La Justicia confirma dos años de cárcel a un guardia civil que estafó a un compañero para conseguir créditos

El Tribunal Superior de Madrid ha confirmado la condena de dos años de cárcel impuesta a un agente de la Guardia Civil que, mientras estuvo destinado en las dependencias del Ministerio de Educación, usó los datos personales de uno de sus compañeros para falsificar documentos y obtener créditos económicos a pesar de figurar en el registro de morosos. Los jueces entienden que incurrió en delitos de estafa, falsedad documental y revelación de secretos para conseguir 36.000 euros haciéndose pasar por otro agente.

Los dos guardias civiles coincidieron a lo largo de 2017 cuando ambos formaron parte del equipo de seguridad del Ministerio en la calle Alcalá. El acusado, para entonces, ya acumulaba varias deudas económicas y estaba registrado en el fichero de morosos de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF). Un directorio que, en la práctica, cierra la puerta a que un moroso pueda obtener un crédito de una entidad o contratar servicios como una línea telefónica.

El guardia civil condenado, de alguna manera que no ha sido probada por la Justicia, accedió al portátil de su compañero y consiguió su documentación: nóminas y el Documento Nacional de Identidad. A continuación los modificó para poner su propio nombre, cambiar algunas fechas y meses después usó las versiones modificadas para contratar líneas telefónicas y, después, varios créditos con Cofidis y Cetelem. Todo a nombre de su compañero, libre de deudas y sin los problemas que él hubiera tenido.

Los investigadores explicaron a lo largo del juicio cómo la unidad de Asuntos Internos se dio cuenta de que todos esos créditos y líneas de teléfono se habían contratado de forma ilegal usando datos de otro guardia civil. Los móviles que usaba, por ejemplo, fueron localizados en Madrid y Málaga cuando el agente afectado llevaba meses destinado en Balears y no había abandonado las islas. El dinero que había conseguido, además, había ido a parar a una cuenta bancaria a nombre de un familiar del condenado, donde él mismo ingresaba su nómina.

El Tribunal Superior de Justicia, en una sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es, ha confirmado la condena que impuso en primera instancia la Audiencia Provincial y ahora el agente solo puede llevar su caso hasta el Tribunal Supremo. Dos años de prisión que también le inhabilitan para ejercer en la Guardia Civil mientras dure su condena, además de una multa de 1.980 euros y la obligación de devolver el dinero e indemnizar a su antiguo compañero con un total de 12.000 euros por daños morales.

El recurso del agente condenado que rechazan los jueces se basaba, sobre todo, en alegar que tuvo un ataque de ansiedad en la mañana del juicio y que compareció ante el tribunal sin estar en condiciones de hacerlo: “No se explayó como se podía explayar”, alegaba. Los magistrados del TSJ, tras analizar el informe del médico que le atendió esa mañana, concluyen que estaba “en perfectas condiciones para declarar”.

Investigación de Asuntos Internos

Las sentencias del caso revelan cómo se descubrió la estafa. La víctima, después de servir en el Ministerio en 2017, se fue a vivir a Palma y no sospechó nada hasta que intentó contratar él mismo un crédito para reformar la cocina del domicilio que acababa de comprar en la nueva ciudad donde estaba destinado. La entidad le informó de que no podía obtener más dinero porque ya tenía varios préstamos impagados y estaba dado de alta como moroso en el Asnef. El agente, que nunca había pedido un crédito, denunció los hechos y la investigación llevó rápidamente a su antiguo compañero de vigilancia en el Ministerio de Educación.

En la primera sentencia del caso, la Audiencia Provincial explicó que el caso adquiría mayor gravedad teniendo en cuenta que el acusado es, precisamente, un agente de la ley: “Debemos atender a la reprochabilidad moral de los hechos, cometidos abusando de la confianza que debe presidir entre compañeros, miembros de la Guardia Civil, que entre su cometido está el de velar por el cumplimiento de las Leyes, lo que debió conllevar un impacto importante en la víctima”.

La estafa tuvo consecuencias económicas relevantes para el otro guardia civil. Según relató, su pareja tuvo que vender un piso rápidamente y por debajo del valor de mercado para hacer frente a las deudas que su compañero había generado. “Le ha ocasionado dificultades y perjuicios económicos, no ha podido obtener ni préstamos ni siquiera financiación ni compras a plazos para la adquisición de bienes, financiación muy necesaria como consecuencia de su nuevo destino en Mallorca”, explican los jueces.