Cuándo empezará el reparto de menores migrantes y qué trabas tendrá: de los avisos de incumplimiento del PP a la falta de datos

Minutos después de la aprobación en el Congreso de la reforma para el reparto de menores migrantes, surgieron los abrazos, las lágrimas y los aplausos entre los ministros de Política Territorial e Infancia, el presidente canario y sus equipos. La estampa de celebración simbolizó el largo proceso que ha requerido cada pequeño paso en más de un año de negociación hasta sacar adelante este jueves la base legal que permite la distribución obligatoria de niños y adolescentes extranjeros en caso de emergencia humanitaria.

En un segundo intento, el Parlamento dio finalmente luz verde —con el voto en contra de PP y Vox— a la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, la llave jurídica en la que se apoyará el Gobierno para activar el nuevo mecanismo de traslados de menores migrantes para descongestionar los sistemas de acogida de Canarias y Ceuta, cuyos presidentes han reconocido en distintas ocasiones no poder atender a los niños y adolescentes migrantes en condiciones dignas. Pero la aprobación del marco legal no era ni será el único escollo. Fuentes del Ejecutivo, aunque muestran confianza en el nuevo marco jurídico, reconocen que aún quedan meses de trabajo por delante para concretar la aplicación del reparto y temen que las comunidades dirigidas por el partido de Alberto Núñez Feijóo traten de obstaculizar los traslados después de presentar varios recursos de inconstitucionalidad.

Problemas con los datos

El Gobierno central pretende empezar a trasladar a los menores desde Canarias y Ceuta en verano, sin detallar una fecha fija. Antes, el Ejecutivo deberá aplicar los criterios incluidos en el real decreto para calcular cuántos niños y adolescentes recibirá cada comunidad, es decir, hacer una nueva propuesta del reparto por territorios. Este no es un paso sencillo, no solo por la complejidad de la fórmula, sino también por la falta de datos actualizados y precisos sobre el número máximo de menores extranjeros atendidos por cada autonomía y sobre las plazas que conforman cada sistema de acogida. 

Estos números son fundamentales porque la cantidad de niños que corresponderá a cada región dependerá de criterios poblacionales y económicos —número de habitantes, renta per cápita, porcentaje de paro, insularidad o territorio fronterizo, etc—, pero también de lo que el Gobierno central llama el “esfuerzo previo de acogida”. Y, para calcularlo, no contará el porcentaje de ocupación de su actual sistema de acogida, sino la proporción de las plazas ocupadas en comparación con el número ideal de camas con el que “debería” contar el sistema de acogida autonómico, establecido por el Gobierno en función de la población. Actualmente, ese ratio estaría en una plaza por 2.500 habitantes, según la última proyección del Ministerio de Infancia. 

Con el objetivo de realizar estas cuentas, el Gobierno pidió a las comunidades el envío de una serie de datos concretos sobre sus sistemas de acogida, como el número de plazas totales y ocupadas, la cifra del mayor pico de ocupación, el número de menores acogidos a 31 de marzo, etc. Sin embargo, no todas las comunidades entregaron la información como el Ministerio solicitaba, como Aragón —la única que no respondió al requerimiento— o Madrid y Extremadura, que dieron una contestación incompleta. Superado el plazo, el Gobierno central se dio unos días para revisar los datos y solicitar una ampliación a estas autonomías, pero ninguno de estos tres Ejecutivos regionales ha aportado más aclaraciones, según fuentes ministeriales.

Si todo sigue así, y no consiguen esos datos concretos de todos los territorios, la norma aprobada este jueves en el Congreso permite que, para estos casos, el Gobierno utilice de referencia, en vez de las cifras más actualizadas, los números recogidos en una radiografía de los sistemas de acogida autonómicos realizada por el Ministerio de Infancia en 2023. Según fuentes del departamento dirigido por Sira Rego, esa información será cruzada con los datos del Registro sobre de Menores Extranjeros no Acompañados, el único registro oficial de estos menores existente a nivel estatal, históricamente criticado por los fallos en el sistema de actualización y, por tanto, su escasa fiabilidad.

Reunión con las comunidades

La siguiente fecha clave será el 28 de abril, cuando se celebrará la próxima conferencia sectorial de Infancia, en la que se reunirán representantes autonómicos para abordar la activación del plan de traslados desde Canarias y Ceuta. La ministra Sira Rego llevará al encuentro una propuesta inicial de “plan de respuesta solidario”, que incluirá el número de menores aproximado que debería asumir cada comunidad, así como la cifra de plazas estructurales que cada sistema de acogida debería tener en función de su población, según los criterios establecidos en la nueva normativa.

Dicha propuesta será “trabajada” con las comunidades autónomas para afinar los cifras del reparto pero, según la nueva ley, los gobiernos autonómicos solo podrán cambiar los criterios marcados en la normativa si así lo acuerdan de manera unánime, algo poco probable. “No renunciamos a seguir planteando mecanismos de coordinación con las comunidades autónomas. Suponemos que, después del voto negativo del Partido Popular, las comunidades gobernadas por el PP no apoyarán la propuesta”, asumen fuentes de Infancia. Tras la conferencia sectorial, el Gobierno dará otro plazo más con un nuevo requerimiento de información, para presentar una nueva propuesta definitiva “con los datos más actualizados posibles”. 

Reglamento pendiente

Para empezar los traslados de menores también será necesario la aprobación de un reglamento que desarrolle los detalles del real decreto-ley convalidado este jueves. Infancia ya cuenta con un borrador, que ha sido enviado al resto de ministerios para que hagan sus aportaciones durante los próximos 15 días. El objetivo del Gobierno es aprobarlo por real decreto “cuanto antes”, defienden fuentes gubernamentales.

Una vez realizados todos estos trámites, activado el plan de respuesta y concretados los números del reparto, ¿qué pasa si las comunidades autónomas gobernadas por el PP se niegan a recibir a estos niños? Fuentes del Ministerio de Infancia prefieren no colocarse en ese escenario, pero recuerdan que, en caso de incumplimiento de la nueva ley, el Ejecutivo podría acudir a la vía judicial a través de un recurso contencioso-administrativo. 

La Justicia también tendrá que estudiar la posible inconstitucionalidad de la reforma de la Ley de Extranjería, tras los recursos presentados ante el Constitucional por varios gobiernos autonómicos (Comunidad de Madrid, Aragón y el recientemente anunciado de Andalucía) al considerar que la nueva norma incumple el reparto competencial del Estado, algo a lo que se opone el Ejecutivo central. Aprobada la reforma de la Ley de Extranjería no acaba, por tanto, el previsiblemente largo y bronco proceso hasta asegurar el bienestar de los menores migrantes en su comunidad de destino.