La Junta de Extremadura conocía las incidencias abiertas a los menores implicados en el asesinato de la educadora en Badajoz

Los tres menores implicados en el asesinato de la educadora social de Badajoz tenían varias incidencias abiertas por su comportamiento y la Junta de Extremadura ya había dado traslado de ellas a la justicia, concretamente al servicio de Adolescencia y familia de la Sección de Menores de Badajoz, por lo que se estaba a la espera de una decisión.

La consejera extremeña de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha explicado este martes que estas incidencias fueron abiertas por otros trabajadores del piso donde residían los menores para cumplir las medidas judiciales impuestas por delitos que cometieron anteriormente, pero en ningún caso había denuncias. Tampoco existía una denuncia previa de la víctima contra los jóvenes, pero sí contra otros usuarios que ya no se encontraban en el recurso.

La consejera ha añadido que estos jóvenes llevaban “muy poco tiempo” en el piso de la urbanización Guadiana donde sucedieron los hechos, aunque las incidencias por su comportamiento son “de las últimas semanas”. Por eso, a pesar de los problemas de convivencia, la Junta aún no había determinado el traslado de los menores a otros pisos mientras la justicia analizaba tomaba una decisión, que podría ser el internamiento en un centro de reforma.

Los pisos tienen un régimen abierto y a él llegan menores para cumplir medidas judiciales, ya sea de forma cautelar o tras una sentencia firme. En Extremadura, las viviendas para la convivencia en grupos educativos están gestionadas por empresas privadas, aunque supervisadas por Salud y Servicios Sociales. En este caso, la empresa que gestiona el recurso es Cerujovi, que accedió al servicio en 2022 y finaliza este 2025, pero que, según la Junta, cumplía con el pliego del contrato.

La consejera ha avanzado que la Junta ya trabaja en una nueva licitación, “que conllevará el refuerzo de personal del recurso” tras las críticas de los trabajadores y los sindicatos, que han denunciado las condiciones laborales y la falta de seguridad en los pisos para jóvenes en conflicto con la ley y en los centros de menores.

En el recurso de Badajoz trabajaban cinco auxiliares técnicos educativas, un coordinador y otro profesional, todos ellos con turnos rotatorios. Pero en el momento del asesinato de María Belén C.F., era la única cuidadora en el piso el domingo por la noche cuando, presuntamente, dos adolescentes, de 14 y 15 años, y una joven de 17, acabaron con su vida golpeándola y asfixiándola con un cinturón.

Los menores huyeron en el vehículo de la educadora social y, tras tener un accidente en el municipio de Lobón y llegar a Mérida en autostop, fueron detenidos por la Policía Nacional en la capital extremeña.

A última hora del lunes prestaron declaración ante el juez, que a petición de la Fiscalía de Menores, ordenó la medida cautelar de internamiento en régimen cerrado. Las diligencias se siguen por los delitos de homicidio, robo con violencia y contra la seguridad vial.

Además, la consejera de Salud y Servicios Sociales ha anunciado que el miércoles se reunirá con el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) y la Fiscalía de Menores “para analizar la situación y coordinar las acciones necesarias”.