La Guardia Civil detectó también un “vertido de lixiviados continuado” en Zubieta con un “grave riesgo” ambiental

El mismo día en que la Guardia Civil proporcionó un balón de oxígeno al diputado de Medio Ambiente de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, y a las empresas Sader de Bilbao y Ecofert Sansoain de Artajona con un informe de medio centenar de folios en el que reseñaba que los lixiviados generados en la planta CMG-I de Zubieta -y cuyo control recae en el consorcio foral GHK- y que se enviaron a esas dos instalaciones no eran “peligrosos”, este cuerpo entregó otro atestado de unos tres centenares de páginas sobre el origen de esos mismos lixiviados en el que, textualmente, alerta del “grave riesgo” ambiental que suponen. Los autores de ambas periciales aparentemente contradictorias son exactamente los mismos agentes del Seprona de la Guardia Civil, los funcionarios X32355G y B30355Y.

El consorcio GHK gestiona una planta de gestión de residuos en Zubieta que incluye una incineradora y una planta de tratamiento mecánico-biológico. El titular es GHK -cuyo presidente es Asensio- pero su gestión está adjudicada a la empresa privada Ekondakin (impulsada por, entre otros, Urbaser). En el mismo juzgado de Donostia, el de la instructora Silvia Villanueva, hay abiertas dos causas penales en torno a estas instalaciones. La primera, con código 991/20, analiza el origen de vertidos y lixiviados después de que al final del confinamiento por la COVID-19 se conociera un primer incidente en Arkaitzerreka que generó elevada mortandad de peces. La segunda, la 2027/23, estudia si el envío de esos lixiviados a gestores externos de Bizkaia y de Navarra se hizo conforme a la legalidad. Por orden judicial, la Policía actuante es la Guardia Civil. En el primer caso lo asumió no sin tensiones con la Ertzaintza. En el segundo, su competencia es clara al ser un asunto que supera el ámbito de la comunidad autónoma.

El 24 de febrero, la Guardia Civil entregó un atestado con conclusiones en cada uno de ambos procedimientos. El 28 de febrero 'El Diario Vasco' adelantó las conclusiones de uno de ellos y Asensio, Sader y Ecofert Sansoain se felicitaron al conocer que una de ellas era, literalmente, que los lixiviados enviados desde Zubieta a Bizkaia y Navarra no tenían la consideración de “peligrosos”. Eso sí, se remarcaba que se habían podido tramitar con un código LER erróneo. En su momento, la Fiscalía denunció estos hechos al apreciar un doble delito, uno ambiental por la naturaleza de los residuos y otro precisamente por una presunta falsedad en la codificación de los envíos.

Sin embargo, dos fuentes judiciales confirman que ese mismo día la Guardia Civil entregó otro informe que no ha trascendido hasta ahora. En él analiza el origen de la generación de esos lixiviados. Los agentes se fundamentan en unas muestras recogidas en Arkaitzerreka el 28 de julio de 2022 y en un informe de conclusiones emitido en 2023 por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, un organismo del Estado en Barcelona que está adscrito al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Sus conclusiones son que las instalaciones no garantizaban una “total estanqueidad” y que la “no solventación” de estos problemas de contención ya conocidos desde 2019 generaron un “vertido de lixiviados continuado, que por su origen y composición suponen un grave riesgo sobre el medio receptor”, en este caso la regata cercana a la planta de Zubieta. “Si no se subsanan dichas deficiencias, pueden perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales”, apunta la Guardia Civil. Preguntados por este otro caso, fuentes de la Diputación indican que “se sancionó con dureza” a Ekondakin y que fue “a petición del propio Asensio”.

En este otro caso -menos mediático al no haber cargos políticos investigados- han sido citadas a declarar 17 personas en el cuartel donostiarra de Intxaurrondo, aunque todas ellas han solicitado comparecer en sede judicial. También hay cursadas algunas órdenes internacionales ya que parte de las pesquisas se quieren realizar en el extranjero. La Diputación insiste en que “nadie” ni de la dirección de GHK ni del Gobierno foral está imputado en esta pieza.

En ambos procedimientos, los informes de la Guardia Civil son muy relevantes pero no determinantes. Las conclusiones las ha de extraer la magistrada, que tendrá que concretar si ve base para la celebración de juicio en alguno de los procedimientos, en ambos o en ninguno. La Fiscalía y GuraSOS ejercen como acusación en los dos. Empresas como Sader participan igualmente pero no Ecofert Sansoain, por ejemplo. En su momento, la instructora señaló que después de conocidas las conclusiones policiales procedería a tomar declaración a testigos e imputados. Una de esas posibles comparecencias sería la del propio Asensio. También estaba en la lista la 'número dos' de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Ana Bretaña. El Ejecutivo foral llegó a enfrentarse públicamente con Gipuzkoa al sostener que hubo irregularidades en la parte de los envíos correspondiente a Artajona. Llegó a clausurar de forma cautelar la actividad de Ecofert Sansoain. En el caso de los envíos de los residuos el plazo para completar el sumario acaba en abril, aunque es prorrogable en caso de necesidad.