La Comunidad de Madrid cesa sin indemnización a una treintena de trabajadores de emergencias con 25 años de servicio

A finales del pasado mes de agosto, 27 veteranos trabajadores del servicio de Emergencias de Madrid, adscritos al SUMMA 112, regresaron de sus vacaciones estivales y se encontraron con la desagradable sorpresa de sus ceses en un servicio en el que la mayoría de ellos llevaba trabajando más de 25 años. “Recibí una llamada telefónica de un administrativo del departamento de Recursos Humanos para anunciarme que a partir de 1 de septiembre ya no acudiera a mi puesto de trabajo”, relata Gabriel, nombre ficticio de uno de los afectados que ejerce de portavoz de sus compañeros para denunciar su situación.

El despido fue ratificado pocos días después vía telemática, a través de un comunicado firmado por el director gerente del SUMMA 112 en el que se les notificaba como “causa de la baja” la “amortización de la plaza”. La puntilla fue saber que además no iban a recibir ni un euro de indemnización pese a llevar un mínimo de dos décadas realizando distintas labores en emergencias.

El SUMMA 112 es el servicio responsable de todos los servicios de urgencias tanto terrestres como aéreos en todo el ámbito de la Comunidad de Madrid. Fue creado una vez que las competencias de Sanidad fueron transferidas a las Comunidades Autónomas, ya que anteriormente todas las emergencias se canalizaban a través del 061, dependiente del Ministerio de Sanidad. La Comunidad de Madrid fusionó entonces este servicio con el Servicio de Emergencia y Rescate de la Comunidad de Madrid (SERCAM) para finalmente crearse el SUMMA 112, que depende del SERMAS, cuyas competencias recaen en la Consejería de Sanidad de Madrid. Los contratos de estos trabajadores ahora despedidos datan de esa primera época. Tanto Gabriel como el resto de sus compañeros cesados tenían la condición de “interinos estatutarios”, una figura laboral que teóricamente les aseguraba sus puestos de trabajo hasta que no se cubrieran sus plazas por alguna persona que hubiera aprobado la oposición, algo que, según afirman, en todos esos años nunca ocurrió: “Llevamos en fraude de ley 25 años”, sentencia.

Hace unos meses, en marzo de 2024, se convocó finalmente una Oferta Pública de Empleo (OPE) para cubrir 515 plazas de técnico de emergencia en el turno libre, a las que se presentaron 1.944 opositores. En el turno de promoción interna se ofertaron 42 plazas y se presentaron 43 aspirantes, según datos sindicales. Pero este grupo de trabajadores ahora cesado no concurrió a la oferta porque, como insisten, todos tenían ya la habilitación de transportes sanitario terrestre otorgado por la propia Comunidad de Madrid y todos eran técnicos de urgencia y emergencia, lo que les habilitaba para trabajar en esos dispositivos.

De hecho, cuando hace más de dos décadas firmaron sus contratos, se les habilitó para poder ejercer como técnicos de emergencias sanitarias primero en el 061 y luego en el SUMMA 112, a nivel no solo autonómico, sino también estatal, sin necesidad tampoco de tener que realizar un módulo de grado medio que se empezó a exigir posteriormente para acceder a una plaza, un módulo que como les indicaron años después era “recomendable” realizar. Algunos de esos antiguos contratados así lo hicieron “por miedo, ante las amenazas veladas de los distintos gerentes que ha habido en el servicio”, cuenta Gabriel.

Sin embargo, insiste en que ellos estaban “blindados, como queda acreditado en los documentos”. “Todos somos funcionarios de la CAM, bien interinos, bien estatutarios o fijos, o bien funcionarios de carrera, hay un abanico muy amplio e importante de opciones administrativas”, añade. “Somos leyenda viva de cómo ha ido evolucionando este servicio”, sigue relatando Gabriel, que no tiene reparos en añadir que todos ellos han sido y son “personal altamente cualificado”: “Atendemos todo tipo de emergencias, hemos participado en grandes siniestros, estuvimos en las laborales de ayuda tras el terrible atentado del 11M, nos jugamos la vida durante la pandemia cuando ni siquiera había mascarillas suficientes ni vacunas contra la COVID. Hemos ayudado en catástrofes no solo dentro de nuestro país, sino también fuera, en misiones con el Ministerio de Exteriores, hemos atendido todo tipo de urgencias, unos conduciendo UVIS móviles, otros en helicópteros de rescate, en fin, cada uno en su puesto. Nuestra labor ha sido muy importante”, detalla.

