Un empresario del PNV admite en un juicio que Hondarribia burló la ley para adjudicarle contratos públicos 'a dedo'

El empresario Aitor Elorza, que es también un cualificado miembro del PNV de Gipuzkoa, ha admitido recientemente en sede judicial que su grupo de empresas, Montai, conformado entonces por cuatro sociedades diferentes y dedicado al montaje y organización de eventos, accedía a contratos irregulares en Hondarribia, gobernada hasta 2023 por su partido. Ha declarado también que el Ayuntamiento era conocedor de esta circunstancia y que incluso la promovía. Admitió, asimismo, que una de esas compañías asociadas a Montai Produkzioak, Estali La Karpa, no tenía trabajadores en plantilla aunque haya recibido en estos años contratos cuantiosos de diferentes instituciones, incluidos Hondarribia y la Presidencia vasca. En el mismo juicio, el concejal de Cultura con el PNV hasta 2023 y responsable de buena parte de las adjudicaciones, Juan Luis Silanes ('Kalixa'), que ahora es edil de la oposición y juntero en Gipuzkoa, no solamente no negó estos hechos, sino que apoyó expresamente a una trabajadora de Elorza que describe cómo Montai accedía a contratos directos sin concurso y que en cuanto se llegaba al tope legal de 15.000 euros lo único que se hacía es aportar otro CIF del mismo grupo para seguir facturando del Ayuntamiento y burlar la ley.

elDiario.es/Euskadi ha accedido a la documentación de un pleito laboral auspiciado por esa trabajadora adscrita a las contratas que recibía el grupo Montai del Ayuntamiento de Hondarribia. Como publicó este periódico ya en 2020 pero también en 2021 y 2022, en el momento en que se endureció la normativa de contratos para hacer menos sencillas las adjudicaciones 'a dedo' en Hondarribia se apreciaba en algunos servicios como la gestión de los espacios culturales Itsas Etxea y Kultur Etxea que, cuando la empresa elegida alcanzaba el tope legal de 15.000 euros, se empezaba a facturar con otra de las sociedades mercantiles de Elorza.

Sus empresas eran entonces cuatro, Montai, Kultur Kirol Zerbitzuak, Denok Zuzeneko Komunikazioa y Estali La Karpa. Las cuatro, en conjunto, han facturado con el PNV cantidades millonarias en Hondarribia, donde han gestionado casi en régimen de monopolio las actividades culturales, deportivas o sociales. Solamente entre 2010 y 2020 la suma total podría rondar los 2,5 millones de euros, según estimaciones ya desactualizadas. Ahí entra el caso de la gestión de Itsas Etxea y Kultur Etxea, en manos del grupo Montai durante más de una década.

M.J.A., la empleada y familiar directa del concejal de Cultura, era la encargada del servicio en esos recintos culturales. En su demanda, dejaba claro que aunque formalmente cambiara la adjudicataria no se alteraba nada más. Es decir, que solamente era un truco para eludir la legalidad. A finales de enero, se celebró en Donostia una vista. Elorza declaró y ya en la primera pregunta admitió de saque las irregularidades. “Llegan a un límite de facturación y entonces se nos solicita que... que... bueno... que fuese otra empresa la que facturase”, manifestó titubeante ante el tribunal, admitiendo al tiempo la responsabilidad propia y la del Ayuntamiento.

A preguntas del juez y de otras partes, Elorza se detuvo algo más en la naturaleza de Estali La Karpa, la primera empresa que entró como sustituta de Kultur Kirol Zerbitzuak cuando se agotaron sus 15.000 euros. En el juicio quedó en evidencia que esta empresa estaba aparentemente dedicada al montaje de carpas para eventos y que no tenía más personal que la trabajadora que iba rotando entre las empresas del mismo grupo para poder seguir facturando en Hondarribia.

Estali La Karpa se creó en 2016, en puertas de la inauguración del Instituto de la Memoria (Gogora), entonces adscrito a la Presidencia vasca con Iñigo Urkullu y dirigido por Aintzane Ezenarro. Gogora, en sus primeros años, tuvo como proyecto estrella una carpa itinerante que recorría pueblos y ciudades. Esa exposición fue gestionada también casi en régimen de monopolio por las diferentes empresas del grupo Montai. Prácticamente todas las adjudicaciones eran sin concurso y se iban repartiendo entre las diferentes empresas. Un ejemplo de ello fue la muestra instalada en Vitoria. El coste total fue de unos 29.000 euros con IVA y se partió en seis adjudicaciones de modo que ninguna por separado superase el máximo de 18.000 euros (sin IVA), que era el límite anterior hasta que se endureció la normativa a 15.000 euros. La “gestión” de la exposición fue contratada a Denok Zuzeneko Komunikazioa (2.173,46 euros para Vitoria dentro de un contrato para cinco ediciones), Montai recibió la encomienda del “montaje y desmontaje” (un paquete de ocho exposiciones a 2.616,63 euros cada una), Kultur Kirol Zerbitzuak se encargó del transporte y almacenaje del material (2.344,29 euros por cada una de ocho muestras) y a Estali La Karpa le correspondió el alquiler de la carpa (22.263,5 euros). Este último servicio, a su vez, se partió en tres: la lona (11.979 euros abonados por la Diputación), la tarima (5.979,50 euros pagados por el Ayuntamiento) y los contrapesos (4.295 euros, sufragados por el propio Instituto de la Memoria). Más tarde se supo que las carpas de Estali La Karpa procedían en realidad de Asturias y que simplemente se les ponía encima una pegatina para tapar su origen.

