A juicio dos acusados de varios delitos para intentar estafar al Ayuntamiento de Ezcaray

El Fiscal pide dos años de cárcel para E.A.A., por un delito continuado de falsedad en documento privado, por un delito de estafa procesal en grado de tentativa, y otro de falso testimonio; y 20 meses de cárcel para J.J.S., por un delito de falso testimonio, al intentar estafar al Ayuntamiento de Ezcaray, al que hacía responsable de no conceder licencias para construir viviendas y un hotel, que valoraba en 34,8 millones de euros.

El juicio se celebrará el lunes, 31 de marzo, a las 10,00 horas, en la Audiencia Provincial de La Rioja, sobre unos hechos que, según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, se produjeron en el año 2010.

En esas fechas E.A.A. era administrador único de la promotora y constructora de edificios 'Ezmon S.A.', mientras que J.J.S. como arquitecto firmó un informe pericial a favor de la compañía. El 7 de febrero, la mercantil interpuso Recurso Contencioso Administrativo en Reclamación por Responsabilidad Patrimonial contra el Ayuntamiento de Ezcaray, en el que “se hacía responsable al Ayuntamiento de Ezcaray de la denegación de autorización y de licencias de obras para la construcción de tres proyectos de dieciocho y veinticuatro viviendas y de un hotel”.

Para ello, reclamaba al Ayuntamiento de Ezcaray un total de 34,8 millones de euros “en concepto de daño emergente y lucro cesante, entre los que se incluía la devolución de ingresos efectuados por compradores de las futuras viviendas, así como indemnizaciones a las que había tenido que hacer frente por ello”.

Dicho Recurso Contencioso Administrativo a un procedimiento, en el que por providencia de fecha 9 de febrero de 2010, se requirió a la Mercantil que subsanara la demanda. El encausado en fecha 21 de abril de 2014 subsanó la Demanda a requerimiento del Juzgado del Juzgado de Lo Contencioso Administrativo Número Uno de Logroño, aportando en nombre de la Mercantil Promotora EZMON SA. , “documentos de los que alegaba ser justificantes del desembolso de cantidades derivados de la resolución de contratos de compraventa de viviendas en la Residencial Santa Bárbara II, así como pagos de indemnizaciones por la no construcción de las viviendas”.

Ello, prosigue el escrito del Fiscal, “a sabiendas de la falsedad de los mismos, ya que ni los compradores a los que se hacía referencia habían participado en la elaboración del documento, ni habían recibido indemnizaciones que se hacían constar en el documento”.

El encausado aportó varios documentos, con fechas de 2005, en los que decía que les abonaba cantidades entregadas, así como indemnizaciones a compradores del Residencial Santa Bárbara II de Ezcaray. Los documentos, según indica el escrito, “no respondían a la realidad”.

También aportó un informe pericial “sobre valoración de la indemnización por daños y perjuicios causados por la actuación del Ayuntamiento de Ezcaray en la tramitación de varias licencias de edificación en solares situados en la calle Meridiana, esquina calle Oriente cuyo promotor era Ezmon”.

Dicho informe fue, según recoge el escrito, “elaborado por el encausado J. J. S., en su condición de arquitecto, y en el que no comprobando las partidas, ni las facturas, ni la realidad de las mismas valoró como daños y lucro cesante en 34,8 millones euros irrogados por el Ayuntamiento de Ezcaray al no haber aprobado las licencias de obras a favor de la empresa EZMON SA , ratificándose el encausado en el procedimiento ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo”.

Ello buscaba “obtener del Juzgado de lo Contencioso Administrativo una resolución judicial estimando la pretensión de reclamación por las cantidades devueltas y las indemnizaciones entregadas por la Promotora EZMON SA a compradores de futuras viviendas en la Residencial Santa Bárbara II proyectada por la Mercantil promotora EZMON SA, y que no habían sido construidas por la denegación de licencias por el Ayuntamiento de Ezcaray”.

Para el Fiscal estos hechos constituyen un delito continuado de falsedad en documento privado, otro de estafa procesal y un delito de falso testimonio por el que pide 2 años de cárcel a E.A.A, así como la indemnización que estime el juez para el Ayuntamiento de Ezcaray, mientras a J.J.S., por un delito de falso testimonio le reclama 20 meses de cárcel y una multa de 3.600 euros.