta adecuada a las necesidades de la región. 

Más allá de ayudas como ropa o alimentos para cubrir necesidades básicas, las consecuencias de la violencia en la región hacen mella en la salud mental de las víctimas. “Encontramos casos como el de un papá que tenía en sus piernas a su hija, estaban jugando. Llegaron y lo mataron delante de su hija. Querían hablar con alguien”, dice Cristian Cabrera, director ejecutivo de Red de Paz, organización que acompaña a los líderes sociales en el Catatumbo desplazados en los albergues. Según Cabrera, una de las peticiones más fuertes por parte de la comunidad es el acompañamiento psicosocial, para que las personas desplazadas puedan mirar cómo reconstruir su proyecto de vida, mirar hacia el futuro.

A la magnitud de la tragedia se suma la congelación de gran parte de la ayuda económica en Colombia recibida por Estados Unidos, que está afectando directamente a la capacidad de acción de muchas organizaciones que prestan ayuda humanitaria en la zona. “Tenemos organizaciones que de un día a otro cerraron sus operaciones. Si teníamos 50 organizaciones dando respuesta hoy tenemos 25”, comenta el coordinador de ACNUR. 

En juego la Paz Total

Mientras no haya unas condiciones mínimas de seguridad, los desplazados no pueden volver a su hogar. Muchas de las víctimas del conflicto se han visto desplazadas y amenazadas entre acusaciones de pertenecer o colaborar con un grupo guerrillero u otro. Las pocas personas que han intentado volver han visto sus casas expropiadas, siendo desplazadas por segunda vez en menos de un mes. “No se vislumbra un retorno en el día de mañana, desintegraron el tejido social”, explica Diego García. 

“Nos sentimos olvidados por el Estado, hemos estado olvidados por muchos años”, dice Carmen García. “Esos hombres que están allí armados no han tenido una oportunidad de salir adelante, de que el Estado esté presente no solo con la fuerza pública, sino con todas las instituciones y una economía para el territorio que no sea la coca”. Un abandono que viene a explicar el arraigo de estos grupos guerrilleros en el territorio desde hace más de 50 años. “El Catatumbo es un territorio donde las FARC, frente a la ausencia del Estado, construyó vías (carreteras), escuelas y algunos procesos comunitarios, al igual que el ELN”, señala Cabrera. 

Las organizaciones sociales piden diálogo para poner fin a una crisis humanitaria que ha puesto en juego la Paz Total, la estrategia de negociación del presidente Gustavo Petro con los distintos grupos armados ilegales para buscar la paz en Colombia. “Se habían hecho algunos avances para revivir esas negociaciones, pero la escalada de violencia en este momento en varias zonas del país, especialmente en el Catatumbo, es un clavo en el ataúd para la Paz Total”.