Los jueces dan un mes al alcalde de Carboneras para revisar la licencia de El Algarrobico o lo denunciarán ante Fiscalía

Los magistrados encargados de vigilar que el Ayuntamiento de Carboneras cumpla con la sentencia que le obliga a revisar la licencia de obras de El Algarrobico han dado al alcalde otro mes de plazo para empezar a hacerlo. Si pasado ese tiempo no ha hecho nada, advierten de que le impondrán una multa y se lo comunicarán al fiscal, por si incurre en delito de desobediencia. Por ahora, los jueces no se pronuncian sobre la posibilidad de ser ellos los que asuman la revisión de la licencia, tal y como les pidieron la promotora y los ecologistas, con el rechazo implícito de la Junta de Andalucía.

Hasta ahora, cualquier actuación material para revisar la licencia y eventualmente anularla se ha perdido en meandros judiciales. La nueva advertencia del TSJA al alcalde pretende corregir esto, advirtiéndole de que tiene que revisar ya o se adoptarán medidas previstas por la ley: multa de 150 a 1.500 euros y/o deducción de testimonio al fiscal.

La resolución judicial, una providencia dictada por el Tribunal Superior de Andalucía (TSJA) 6 de marzo a la que este medio ha tenido acceso, exige nuevamente al ayuntamiento a que empiece a cumplir una sentencia dictada el 22 de julio de 2021 y firme desde 18 de mayo de 2022, cuando el Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación. Desde entonces, el Ayuntamiento de Carboneras está obligado a revisar la licencia que concedió en 2003 a Azata del Sol, S.L. Esa licencia, que sigue vigente a pesar de la multitud de resoluciones que declaran la ilegalidad del edificio, sirvió a la promotora para levantar la práctica totalidad de un hotel de 411 habitaciones y 21 plantas en un terreno dentro del Parque Natural del Cabo de Gata a 14 metros de la línea de mar.

Tres años después de la firmeza de la sentencia, la revisión no ha comenzado. Ahora, el asunto ha entrado en una nueva dimensión política después de que el Gobierno central haya empezado a tramitar la expropiación, en abierta confrontación con la Junta de Andalucía, que sigue prefiriendo el camino de la revisión de la licencia.

La resolución no responde expresamente a la petición de que sea el propio TSJA el que revise, en el caso de que el ayuntamiento siga arrastrando los pies. Los ecologistas hubiesen preferido que fuesen los jueces los que revisaran la licencia, evitando que la tarea recaiga nuevamente en un Consistorio en el que no confían. La Junta se opuso esta petición, subrayando que debe ser el Ayuntamiento el que ejecute. José Ignacio Domínguez, abogado de Greenpeace en el proceso, anticipa que pasado el plazo de un mes, volverá a pedir que sea el TSJA el que ejecute.

Segundo requerimiento

Esta es la primera vez que el TSJA alude a la posibilidad de multar e imputar al alcalde, al que lleva pidiéndole que revise la licencia casi dos años.

El 1 de junio de 2023, el tribunal devolvió el expediente al Ayuntamiento para que “practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo”. Ante la tardanza, en septiembre inició la ejecución forzosa. El 9 de febrero de 2024, hace más de un año, requirió al alcalde para que en un mes acreditara el inicio de la revisión. Después, los ecologistas pidieron suspender este procedimiento mientras se completaba la reclasificación de los suelos, pero el tribunal se negó y el 11 de noviembre de 2024 volvió a preguntar a la promotora, los ecologistas y la Junta: ¿qué hacer para conseguir que se cumpla la sentencia?

La promotora, que aspira a obtener una compensación económica, pidió que volviera a concederse un mes al Ayuntamiento y que, si no hacía nada, fuesen los jueces los que revisaran la licencia, una posibilidad prevista en la ley. Los ecologistas estuvieron de acuerdo. Pero la Junta de Andalucía se desmarcó con un escrito en el que subrayaba que debe ser el Ayuntamiento el que ejecute, porque eso es lo que dice la sentencia.

La brecha política como telón de fondo

El escrito del letrado de la Junta se remitió tres días antes de que el Gobierno anunciase que va a expropiar casi la mitad de los terrenos de El Algarrobico, 16.000 metros cuadrados situados en zona de dominio público marítimo-terrestre. El Ejecutivo central alega que las playas son de su competencia, y que en estos veinte años ya se ha demostrado que las administraciones autonómica y local no han sabido o no han querido demoler El Algarrobico.

El anuncio de Montero pilló por sorpresa a casi todos y causó un notable malestar en el Gobierno andaluz, que mantiene que la revisión de licencia es la vía más rápida para acabar con la mole. Sin embargo, ante los tribunales ha rechazado la vía expeditiva de los jueces y sigue encomendándose al Consistorio, cuyo alcalde, Salvador Hernández (Ciudadanos), ya ha dicho que preferiría dar un uso a El Algarrobico y que completar la revisión de la licencia podría llevarle hasta cinco años.

La nueva advertencia judicial obliga a Hernández a mover ficha en las próximas semanas. Sin embargo, el precedente no invita a pensar que todo vaya a ir rápido: el consistorio también está obligado a clasificar el suelo como no urbanizable en su PGOU, con sentencia firme desde 2018 que aún no se ha cumplido. Y ello, a pesar de que el TSJA también ha advertido al alcalde con multas, que nunca se han materializado.

En siete años, la reclasificación del Pleno ha pasado por todo tipo de vicisitudes: resistencia palmaria del Consistorio, una ejecución insuficiente, acuerdos plenarios que incumplían el fallo, errores en la literalidad de la modificación o apelaciones a la falta de personal para hacerlo.

De ahí que los ecologistas crean que confiar la revisión al ayuntamiento aboca a un callejón sin salida y muestra el “cinismo” del discurso de la Junta de Andalucía, que mientras proclama que la revisión es la vía más rápida, descarga toda la responsabilidad de materializarla en el que menos interés y capacidad ha mostrado para acelerarla.