Se quitan bebés a familias vulnerables

Vivimos días de tropelías trumpistas. De atónita decepción cuando el gobierno progresista español empaña la subida del SMI con el empeño del PSOE por hacer pagar impuestos a quienes menos ganan. Días de darnos cuenta de cómo nos han criado con los mantras de “las ideologías han muerto”, “la realidad no se puede cambiar”, “por escribirlos en un papel no se imponen los derechos”… para topar ahora con que una mano basta, la mano abusadora sexual, tramposa en las elecciones e instigadora golpista de Trump (la que no agarrará nadie con amor en su instante final), para rediseñar áreas geográficas, el orden de la Tierra, multitudes de vidas, por pura ideología, en su caso, avariciosa y cavernaria.

Tiene su lógica sentirnos impotentes frente a las partidas de los grandes intereses globales. Pero, a la vez, en lo cotidiano y cerca de nosotros, se dan otras batallas, a menudo invisibles, de personas ante la mayor pérdida imaginable, gente a quienes de forma avasalladora les quita sus hijas e hijos Servicios Sociales.

Oír un audio escalofriante

El pasado 6 de diciembre, a las 23.25 horas, en el Hospital Universitario de Toledo, nació la hija de Abdel Tahiri y de Yumara Oliver y, a los tres días, la Delegación de Bienestar Social de Toledo les anunció en una reunión que iban a quitarles a la niña para darla a una familia de acogida basándose en que la madre sufrió de pequeña maltrato y abandono y fue tutelada.

Seis días después, mientras sus padres explicaban todo a un abogado, técnicos de la administración manchega se llevaron del hospital a la bebé. Algo que los padres han denunciado y que sólo ha merecido por parte de la Junta de Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García-Page, el comentario de “esperar con prudencia a que se resuelva el caso judicializado”, hecho por su portavoz, Esther Padilla.

Os lo pido: escuchad el escalofriante audio –publicado por la compañera de EL PAÍS Patricia Ortega Dolz– donde las técnicos de menores dicen a Yumara Oliver y Abdel Tahiri que les quitan a su bebé con argumentos tan dubitativos e inconsistentes como firme es la determinación de quitársela. Son 20 minutos, pero os atraparán por el nivel de inhumanidad y atropello que evidencian.

El audio en que Bienestar Social dice a una pareja residente en Toledo que van a quitarle a su hija destila paternalismo, clasismo, racismo y empeño por reubicar a la niña con otra familia en vez de ayudar a sus padres a criarla.

En resumen, les dicen que la decisión de tutelar a la niña está tomada, pese a que él acredita trabajar y tener casa alquilada, porque la madre tiene “una historia de maltrato y abandono que hace que sus capacidades marentales estén disminuidas o nulas” (3:37), que al padre no le dan la custodia porque “no te conocemos”, consideran un demérito que lleven juntos “año y pico”, que él tenga 32 años y ella 19, descartan la custodia por la familia paterna porque “no están en Toledo, sino en Algeciras y Valencia”.

¿A cuántas parejas se le están quitando los hijos así? ¿Quiénes están decidiendo algo de tal calado? ¿Acaso se hacen exámenes de idoneidad parental a cuantos tenemos hijos y yo no me he enterado?

Y no me vengan con que todo se hace por “el bien superior del menor”. Claro que hay casos en los que retirar las custodias a los padres, pero con pruebas no con suposiciones. ¿O la tarea de Servicios Sociales, en vez de ayudar a las familias vulnerables, también a criar a sus hijos, es ahora reubicar a los bebés de gente de las barriadas con familias burguesas?

Décadas de mala protección de menores

Si la situación de la bebé de Yumara Oliver, con una limitación intelectual que no la incapacita, y Abdel Tahiri, inmigrante magrebí, ha trascendido es gracias al audio que imagino que ellos grabaron, con buen tino, y a que ha llegado a una periodista. Una jueza o juez determinará ahora lo que pase porque esta pareja ha querido y podido afrontar un proceso judicial. Pero, ¿cuántas ceden sin luchar? Acaben o no en retirada del niño, la comunicación de la decisión tiene que estar libre del despectivo paternalismo, clasismo y racismo que este audio destila.

El drama de Oliver y Tahiri mientras los días pasan y su bebé cambia y crece no es sólo suyo. Tiene un preocupante componente sistémico.

