La Xunta hace suyo el discurso racista de Vox y reconoce que no será solidaria con el reparto de inmigrantes

“La Comunitat Valenciana ha rebasado el límite de su capacidad y no admitirá más repartos de la inmigración ilegal que promociona el presidente Sánchez”. Ese argumento de Carlos Mazón, pronunciado al anunciar su pacto con Vox para aprobar los presupuestos —y aplaudido públicamente por Santiago Abascal—, encontró eco en Galicia apenas 24 horas después. En este caso era la conselleira de Política Social, Fabiola García, quien esgrimía la “sobreocupación” de la red de acogimiento para criticar el “trágala” del Gobierno y amenazar con acudir a los tribunales contra el reparto de menores no acompañados. Todo por acoger a poco más de 300 jóvenes y sin una ultraderecha a la que contentar, ya que el PP goza de una cómoda mayoría absoluta y Vox es prácticamente inexistente. El Foro Galego de Inmigración no ha tardado en advertir “connotaciones racistas” en las palabras tanto de García como del presidente Alfonso Rueda.

Tras el acuerdo para el reparto entre Gobierno central y Junts, mientras Rueda, de gira por el sur, comparecía en Sevilla junto al presidente andaluz, Política Social distribuyó entre los medios unas duras declaraciones de su titular contra el pacto. “Si las cosas se hiciesen de otra manera, Galicia estaría dispuesta a seguir siendo solidaria pero, con esta imposicion, no estamos dispuestos a aceptar un trágala”.

“Galicia es una comunidad solidaria y así lo venimos demostrando desde hace años y lo seguiremos demostrando si nos dejan, pero lo que no podemos aceptar es que sea Puigdemont, desde su exilio, el que decida cuántos menores migrantes van a venir a Galicia”, aseguraba García en línea con lo que afirmaba el jefe del ejecutivo autonómico, sorprendido porque “Puigdemont, desde Waterloo, decida ahora cuántos menores no acompañados tienen que venir a Andalucía o a Galicia”.

Tanto uno como otra coincidieron en afirmar que el Gobierno “funcione a golpe de chantaje”. García denunció la “sobreocupación” de la red y exigió “más planificación, recursos financieros, consenso y acuerdos”. En Galicia, al contrario que en Valencia, el PP no tiene una ultraderecha a la que complacer. Vox carece de presencia en el Parlamento gallego y su único cargo electo en la comunidad es una concejala en Avión, un municipio de Ourense con menos de 1.800 habitantes.

Sin cifras concretas de menores migrantes

Según los criterios de reparto, Galicia será la cuarta comunidad que más menores migrantes acoja tras Madrid, Andalucía y la Comunitat Valenciana. El Real Decreto que modifica la Ley de Extranjería incluye compensaciones económicas para las comunidades que certifiquen la saturación de su sistema. El gallego cuenta con 800 plazas para menores y una red de 80 centros donde todos los usuarios se “mezclan” en pisos o pequeñas residencias sin tener en cuenta su procedencia.

Según Política Social, esa red está ya “al 104%” de su capacidad. Sin embargo, la Xunta es una de las pocas comunidades que no concreta cuántos de sus usuarios son migrantes. Se limita a afirmar que, además de los 90 acogidos tras los acuerdos de las conferencias sectoriales de los últimos tres años, hay “muchos” otros, procedentes de lugares como Ucrania, Afganistán o Sudamérica.

Los gobiernos autonómicos tienen hasta el 31 de marzo para informar de su capacidad de acogida y facilitar el número de menores que tutelan. Para el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, es “el momento” de que se sepa “con claridad” el número de menores extranjeros no acompañados que hay en cada comunidad. “¿Qué razones hay de carácter humanitario para negarse a acoger a menores no acompañados extranjeros, si además te damos la posibilidad que certifiques si estás o no saturado?”, se preguntaba en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

La amenaza gallega de acudir a los tribunales —“si es necesario, porque esto no lo vamos a consentir”— se ha venido repitiendo entre los distintos líderes autonómicos del PP, incluso desde antes de conocer el acuerdo entre Gobierno y Junts. La única que lo ha concretado ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que también tiene intención de recurrir la reforma de la ley ante Bruselas.

El Foro de Inmigracion exige “rectificación inmediata”

El Foro Galego de Inmigración, plataforma que integra a dos docenas de entidades, no ha tardado en exigir “una rectificación inmediata” de la Xunta, a quien critica que “compre” un discurso “racista o al menos de desconfianza” hacia los menores migrantes mientras hace de ellos una “utilización política”.

A través de un comunicado, reclama que el Gobierno gallego que haga público “su compromiso” a dotar de atención a unos menores que cuentan con una serie de derechos “inalienables independientemente de su procedencia”. “No puede ser de otra manera”, afirman.

El Foro critica las “connotaciones racistas” de la respuesta “insolidaria” del ejecutivo de Rueda. “No puede haber debate sobre este tema”, afirma la plataforma. Los 300 migrantes que tendría que acoger son, dicen, “una cantidad que no puede ser nunca un problema para una Comunidad como Galicia”.

“Por otra parte, existe un compromiso de financiación del Gobierno central para dotar de los recursos necesarios. Las propias ONG que trabajan con este colectivo reconocen que no se trata de un problema, sino de derechos para estas personas. Recordamos también que estas personas son futuro demográfico, social, económico y cultural para Galicia”, concluyen.