El Gobierno canario envía al Consultivo la modificación del reglamento de la Policía Canaria

El Consejo de Gobierno ha acordado este lunes enviar al Consejo Consultivo de Canarias el proyecto de decreto por el que se modifica el reglamento de organización y funcionamiento del Cuerpo General de la Policía Canaria, con el objeto de actualizar la dotación de medios defensivos y armamento de los agentes.

En una nota, el Ejecutivo explica que el Cuerpo General de la Policía Canaria se sitúa así al mismo nivel que el resto de policías autonómicas, como Fuerza y Cuerpo de Seguridad con competencias plenas en la protección de personas y bienes, en los términos del artículo 38 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, avalado por el artículo 148, apartados 1 y 2, de la reciente Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.

En este sentido, el proyecto de decreto se centra en el artículo 21 del reglamento sobre composición del equipo básico y de intervención, completando el material homologado especializado y adaptado a las necesidades actuales, para mejorar de la capacidad de disuasión y respuesta, así como la seguridad del personal, incrementando la eficacia operativa en la protección de la ciudadanía en la Comunidad Autónoma de Canarias.

La actualización del reglamento se justifica en el crecimiento del Cuerpo General de la Policía Canaria, tanto en personal como en el desarrollo de sus funciones, que requiere dotarse de otros medios defensivos y armamentos no previstos inicialmente en el decreto de hace 15 años.

El desarrollo de la policía autonómica como Fuerza y Cuerpo de Seguridad, con competencias plenas en la protección de personas y bienes, supone que tal Cuerpo de policía autonómica ha alcanzado un nivel similar al del resto de cuerpos policiales y, en particular, del resto de policías autonómicas.

Por otra parte, en el proyecto de decreto se atribuyen determinadas competencias sancionadoras sobre el personal del Cuerpo General de la Policía Canaria a la Viceconsejería de Justicia y Seguridad, una vez creada, por eficacia y para aligerar carga administrativa.