Al diario local sevillano donde yo empezaba con 24 años llegó una tarde una mujer humilde y desesperada, alcohólica rehabilitada, buscando quien publicara que le habían quitado injustamente a sus hijos. La remitieron a mí.

Ella era Carmen Fernández, vecina del marginado barrio sevillano de las Tres Mil Viviendas; los niños, Sara e Iván; el consejero que defendió con vehemencia el atropello, el ya fallecido socialista Isaías Pérez Saldaña; y el juez que boicoteó la devolución de los menores cuando la Audiencia la ordenó, ese a quien la madre llamaba con desprecio y gracia “El Serranito”, Francisco Serrano, quien años después se destapó como cofundador y líder de Vox en Andalucía hasta que tuvo que dimitir por corrupción. La lucha de Carmen, tras años de dolor suyo y de los niños, acabó en victoria al recuperarlos y lograr el aval del Constitucional a una indemnización de 1,7 millones de euros. Pero apenas pudieron disfrutar el reencuentro porque un cáncer mortal fue más rápido que la justicia. El dinero quedó para el testamento.

Hace más de 20 años que familias, trabajadores sociales y los propios tribunales denuncian decisiones desproporcionadas que separan a la ligera a padres de sus hijos lo que, dada la tardanza de la justicia, les roba una vida juntos que luego ninguna indemnización compensa.

Revisando mis archivos, año 2000, veo que una semana antes de publicar la historia de Carmen sacamos en Sociedad un texto cuya entradilla decía: “Sentencias que se contradicen y hacen esperar años cuando ya es muy difícil volver sobre lo recorrido. Y en medio, niños indefensos”.

Acumulación de despropósitos

Más de veinte años han pasado y se siguen acumulando estos atropellos en la España que es 15ª economía del mundo. Ahí están, en diversas autonomías, con gobiernos de todo signo, los casos de:

Macarena Sequera en 2023 en Cádiz que embarazada por cuarta vez preguntó a los Servicios Sociales de la actual Junta andaluza (PP): “¿También me lo vais a quitar? Porque si es que sí, aborto” y pese decirle que no, lo intentaron y ella huyó;

Fara, marroquí residente en Bizkaia en 2021, desahuciada de su casa y a la que se denegaron las ayudas sociales en la Euskadi gobernada por el PNV;

Anita P. búlgara que llevaba 20 años en España cuando le quitaron a sus mellizas de 12 por forcejear con ellas con el móvil, por lo que el Tribunal Superior de Castilla y León condenó en 2023 a la Consejería de Familia (PP) a compensar con 150.000 por esta medida “desproporcionada” y que causó “traumas”;

Los padres de Lorenzo y Ana, niños canarios que tenían 10 y 4 años cuando se los llevaron “sin justificación” del colegio y a quienes año y dos meses después, en 2023, por orden de la justicia, el Gobierno canario (Coalición Canaria y PP) tuvo que devolver con una indemnización de 210.000 euros.

La separación en Valencia, evitada in extremis por la movilización vía redes sociales, de unos mellizos de sus padres gambianos, dada a conocer en 2019 (cuando gobernaban PSOE y Compromís) por el activista panafricanista y opositor guineano Ondo Ondo Angono.

Resolver el sistema fallido

Las negligencias se acumulan dentro del cómputo de 35.000 menores tutelados. Se denuncia el sistema laberíntico y la lenta respuesta a las denuncias. Que el sistema también falla porque cada vez hay más tutelados en centros que en familias. Los propios trabajadores sociales de CCOO en Canarias están alertando de que, por falta de recursos, a veces una sola persona, a su criterio, está decidiendo si quita o no un hijo a sus padres.

¿Qué decir del escándalo de las menores tuteladas prostituidas en Mallorca? Que, ojo, no se limita a esas islas pues, según un informe de UNICEF en 2017, en 7 de estas 9 comunidades (Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Catalunya, Madrid, Galicia y Euskadi) ha habido casos de explotación sexual de adolescentes tutelados.

Mira que parar el avance fascista mundial es vital y urgente. Pero a ver si arreglamos la protección de menores en nuestro país, que es algo más acotado, y logro a logro nos envalentonamos hacia la gran victoria de asentar la democracia y el Estado de Derecho.