Los ediles rebeldes del PSOE en Santiago resisten ante su purga final ondeando la bandera del freno a los pisos turísticos

Sólo unas horas después de agotar el plazo para la presentación de su recurso contra la expulsión del partido, los cuatro ediles rebeldes del PSOE en Santiago se plantaron en el pleno municipal con una nueva iniciativa relacionada con el control de las viviendas turísticas, en este caso, por parte de la Xunta. Ese asunto fue, precisamente, el detonante de su enfrentamiento definitivo con la dirección local, que desembocó en un cese de militancia que podría hacerse definitivo en cuestion de días. Gonzalo Muíños, el portavoz destituido por Ferraz siguió ejerciendo el cargo mientras ninguno de los dos ediles que han acatado la disciplina orgánica haya intervenido en la sesión. El ayuntamiento ha acusado al gobierno gallego de dar de alta a viviendas turísticas ilegales sin comprobar si cumplen los requisitos y no descarta acudir a los tribunales.

Los cuatro concejales expulsados -el propio Muíños, Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez- llegaron juntos al salón de plenos, minutos antes de que lo hiciesen sus compañeros Sindo Guinarte, designado por el partido como nuevo portavoz, y Marta Abal. Fue de nuevo Rosón, exconcelleira de Urbanismo en varios gobiernos socialistas, la encargada de defender la propuesta para “cumplimiento efectivo” de la normativa de uso turístico de la vivienda. En realidad, una llamada a la Xunta, “que no respeta la legalidad urbanística del ayuntamiento”, para que cumpla “sus propias normas”.

Rosón se hizo eco del requerimiento enviado en diciembre por el consistorio a Turismo de Galicia -y adelantado por elDiario.es- para que diese de baja del registro autonómico (REAT) a los pisos que no tenían el título habilitante municipal para operar legalmente. Una cifra que el concelleiro de Vivenda, Iago Lestegás, eleva a varios centenares y que sólo en el casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad y donde su presencia está totalmente prohibida, suman más de 200.

“Es triste que la Xunta mantenga viviendas que no tienen el título municipal que necesitan”, aseguró antes de reclamar al ejecutivo formado por BNG y Compostela Aberta “valentía política” para emprender “todas las acciones necesarias” frente a la administración autonómica y a que inste a los ministerios de Vivienda y Consumo a sancionar a las plataformas de alojamientos que permitan anuncios de pisos ilegales.

“¿Le parece normal a alguien que el Ayuntamiento tenga que requerir a la Xunta que cumpla su propia normativa?”, preguntó Lestegás en su respuesta, antes de recordar que, desde que la ciudad culminó su propia reglamentación sobre viviendas turísticas, a finales de junio pasado, el número de establecimientos cayó un 8% en el conjunto del municipio y un 16%, el doble, en el Casco Histórico. “Pero no bajó porque la Xunta esté haciendo lo que su decreto dice que tiene que hacer, sino porque muchos particulares están cumpliendo las órdenes de suspensión de actividad dictadas por el Ayuntamiento”.

Altas en el registro a pisos sin permisos

El respaldo en el pleno del grupo municipal socialista a aquella última ordenanza, que servía de colofón a un proceso iniciado y continuado por los dos gobiernos locales anteriores -incluido el del PSOE entre 2019 y 2023-, supuso un enfrentamiento abierto con la ejecutiva local, interesada en imponer una abstención que hubiese hecho decaer la propuesta. Sin embargo, de todas las “indisciplinas” que motivaron la suspensión de militancia de Muiños -la primera medida tomada por el partido-, esa rebelión fue la única que se saldó con un simple apercibimiento. Según los díscolos, porque así se mantenía también inmaculado el expediente de Guinarte y Abal, ya que, por aquel, entonces la decisión de desobedecer fue unánime.

El actual responsable de Urbanismo recogió el guante que le lanzaba su predecesora en el cargo y anunció que, ante la falta de respuesta de la Xunta al requerimiento, el ayuntamiento ya había trasladado la situación a la Valedora do Pobo para que “supervise la actividad de la administración en relación con el registro de pisos turísticos”. Pero no sólo eso: abrió la posibilidad de interponer un recurso contencioso administrativo por inactividad contra el Gobierno galego si la situación “persiste”, y puso el foco en las plataformas digitales y sus “miles de pisos turísticos ilegales”. “El papel del gobierno del Estado y de la Comisión Europea es clave para que cumplan las reglas”, concluyó.

La defensa de la postura de la Xunta corrió a cargo de la concejala del PP, María Baleato, quien recordó una vez más los argumentos de Turismo sobre la necesidad de abrir un expediente indiviudalizado para cada uno de los casos, como ha sucedido ya en “varias” ocasiones. Hacerlo “de forma genérica”, dijo, sería “contrario a la normativa y generaría indefensión”.

“Es una situación gravísima”, le respondió Lestegás. “La Xunta siguió dando de alta pisos turísticos a pesar de las modificaciones del planeamiento. Ya no es que no los dé de baja, es que siguió inscribiendo en el REAT pisos prohibidos por la normativa municipal”. Y lo hizo, según denunció, sin molestarse en verificar si satisfacían los requisitos urbanísticos a los que obliga su propio decreto. “¿Alguna vez comprobó que los cumpliesen?”. Rosón lo había dicho antes: “Sólo tienen que comprobar, antes de dar la licencia, que tiene todos los papeles que marca el reglamento”.

“El Concello de Santiago es mayor de edad para tramitar los expedientes, no necesita la tutela de la Xunta ni del Estado, ni de mamá ni de papá”, cerró Baleato el turno de intervenciones. Sin embargo, la última palabra la tuvo la alcaldesa, Goretti Sanmartín, quien confirmó que lo que solicitaba la concejala popular -informar a Turismo de cada procedimiento individual- ya se estaba haciendo. De momento, visto el resultado, con escaso éxito.