Las peritos de Hacienda ratifican ante la jueza que la pareja de Ayuso usó facturas falsas para defraudar 350.000 euros

Las dos peritos de la Agencia Tributaria que descubrieron el fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, han ratificado este viernes ante la jueza que el comisionista usó facturas falsas para defraudar 350.000 euros, informan a elDiario.es fuentes conocedoras del contenido de su comparecencia. 

En un momento de la declaración, el abogado de González Amador ha preguntado a la instructora del expediente si ella y su compañera conocían que su defendido era pareja de Ia presidenta madrileña mientras realizaron la inspección. Las técnicos han negado que supieran quién era González Amador entonces y han añadido que, en cualquier caso, su relación sentimental con Díaz Ayuso es irrelevante para un inspector de Hacienda si no están casados o son pareja de hecho.

La declaración de la instructora del expediente, que ha explicado el informe de forma pormenorizada, se ha extendido durante casi tres horas. La inspectora ha respondido a las preguntas de todas las partes y la defensa del empresario valora ahora la posibilidad de presentar su propio informe pericial. La otra funcionaria, cuya declaración ha sido más breve, también ha ratificado las conclusiones de la investigación tributaria, de acuerdo a las fuentes consultadas.

El abogado del investigado ha mostrado a las técnicos fotografías de los viajes que realizó González Amador, según él para cerrar los trabajos correspondientes a las principales facturas falsas que detecta Hacienda. La instructora ha respondido que conoce las fotografías, entre ellas de un viaje a Costa de Marfil y reuniones con sus autoridades. Sin embargo, la perito ha añadido que esas fotos no tienen ninguna relevancia para acreditar que las facturas no sean falsas y respondieran a trabajos reales.

Por su parte, el fiscal del caso ha preguntado a las técnicos de Hacienda si el asesor fiscal de González Amador podía ser conocedor de las irregularidades, presuntamente delitos, que estaba cometiendo el empresario al declarar a Hacienda con facturas falsas. Las peritos de Hacienda han contestado afirmativamente. Se da la circunsntancia de que la Fiscalía ha pedido recientemente a la jueza que cite como investigado al asesor fiscal Javier Gómez Fidaldo por su presunta participación en los delitos fiscales de su cliente.

El informe de la Agencia Tributaria que dio origen a la querella de la Fiscalía atribuye a González Amador dos delitos de fraude fiscal en el impuesto de Sociedades por 155.000 euros en 2020 y de otros 195.951,41 euros el ejercicio siguiente. También le imputa falsedad documental por presentar facturas falsas a través de empresas externas con el objetivo de rebajar los beneficios extraordinarios de sus sociedades.

En total, sus compañías presentaron 15 facturas falsas por gastos ficticios que suman 1,7 millones de euros. Fue el método utilizado para desgravar gastos que nunca se realizaron, reducir los beneficios declarados al fisco y pagar 350.000 euros menos en impuestos durante dos anualidades. Los elevados ingresos de González Amador respondían a que había cobrado casi dos millones de euros por intermediar entre dos empresas españolas en la compraventa de material sanitario en lo peor de la pandemia. 

El directivo de Quirón Fernando Camino administra la empresa que compró las mascarillas en el pelotazo de 2 millones. Camino fue uno de los fundadores de la empresa pantalla que González Amador usó en 2021 para canalizar parte del fraude. La investigación comenzó a raíz de las declaraciones presentadas en 2021 y 2022 que reflejaban un incremento de la facturación de las empresas de la pareja de la presidenta madrileña a partir de 2020, el primer año de la pandemia. En ese ejercicio sus ventas se multiplicaron por más de seis, hasta 2,3 millones, según sus cuentas anuales. Pese a ello, ante Hacienda declaró solo 8.400 euros de beneficio, tras anotarse gastos que no se correspondían con la realidad.

La declaración de los peritos de la Agencia Tributaria es habitual en las investigaciones por delitos económicos. Las técnicos han ratificado las conclusiones del informe del que dieron traslado a la Fiscalía cuando advirtieron que el fraude de González Amador superaba los 120.000 euros por ejercicio y, por tanto, constituía delito. 

El trabajo de las peritos de Hacienda se prolongó 18 meses. El análisis del contenido total de su inspección sirvió para que la acusación popular, que ejercen PSOE y Más Madrid, propusieran la apertura de una pieza separada que investigara nuevos delitos que ellos apreciaban en todos esos documentos recabados por Hacienda. La magistrada rechazó en un primer momento hacerlo, pero tras un recurso presentado ante ella por los partidos, lo reconsideró y abrió una pieza separada, aunque no por todos los delitos que apreciaban las acusaciones populares.

La apertura de esa pieza separada fue recurrida por la defensa de González Amador, pero la Audiencia Provincial de Madrid avaló el pasado 3 de marzo que la investigación contra la pareja de Ayuso se amplíe a su relación comercial con el grupo sanitario Quirón. “Las operaciones económicas y jurídicas realizadas podrán o no tener el alcance que se reseña, pero a la conclusión que corresponda debe llegarse tras la correspondiente investigación abierta”, explicaron los jueces. El empresario está citado para comparecer en el marco de esta pieza el próximo 10 de abril.