Doble error y un futuro incierto

El Gobierno se ha equivocado. Doblemente. Primero, por confiar en que Junts votaría a favor de su decreto ómnibus, obviamente sin tener motivos suficientes para hacerlo. Segundo, por recurrir a ese instrumento legislativo para tratar de que se aprobaran medidas importantes y de gran trascendencia social junto con otras muchas de menor relieve, hurtando al Congreso unos cuantos debates importantes y abriendo la puerta a un desastre que con propuestas dedicadas a cada uno de los asuntos incluidos en el ómnibus se habría evitado.

El cargar sobre el PP que no se revaloricen las pensiones, que decaigan las bonificaciones al transporte, la subida del ingreso mínimo vital o la moratoria de los desahucios es un intento lógico de tapar ese error, pero políticamente no tiene peso y probablemente tampoco tenga muchas consecuencias en el estado de la opinión pública. Porque es inevitable que el impacto negativo del error de este miércoles se lo lleven el PSOE y el Gobierno. Simplemente, porque son los que mandan y porque la gente siempre ha tendido a echar la culpa a los que mandan de las cosas que salen mal en la gestión política. Y también porque hasta después de la nefasta votación el Gobierno no se había acordado del PP, no se había ni dirigido al partido de Núñez Feijóo para sacar adelante el decreto. Cuando menos, con la insistencia y el aparataje comunicacional oportunos.

Toda la atención de los negociadores socialistas estaba puesta en Junts. Los siete diputados independentistas tenían la llave de la votación y con ellos se mantuvieron conversaciones, cada vez más angustiadas, hasta el último minuto. ¿Por qué ese esfuerzo no se hizo unas semanas antes o, en todo caso, antes de presentar el decreto ómnibus en la secretaría del Congreso? ¿Por exceso de confianza en que al final Junts daría su brazo a torcer o por improvisación y apresuramiento, sin más?

No se puede justificar plenamente la actuación de Puigdemont y los suyos, pero sí entender, al menos en parte, su comportamiento. Para los diputados independentistas y, en particular, para el expresident catalán, lo prioritario de un tiempo a esta parte es que se les aplique la ley de amnistía. Y semana tras semana comprueban que nada se avanza en este terreno. Que el veto impuesto por la sala segunda del Tribunal Supremo a dicha aplicación -una maniobra decisiva del juez Manuel Marchena, de quien se dice que es el urdidor y responsable máximo de la trama judicial que actúa contra el Gobierno- sigue bloqueando el proceso sin que el gobierno haga nada por cambiar ese estado de cosas. Seguramente porque no puede hacer mucho. Pero Puigdemont debe temer que Pedro Sánchez mire hacia otro lado y siga gobernando como si el problema que tiene el expresident no existiera.

Por eso la actuación parlamentaria de Junts es imprevisible. Por eso el día menos pensado, por ejemplo, el pasado miércoles, puede romper la baraja. No haber previsto esa posibilidad y haber dado a los independentistas la oportunidad de hacer un daño tremendo ofreciéndoles la opción de un “no” a un paquete legislativo tan grande y variado como el incluido en el decreto ómnibus es responsabilidad directa de los dirigentes socialistas que han gestionado el asunto y de Pedro Sánchez, en primer lugar.

Que una parte del daño se puede reparar parece bastante obvio. Aunque tampoco se sabe muy bien cómo y el Gobierno no se ha apresurado a explicarlo. Porque espera, se dice, que a los ojos de la ciudadanía la culpa del fracaso, particularmente en la actualización de las pensiones, recaiga sobre el PP. Puede también equivocarse en este extremo y lo cierto es que varias autonomías controladas por el partido de Núñez Feijóo ya han comunicado a la opinión pública que se mantendrán las ayudas al transporte público que dependan de sus gobiernos autonómicos. Mientras, el Ejecutivo central se mantiene en silencio respecto de qué hará para revertir las consecuencias que en esa y en las demás materias tendrá su fracaso parlamentario.

Y ahora vienen otro tipo de consideraciones. ¿Responden esos fallos del Gobierno y del PSOE a simples errores de planteamiento y de gestión o hay algo más? La decisión de meter en un solo paquete legislativo un montón de iniciativas de gran calado y de no poca trascendencia social transmitiría la sensación de que Pedro Sánchez y sus más directos colaboradores están impelidos por la necesidad de actuar rápido. ¿Para qué si, en teoría, tienen a su disposición aún más de dos años de legislatura por delante? ¿Ha hecho mella también en el nivel más alto del socialismo la sensación, que la derecha repite un día tras otro, pero que también ha calado en ambientes muy diversos de la ciudadanía, de que así, con un follón permanente, no se puede seguir mucho tiempo?

Y de ahí se puede saltar a otro tipo de especulación. La de que el apresuramiento de estos últimos días pueda también responder, al menos en parte, a los planes de Pedro Sánchez respecto de su futuro a la cabeza del PSOE.