Según la versión de este grupo de trabajadores, tras anunciarles sus ceses, la Consejería de Sanidad tampoco les dio alternativa alguna para reubicarles en otros departamentos acordes con su experiencia. “Después de 25 años de servicio y de total entrega nos echan sin contemplaciones, nos dan una patada para ponernos en la calle como basura, sabiendo además que todos hemos sobrepasado los 50 años, que muchos tienen hijos y que a esa edad es muy complicado reciclarse”, lamenta Gabriel, quien por otra parte también destaca el nulo apoyo que han recibido por parte de los sindicatos del sector que son conocedores de la situación.

Sanidad alega que estaban advertidos de su situación

La Consejería de Sanidad, sin embargo, difiere de estos argumentos. Fuentes de este organismo autonómico señalan a esta redacción que allá por 2015 “se crea la formación de Técnico en Emergencias Sanitarias, profesionales que, además de asumir las funciones realizadas por las categorías de locutores, celadores y conductores, cuentan con una formación sanitaria específica”, una “nueva categoría de sanitarios que dota a los equipos de SUMMA 112 de un plus de calidad para los pacientes”. 

Estas mismas fuentes se ciñen a que unos años después, en junio de 2018, hubo un acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad para la implantación de la categoría profesional de TES en el SUMMA 112, por el que “la Administración y los sindicatos acuerdan un proceso paulatino para la integración de esta categoría en el 100% de los puestos de las categorías anteriormente existentes, cuyos puestos se declaran a amortizar (conductor, locutor y celador)”. “En dicho Acuerdo se establece que aquellos puestos ocupados por personal interino de las categorías a amortizar en SUMMA tras la resolución de convocatorias públicas serán amortizados”, y “es por ello que, ante la Resolución del proceso selectivo de la categoría de conductor, las plazas a consolidar por personal fijo no pueden hacerlo en SUMMA 112, ya que en esta organización se trata de una categoría a extinguir”.

Por ello a finales de agosto “se procede a informar de todo lo anterior tanto a las organizaciones sindicales, como a los profesionales afectados tanto telefónicamente como mediante correo electrónico”, sostienen. Y añaden que de los 27 profesionales cesados por amortización, “un total de 4 habían superado el proceso selectivo tomaron posesión en otras Gerencias”; “otro total de 23 no superaron el proceso selectivo, por lo que, como en todo proceso selectivo, los profesionales interinos que no han aprobado no ocupan puesto”.

El PSOE denuncia los ceses en la Asamblea de Madrid

El caso llegó a mediados de octubre a la Asamblea de Madrid de la mano del diputado del PSOE Daniel Rubio que se preocupó por la situación de desamparo en la que se ha quedado esta treintena de trabajadores sanitarios. Su grupo pidió la comparecencia de director general del departamento de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, Miguel Ángel Rodríguez Roiloa, para que diera explicaciones de esos ceses fulminantes. A preguntas de Rubio, el representante del Gobierno de la Comunidad de Madrid se escudó en los mismos argumentos que la Consejería de Sanidad, es decir, que la resolución de los ceses vino motivada porque sus plazas, “en su mayoría de conductores”, “fueron adjudicadas a personal fijo que ha superado el proceso selectivo” que es “donde pueden desempeñar sus funciones, no pudiendo consolidarlas en el ámbito del SUMMA al no existir ya esa categoría”. “Los ceses son inherentes a los procesos selectivos”, insistió Rubio Roiloa.

El diputado socialista no se quedó nada satisfecho con sus explicaciones y acusó al Gobierno regional de estar perpetrando “la historia de un maltrato continuado en el tiempo”, de “una falta de consideración y de respeto” hacia los profesionales de estos servicios de emergencias “que ha tenido su culminación en este proceso selectivo que ha acabado con el despido de numerosos profesionales con una larga trayectoria”. El diputado del PSOE recordó que desde hace tiempo “el 97% de la plantilla del SUMMA 112 ha tenido que estar o ha estado en fraude de ley y por eso hubo que hacer un proceso de estabilización” y reprocho además al representante de la CAM la utilización de la baremación de estos profesionales para otras tareas, “a conveniencia, cuando les ha parecido bien”.

El caso está en la actualidad en los tribunales a la espera de que los jueces decidan la suerte de esos cerca de treinta trabajadores cesados del SUMMA 112, que han presentado denuncias individuales contra la Comunidad de Madrid por “despidos improcedentes” en “fraude de ley” porque creen que hace tiempo que tenían que haber sido reconocidos como “personal laboral fijo”.

“El gobierno de Ayuso debería tener un gesto de humanidad con ellos. Igual que hizo los homenajes públicos a los sanitarios durante la pandemia y puso una placa en la Puerta del Sol, a estas personas habría que tenerlas en consideración y no echarlas a la calle. Hay vacantes no cubiertas. La Consejería de Sanidad tiene 80.000 empleados y el 112 unos 500 y esto es recolocar a un pequeño grupo que no llega ni a 30 personas”, apunta el diputado socialista Daniel Rubio.