Estimados lectores y lectoras:
Como muchas sabéis invierto una parte de mi tiempo en la divulgación en redes sociales. Desde que comencé a compartir contenido noté una tendencia en los comentarios cada vez que abordo los problemas entre autónomos o pequeñas empresas y la Hacienda pública.
De un lado hay un sesgo de gente que odia todo lo que sea hablar de Hacienda y, de otro, hay una percepción generalizada de que, si Hacienda te sanciona, es porque has actuado de manera deshonesta, evadiendo impuestos y odias el estado del bienestar.
Quiero hablar de este segundo sesgo, porque es el que se identifica con personas más progresistas y siempre hacen comentarios totalmente categóricos, inflexibles. No hay mucho margen de debate cuando les explico un problema concreto.
En España, el sistema tributario está diseñado para priorizar la recaudación por encima de la equidad. Según datos del Informe de la Agencia Tributaria, entre un 70% y un 80% de las inspecciones fiscales se centran en pequeñas y medianas empresas, mientras que las grandes corporaciones y multinacionales reciben menos atención. Esto genera una percepción de desequilibrio, especialmente cuando los autónomos y pequeños empresarios representan una parte significativa de la economía española. Por ejemplo, en la Región de Murcia, los autónomos y pymes constituyen más del 98% del tejido empresarial, aportando más del 15% del PIB regional.
Además, el sistema sancionador no siempre funciona de manera justa. Según cifras oficiales, entre un 40% y un 50% de las sanciones recurridas en los tribunales terminan siendo resultados parcial o totalmente a favor de los contribuyentes. Esto pone de manifiesto que las sanciones no están suficientemente justificadas, lo que añade una carga emocional y económica para los pequeños empresarios que deben defenderse legalmente.
La percepción de los ciudadanos sobre la gestión de los impuestos es fundamental para fomentar la voluntad de cumplimiento tributario. Estudios como el de la Encuesta Social Europea demuestran que en países donde se percibe transparencia y eficacia en el gasto público, la tasa de cumplimiento fiscal es significativamente mayor. En cambio, cuando la percepción es de corrupción, despilfarro o inequidad en el uso de los recursos públicos, se genera un rechazo hacia el sistema.
Yo soy autónoma, pago impuestos altos. A cambio, cuando tengo que llevar a mi hija al hospital la espera mínima es de una hora, el transporte público es un desastre, no hay dónde aparcar en Murcia centro, no hay plazas para guarderías públicas y las infraestructuras de mi ciudad están mal cuidadas. Encima cierro trimestre y me llega una inspección por solicitar la deducción del IRPF de maternidad.
En España, el CIS ha señalado que más del 60% de los ciudadanos considera que existe una mala gestión de los recursos públicos. Esto debilita la confianza en las instituciones y aumenta la percepción de que el sistema fiscal no es un medio para promover el bienestar común, sino una herramienta recaudatoria con objetivos poco claros.
¿Cómo ser un buen ciudadano y evitar la parte negativa del sistema?
Pues no hay una respuesta clara para esto. Yo intento divulgar en este sentido, pero me encuentro mucho fanatismo prohacienda con poca profundidad discursiva, que sí, que son necesarios los impuestos, pero que tributar sea una guerra no es necesario ni justo.
Para muchos ciudadanos, especialmente autónomos y pequeñas empresas, lidiar con Hacienda es una fuente de estrés constante.
Defiendo que hay formas de actuar proactivamente para minimizar riesgos y fortalecer la relación con el sistema fiscal, intento hablar de educación financiera como derecho de las personas. Esto es lo que a ciertos sectores les resulta derechista y no lo entiendo.
Una persona que tiene una peluquería, una tienda de zapatos o una panadería no sabe de impuestos ni reclamaciones de Hacienda, delega todo en un asesor que actúa según su parecer. Pero si existe una inspección la obligación de conocer la Ley y hacer bien las cosas será suya. Esto no es justo, la normativa fiscal es poco accesible y comprensible, pero una sanción puede acabar con su negocio si no puede afrontar el pago.
Muchas personas no reclaman ayudas fiscales o devoluciones por miedo a ser inspeccionadas.
Y no hay prerrogativas a favor de los trabajadores por cuenta propia, las hay a favor del Rey, las hay a favor de la iglesia. Es política, claramente, me estoy metiendo en un jardín. Pero no dirijo este artículo a la gente que tiene claro su odio a la Hacienda pública, sino a quienes creen que dar herramientas jurídicas a las personas que se relacionan con ella es un acto de ataque al estado social.
Ese sesgo del buen ciudadano podría reconducirse: Ser un buen ciudadano también implica participar activamente en la construcción de un sistema mejor. Esto incluye apoyar iniciativas que promuevan la transparencia en el uso de los impuestos y exigir responsabilidades cuando sea necesario.
Hay que poner de relieve que Hacienda debe asumir un papel más equitativo, reforzando su control sobre los grandes contribuyentes y garantizando que los recursos se inviertan de manera eficiente y transparente. Solo así podrá ganarse la confianza de los ciudadanos, quienes estarán más dispuestos a cumplir con sus obligaciones fiscales si perciben que sus impuestos realmente contribuyen al bienestar común.
Un sistema fiscal no puede basarse únicamente en la recaudación. Necesita ser justo, transparente y eficiente. El que tenemos no lo es. Amigos y amigas, la Hacienda del capitalismo también es capitalista, aunque sirva para alimentar servicios públicos esenciales que todos tenemos derecho a disfrutar.
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