Aún más control político y un director impuesto a dedo: la reforma de la ley de la TVG llega a su última estación

Sobre el papel, la ley de reforma de la Compañía de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG), que el PP aprobará en solitario en el pleno de este martes, busca adaptar los medios públicos gallegos a unos tiempos marcados por las redes, el streaming y la irrupción de la inteligencia artificial. Sin embargo, tras ese armazón legislativo hay otro objetivo mucho más prosaico: imponer a dedo un director general que, hasta ahora, necesitaba una mayoría cualificada. Y ya puestos a cambiar las reglas de juego, el nuevo texto consolida el modelo denunciado desde hace casi siete años por Defende a Galega y borra de un plumazo la obligación de contar con unos órganos profesionales de control que la corporación, señalada como ejemplo de manipulación informativa, no encontró ocasión de crear en casi tres lustros.

El proceso de elaboración de la Ley de Servicios de los Medios Públicos de Comunicación Audiovisual de Galicia comenzó el pasado mayo, pero sus raíces hay que buscarlas mucho más atrás, en 2009, cuando un Alberto Núñez Feijóo recién aterrizado en la Xunta nombraba al hombre que aún hoy sigue siendo el máximo responsable de la CRTVG. Para entonces, Alfonso Sánchez Izquierdo, que venía de ejercer distintos cargos directivos en el grupo ourensano La Región, ya había dejado atrás la fama de periodista progresista que lo acompañó durante los años de transición.

Sánchez Izquierdo llevaba dos años de mandato cuando Feijóo, que aún se presentaba como adalid de una supuesta “regeneración democrática”, aprobó una ley de medios que, entre otras medidas, imponía un consenso de tres quintas partes del Parlamento de Galicia para nombrar al director xeral e incluía la creación de órganos de control como el Estatuto de Redacción o el Consello de Informativos. Todo parecía encaminado hacia aquello que había dicho Izquierdo cuando tomó posesión, que el suyo iba a ser un mandato breve y transitorio. Pero no.

La falta de consenso para nombrar un sucesor continuaba aún cinco años después, así que la Xunta decidió colar en la Ley de Acompañamiento a los presupuestos de 2016 una modificación a la norma que permitía mantener “transitoriamente” al titular del puesto hasta que se alcanzase ese acuerdo.

La transitoriedad funcionó durante casi una década, pero todo llega a su fin. Desde la marcha a Madrid de Feijoó, que era con quien tenía un “compromiso”, Izquierdo —que acaba de cumplir 76 años— hizo cada vez más notorio su deseo de marcharse. El actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, le pidió que aguantase hasta que encontrasen la fórmula para designar su relevo. Y esa fórmula llegó en forma de ley.

Huelga en la CRTVG y protestas ante el Parlamento

Desde que se conoció el anteproyecto de ley —adelantado a finales de julio por elDiario.es—, las muestras de rechazo no han dejado de sucederse: el comité intercentros de la CRTVG, los principales grupos de la oposición (BNG y PSOE), el Colexio de Xornalistas o la Mesa do Audiovisual Galego, el órgano que representa a todo el sector en la comunidad, mostraron su desacuerdo con distintos aspectos de la nueva norma.

Las mayores críticas fueron para le aumento del control político. Por un lado, esa posibilidad de elegir al director xeral con una mayoría absoluta en el Parlamento si no se alcanza una mayoría cualificada, de 2/3 en el primer intento y de 3/5 en el segundo. También la desaparición del Consello de Informativos y el Estatuto de Redacción previstos en la norma de 2011. Después de evitar crearlos durante 14 años, la Xunta decidió borrarlos de la nueva norma y sustituirlo por un Consello Asesor de Participación Social e Profesional de 15 miembros. De ellos, nueve serán nombrados por mayoría cualificada de la Cámara, tres a dedo por el Gobierno gallego, dos por la CRTVG y el último será el propio director xeral. Es decir, el PP se asegura poder decidir, de forma directa o indirecta, a todos sus integrantes.

Uno de los colectivos que abandera esta denuncia es el Colexio de Xornalistas, para quien la ley contradice el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, que alerta de forma explícita contra el control gubernamental “también en lo que respecta al nombramiento de personas que ejerzan la dirección del consejo de administración de los medios de comunicación de servicio público, o de los miembros de éste”. Curiosamente, la necesidad de adaptarse a este Reglamento fue uno de los argumentos utilizados por Rueda para justificar la nueva ley.

Pero todavía hay otro motivo que ha encendido las alarmas de los colectivos en defensa de la lengua gallega. La TVG, que en este 2025 cumple 40 años, ha sido un gran instrumento para la normalización del único idioma que ha usado como vehículo. Sin embargo, la futura ley abre la puerta a utilizar “adicionalmente” el castellano u “otras linguas” si está justificado por “la finalidad de dar a conocer la identidad cultural de Galicia fuera del territorio de la comunidad autónoma”.

Los populares se agarran a ese límite geográfico para negar que se vaya a utilizar castellano en la programación habitual. Sin embargo, en un contexto de pérdida de hablantes y con la Xunta enredando desde hace meses en torno a un supuesto "pacto pola lingua" —para volver al plan que Feijóo rompió unilateralmente al llegar al poder—, nadie parece fiarse.

Por todo ello, tanto BNG como PSOE recibieron la ley en la cámara con sendas enmiendas a la totalidad que fueron rechazadas por el rodillo popular. Posteriormente, en el debate en comisión, de las casi setenta enmiendas parciales de la oposición sólo se aceptaron tres, sobre asuntos tan cosméticos que la propia diputada socialista Silvia Longueira calificó como “insustanciales”.

El debate legislativo será el primer punto del día del pleno de este martes, una fecha para la que el Comité Intercentros de la CRTVG ha convocado 24 horas de huelga y una movilización ante el Parlamento contra una norma que, están convencidos, “destruirá los servicios públicos”. Junto a ellos estarán representantes de los 40 colectivos que han impulsado una iniciativa legislativa popular para “rescatar a la CRTVG del secuestro del PP”, una propuesta que sigue recogiendo muestras de apoyo mientras la reforma impulsada por el PP está a punto de cruzar la meta.