Multa de 905.000 euros para el casero pirata que alquilaba ilegalmente parcelas a trabajadores precarizados de Ibiza

El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu ha confirmado la sanción de 905.137,61 euros para el promotor y explotador del asentamiento ilegal de Can Rova, más conocido el casero pirata de Eivissa, quien comercializaba parcelas en un solar que compartía con sus hermanos y las cobraba unos 500 euros para que los trabajadores precarizados de la isla pudieran plantar una tienda de campaña o una caseta de madera en las que vivir en pésimas condiciones. El desalojo de este poblado chabolista el verano pasado dejó en la calle a más de 200 inquilinos.

El Consistorio ha impuesto esta multa tras haber llevado a cabo una valoración de los elementos instalados, determinando el importe en uno de los tramos más altos de la horquilla que permite la ley (en concreto, supone un 212,5% del valor total de todos los elementos detectados) al considerar como un agravante la obtención de beneficio en base a la explotación de los elementos instalados sin ningún tipo de permiso.

De manera paralela, el Ayuntamiento ha iniciado una orden de ejecución contra casero pirata y sus hermanos, titulares de la finca, para retirar el antiguo poblado. Los elementos y los residuos ya han sido retirados, por lo que esta finca rústica ha vuelto a su estado original tal y como marca la ley.

El informe en el que se basa la sanción concreta que la parcela, de 26.000 metros cuadrados, tiene la calificación de Suelo Rústico Común con categoría de Área de Transición. Según las inspecciones realizadas a finales de mayo del año pasado, se constató que no había ningún tipo de licencia y se documentaron 103 elementos diferentes habilitados como alojamientos, desde casetas de madera a caravanas y autocaravanas, pasando por tiendas de campaña, un par de camiones y un microbús, así como un container. Igualmente, a través de la conversación con varios de los ocupantes del enclave, se averiguó que la persona responsable cobraba entre 500 y 700 euros mensuales por cada elemento instalado.

Con estos elementos, el Ayuntamiento ha constatado que “las actuaciones llevadas a cabo se han ejecutado sin contar con la correspondiente licencia municipal de obras, resultando ilegalizables, vulnerándose las condiciones de edificación de las Normas Subsidiarias de planeamiento urbanístico municipal que, en su artículo 8.2.04, estipulan que sobre suelo rústico 'se prohíben las edificaciones y elementos extraños, tales como casas de madera y elementos habitables prefabricados móviles o fijos”.

El valor estimado de los elementos instalados es de 425.947 euros, cantidad que se debe usar como referencia a la hora de fijar la sanción. Según el Ayuntamiento, la ley establece que el infractor debe ser sancionado con multa del 100 al 250 por ciento del valor de las obras de construcción, edificación, instalación y de movimientos de tierra que se realicen en suelo rústico no protegido sin el título urbanístico habilitante preceptivo, según el artículo 167 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre.