Carmen Rodríguez Quirós, gerente de la Sociedad de Informática Provincial (INPRO), ha expuesto los avances en la automatización y robotización de procesos en la Diputación de Sevilla, durante la jornada formativa sobre la aplicación práctica de la Inteligencia Artificial (IA) en la Administración Pública. Una cita organizada por INPRO en colaboración con el despacho RocaJunyent Grupo-Gaona, y que ha contado con la participación de expertos en legislación, ética y tecnología aplicada a la IA en el sector público.
El diputado del Área de Empleado/a Público de la Diputación de Sevilla, Francisco Toajas, inauguró la jornada junto al presidente de RocaJunyent Grupo-Gaona, Manuel Camas, y subrayó la importancia de la formación en tecnologías emergentes, destacando que “la Inteligencia Artificial es una prioridad tanto en el sector público como privado, y esta jornada representa una primera aproximación a su marco normativo y sus implicaciones técnicas y éticas”.
Rodríguez Quirós ha argumentado que “el avance de la IA es en estos momentos tan disruptivo porque es ahora cuando la tecnología permite el manejo de gran cantidad de datos, la materia prima indispensable de la IA, por parte de la computación, utilizando los algoritmos necesarios”. Ha explicado además que “la programación actual posibilita que las máquinas procesen muchos más datos que hace unos años, y los datos existen, solo hay que observarlos y organizarlos”.
La gerente de INPRO ha distinguido los dos grandes procesos posibles mediante la IA en la Administración Pública. El proceso de automatización, “que supone la modificación de aplicaciones informáticas para que puedan hacer tareas repetitivas que hasta ese momento hacía un ser humano”. Y ha puesto de ejemplo la aplicación 'Fiscaliza' con la que la Diputación de Sevilla “ha ahorrado mucho tiempo en los procesos del control presupuestario en la Intervención de Fondos” o “el uso de asistentes virtuales para mejorar la atención ciudadana” que ya se está implantando en la provincia. El otro gran proceso posible es “el proceso de robotización que no modifica ninguna aplicación, sino que supone el desarrollo de un software que simula exactamente el trabajo de un empleado público”.
Por su parte, Beatriz Quintana Rodríguez, responsable en Fujitsu de relaciones con la Administración General del Estado y Justicia, ha explicado la diferencia entre la IA tradicional y la generativa, resaltando que la primera es la más utilizada en el ámbito administrativo para el análisis de datos, el procesamiento del lenguaje y la robótica.
La ponencia de María del Carmen Domínguez Aguilar, socia de RocaJunyent Grupo-Gaona, ha abordado las implicaciones legales y éticas de la IA en la Administración Pública. Domínguez Aguilar ha resaltado la necesidad de una regulación clara y responsable en el uso de la IA para garantizar la seguridad jurídica y la protección de los derechos fundamentales.
“El desafío de la Inteligencia Artificial en el sector público no es solo tecnológico, sino también normativo y ético. Es imprescindible que su implementación cumpla con la legislación vigente y con principios de transparencia, responsabilidad y protección de datos”, ha afirmado.
Junto a ella, Juan José Torres Ventosa, también socio del despacho, ha profundizado en las normativas actuales que rigen la IA en la administración, destacando la relevancia del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y su impacto en los procesos administrativos.
La jornada ha finalizado con una mesa redonda moderada por Gabriele Vestri, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Pablo de Olavide y fundador del Observatorio Sector Público e Inteligencia Artificial. Los ponentes han coincidido en la importancia de la responsabilidad individual en el uso de la IA y en la necesidad de aplicar esta tecnología con criterios éticos y legales que garanticen su correcta integración en la Administración Pública.
Con iniciativas como esta, la Diputación de Sevilla quiere reforzar su compromiso con la modernización del sector público a través de la Inteligencia Artificial, asegurando que su implementación se realice bajo un marco normativo riguroso y con una visión ética y responsable.
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