Otro ejemplo. El 14 de mayo de 2016, la Presidencia del Gobierno vasco organizó un homenaje encabezado por el entonces lehendakari a las víctimas del franquismo en Donostia, un evento anunciado desde principios de enero -aunque la previsión inicial era hacerlo el 7 de mayo- y cuyo desarrollo fue detallado en la edición del 12 de mayo por el diario 'Deia'. Sin embargo, los contratos para la organización del evento no se formalizaron hasta el 13 de mayo, solamente 24 horas antes. Fueron cuatro adjudicaciones para un servicio total que costó 34.243,61 euros y que recayeron sin concurso en tres de las empresas del cargo del PNV de Gipuzkoa, Montai Produkzioak, Denok Zuzeneko Komunikazioa (por partida doble) y Estali La Karpa. Ninguna de las mercantiles relacionadas entre sí facturó por separado más de 18.000 euros (sin IVA), el máximo legal en aquel momento para la concesión de contratos menores o directos.

Según los tres expedientes principales, que son calcados, Montai fue la encargada del “montaje del espacio y escenario” para el evento (10.587,30 euros), Denok recibió el cometido de la “producción”, del sonido o de la iluminación -pero también de imprimir unos paneles y unos vinilos- (8.652,11 euros) y Estali La Karpa tendría que proporcionar una carpa de 20x20 y sus correspondientes contrapesos (14.217,50 euros). Hay una cuarta factura más pequeña, la segunda de Denok, por la cual se le abonan 786,50 euros por la contratación del músico guipuzcoano Pello Ramírez.

Elorza, en el juicio, ha asegurado que está liquidando Estali La Karpa. Se da la circunstancia de que hace solamente unos meses Ezenarro dejó la dirección de Gogora. En el nuevo Gobierno de Imanol Pradales PNV y PSE-EE han reorganizado las áreas que controla cada partido y una de las que ha pasado a manos socialistas es la de Derechos Humanos. Alberto Alonso es el nuevo responsable del Instituto de la Memoria.

El papel de 'Kalixa'

En el procedimiento judicial ha tenido un papel muy relevante el ex edil de Cultura con el alcalde Txomin Sagarzazu. Ya fuera del Gobierno, Silanes o 'Kalixa', como es conocido, ha emitido un certificado con membretes municipales y en el que se da a entender que es documento del Ayuntamiento, perdido en 2023 tras las elecciones por el PNV en favor de la plataforma local Abotsanitz de Igor Enparan. En él apoya la demanda de la trabajadora, que en su formulación recoge claramente las irregularidades en la contratación que él mismo promovió y que, además, tienen otra derivada que ocultó en su escrito y que solamente admitió casi al final del interrogatorio en el juzgado. La empleada era su prima. Un detalle adicional es que esta mujer no solamente fue saltando de empresa a empresa del grupo Montai, sino que también fue dada de alta directamente en dos períodos por el propio PNV y por otras mercantiles próximas al partido ajenas a Elorza.

Con el cambio político en 2023 -en aquellas municipales los nacionalistas también perdieron Alonsotegi en Bizkaia y Zambrana en Álava, ambos rodeados de denuncias de corrupción- y la llegada de Abotsanitz al Ayuntamiento, se decidió prescindir del grupo de empresas de Elorza en Itsas Etxea y Kultur Etxea. Inicialmente, en octubre de aquel año, se optó por una adjudicación directa a Marey Azafatas. Pero ya está a punto de quedar resuelto un concurso abierto a todas las firmas que quieran presentarse. En la oposición, Abotsanitz fue la formación política más beligerante con la gestión del PNV en Hondarribia, particularmente con las centenares de adjudicaciones a Montai. Solamente entre 2018 y 2022 fueron unas 187.

La interventora municipal avisó en reiteradas ocasiones al alcalde Sagarzazu de que se estaban produciendo irregularidades, pero el regidor estampaba su firma cada vez para levantar los informes de reparo y pagar las facturas a Montai. También las apreció la Autoridad Vasca de la Competencia. La Fiscalía, hace ahora cuatro años, decidió archivar una investigación a pesar de constatar que eran una “práctica generalizada” las irregularidades en la contratación en ese municipio guipuzcano.

El procedimiento judicial se ha resuelto con una sentencia que da la razón a la trabajadora, que quería ser considerada trabajadora municipal a todos los efectos por llevar tantos años prestando un mismo servicio para el Ayuntamiento aunque lo hiciera a través de varias empresas. El fallo, en su página trece, indica que “no es objeto de controversia” que las empresas de Elorza accedían a adjudicaciones directas de Hondarribia y que está “acreditado” que la única razón por la que la trabajadora saltaba de una a otra, por ejemplo a Estali La Karpa, “aunque fuere para continuar desempeñando el mismo trabajo”, era “el límite económico anual de contratación administrativa con la misma empresa sin concurso público”. No consta que se haya abierto ningún procedimiento a la luz de estas consideraciones. Elorza sigue recibiendo contratos públicos y Montai es también la empresa que suele organizar los actos electorales y mítines de su partido, el PNV.