“Algo grave debe estar escondiendo Marruecos para que no nos deje entrar en el Sáhara”

Ha pasado una semana desde que se diera un nuevo episodio de oscurantismo, irregularidades que traspasan muy probablemente la prudencia del término “presuntas” y una nueva muestra de la impunidad con la que actúa Marruecos en el territorio ocupado del Sáhara. Las “autoridades” marroquíes impidieron el sábado anterior que una delegación de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental (IAJUWS, por sus siglas en inglés) pisara tierra en el aeropuerto de El Aaiún y a su presidenta, Inés Miranda, no se le ha rebajado ni un ápice su indignación. En declaraciones a este medio, asegura convencida que “algo grave debe estar ocultando Marruecos para que no nos deje entrar en el Sáhara”.

Miranda no formó parte de la delegación en esta ocasión, que sí integraron las juristas canarias Dolores Travieso Darias y Flora Marrero Ramos, así como el técnico Silvestre Suárez Fernández. Comisionada por el Consejo General de la Abogacía Española, su objetivo era comprobar el cumplimiento de los derechos humanos en territorio saharaui y la situación de los 32 presos políticos esparcidos por cárceles de Marruecos (algunas, a gran distancia de El Aaiún), de los que nueve están condenados a cadena perpetua, así como departir con sus familiares y amigos. Tenían previsto pasar cuatro días, pero ni siquiera pudieron pisar suelo saharaui, convirtiéndose en nuevos miembros de delegaciones internacionales expulsados en los últimos meses (15 españoles en lo que va de 2025).

Para Miranda, lo que oculta Marruecos sigue sin saberse, aunque tiene claro y denuncia la “tortura, represión y el incumplimiento de los derechos humanos” que le consta que sufren esos presos dispersos por el territorio alauita. 

La presidenta de la asociación recuerda que llevan desde 2002 defendiendo los derechos del pueblo saharaui y que, como todas las anteriores, esta misión fue comunicada con antelación al Gobierno de España y al canario. Una labor que se ha visto dificultada al máximo desde que, en 2020, se producen “los ataques y la persistente represión por parte de Marruecos, que acaba en ocupación y guerra, en contra del acuerdo de 1992”. “Queremos saber hasta dónde llega la barbarie, pero está claro que algo grave está ocultando Marruecos para que no nos dejen ni bajar de un avión”.

Según recalca, y aparte de la actitud de las dos personas (vestidas de calle) que impidieron que la delegación pisara tierra y acabaron subiendo a un avión de Binter, les resulta “muy extraña” la postura del comandante de la compañía canaria por permitir que estas personas, “que hablaban en nombre de la autoridad, pero en ningún momento se identificaron, hicieran lo que quisieran. Algo parecido ocurrió en 2023, pero entonces el comandante de ese vuelo de esa misma empresa actuó de forma totalmente diferente y no permitió que subieran al avión. En cambio, esta vez baja a la pista y se coloca junto a estos dos señores y les impiden que salgan del aparato”. 

“Denunciamos, además, la postura de complicidad y connivencia de Pedro Sánchez”, ha añadido Miranda, “pero también la complicidad de Fernando Clavijo desde 2022, incumpliéndose la resolución de la ONU que dice que nunca se puede integrar un territorio en un país si ha sido ocupado antes y no se da un referéndum que lo avale. Haremos un sesudo informe para la ONU y el Gobierno de España. Marlaska ha dicho que todo lo que ocurra en el territorio de El Sáhara concierne a España. Hay que identificar a esas dos personas que subieron al avión y a las que estaban junto a las escalinatas, así como determinar la responsabilidad que tiene el comandante por su colaboracionismo”.

Miranda remarca que lo ocurrido, a juicio de su entidad, infringe el Convenio de Chicago (1944) y la normativa de aviación de España y, por eso, presentarán las oportunas quejas y estudian posibles acciones judiciales ante irregularidades administrativas o penales, aparte de dirigirse al Parlamento europeo, Consejo Europeo, Alto Comisionado, la ONU y los gobiernos central y canario para exponer lo ocurrido, “ya que esto es una misión acreditada de Naciones Unidas”.

A su juicio, estos hechos se han vuelto a producir con una “absoluta connivencia y silencio por parte del Gobierno de España, que permite todo a Marruecos incumpliendo de nuevo la Convención de Ginebra, al tratarse El Sáhara de un territorio ocupado. Sin embargo, desde 2003 los servicios diplomáticos españoles han dado la callada por respuesta”. “Lo que ha ocurrido ahora es un desastre que puede tener consecuencias jurídicas, al menos un reproche jurídico, que estamos estudiando”.

La asociación sostiene que El Sáhara se ha convertido en una “gran cárcel bajo el manto de las estrellas. Los familiares de estos 34 presos políticos nos trasladan que se encuentran en cárceles marroquíes de apenas 4 por 3 metros cuadrados en absoluto abandono y aislamiento, aparte de dispersos por el país, lo que hace casi imposible que los puedan visitar por las distancias desde El Aaiún. Esta política de dispersión hace que los viajes de sus familias sean infructuosos y las delegaciones organizadas desde la UE con eurodiputados también han sido expulsadas”.

En su opinión, la postura de España es totalmente “contradictoria con lo que dice y hace con su apoyo a Ucrania por ser un país invadido por Rusia, regalándole y vendiéndole armas, mientras da la callada por respuesta sobre El Sáhara pese a hablar constantemente de derechos humanos y políticas progresistas. Por el contrario, España está vendiendo armamento, vehículos y creando buques para Marruecos vulnerando la propia legislación española, que prohíbe que se vendan armas a un país que suponga un peligro, y tenemos el antecedente del islote de Perejil. Sánchez ha traicionado y engañado al pueblo saharaui con un cambio desde 2021 que deriva en la carta de 2022 y una postura al margen de la legalidad, sin pudor y muy grave que, encima, cuenta con la colaboración y complicidad del Gobierno de Canarias”.     

La versión de la compañía Binter

Canarias Ahora le ha pedido a la compañía Binter su versión de lo ocurrido el sábado 15 del presente mes de marzo. Según la empresa, “durante el proceso de desembarque del vuelo de Binter a su llegada a El Aaiún, las autoridades en destino informan a tres pasajeros de que no tienen autorizada la entrada y de que ya disponen de los billetes de vuelta. Ante esta situación, la tripulación les comunica que al no ser admitidos deben volver a sus asientos para continuar con la operativa normal y proceder al embarque de los pasajeros de salida desde El Aaiún hacia Gran Canaria. Ante su resistencia, se les informa de que si siguen impidiendo la operativa normal de la aeronave, se deberá proceder conforme a lo establecido en la OACI y el Programa Nacional de Seguridad español. Finalmente, el avión despega hacia Gran Canaria según lo previsto”.

Expulsiones crecientes en un territorio ocupado

El Sáhara Occidental, la antigua colonia española ocupada desde 1976 por Marruecos, es considerada por la ONU el último territorio por descolonizar de África. Con esta misión llegada desde Canarias, el número de españoles expulsados o a los que se les ha denegado el acceso a este territorio llega ya a quince en este 2025. A principios de marzo, las autoridades marroquíes expulsaron al secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación General del Trabajo (CGT), David Blanco, un día después de aterrizar en el aeropuerto de Dajla, la otrora Villacisneros. En febrero, marroquíes retuvieron y expulsaron a una delegación de tres eurodiputados, entre los que figuraba la española Isa Serra, de Podemos.

Los primeros en ser deportados este 2025 fueron José Carmona, periodista de Público, y los activistas de la Coordinadora de Asociaciones de Amistado con el Sáhara, Antonio Martínez y Sergio García, que lograron acceder a Dajla ocupada en la recién inaugurada ruta de Ryanair que conecta Madrid con la ciudad saharaui. Un día después de su llegada, fueron arrestados y expulsados a través de la ciudad marroquí de Agadir. A finales de enero, también se impidió el acceso a El Aaiún, la capital del Sáhara ocupado, a los parlamentario vascos Mikel Arruabarrena (PNV), Amancay Villalba (EH Bildu) y Jon Hernández (Sumar), mientras que, a principios de febrero, se repitió la situación con el periodista de El Independiente Francisco Carrión, al que le fue denegado el acceso en Dajla. Semana y media después, fueron expulsados el periodista Asier Aldea y el youtuber Rama Jutglar tras aterrizar en Dajla y viajar en guagua a El Aaiún.