Por un feminismo woke frente al avance de la ultraderecha

Es evidente que el término woke ha penetrado profundamente en el vocabulario político de las sociedades postpandemia. En España, las primeras referencias mediáticas las podemos encontrar con motivo del movimiento social que siguió al abuso policial que sufrió George Floyd, en Mineápolis, y que culminó en su muerte por asfixia. 

En ese momento, la opinión pública se enteró de que con este término se venían refiriendo en Estados Unidos a quienes mantienen una posición activa de vigilancia y denuncia de las situaciones de racismo, demandando justicia social. Posteriormente, esa misma actitud y reivindicación se fue extendiendo a otras situaciones de discriminación y desigualdad social, particularmente en las cuestiones ligadas al género y la orientación sexual. 

Para el inicio de la década en la que nos encontramos, el término woke ha sido convertido por la ultraderecha a escala global en un insulto arrojado a los movimientos y personas que denuncian y combaten estos abusos y desigualdades, a quienes acusan de promover lo que ellos denominan “la ideología de género” y una supuesta “cultura de la cancelación” de aquellas personas y organizaciones que, con sus comportamientos, acciones, omisiones u opiniones, contribuyen a crear o fomentar discriminación y abuso. 

Aunque dicho anglicismo no gozara de difusión en el territorio español, los acontecimientos, discursos y actuaciones judiciales en torno al caso de violación grupal que tuvo lugar en las fiestas de San Fermín de 2016 sí que propiciaron un avance indiscutible en las reivindicaciones del feminismo. 

A partir de entonces, el feminismo, también aquí, potenció su papel en la vigilancia activa y en la denuncia de discursos, comportamientos y actuaciones, tanto privadas como públicas que, más allá del esencialismo biológico, afectan a las vidas cotidianas de todas las mujeres, enfatizando las desigualdades sociales que muchas deben enfrentar, desigualdades que son de clase/colonial, de etnia/raza y de sexo/género. 

En 2017, el #MeToo se universalizó como forma de denuncia de las múltiples situaciones de abuso o acoso sexual en contextos tanto públicos como privados.

Si bien esta forma de dar visibilidad a través de las redes sociales ha podido generar situaciones de pánico moral y de refuerzo ideológico del punitivismo, no podemos negar la importancia que tiene para la construcción de un mundo socialmente más justo. 

La evolución que ha tenido el 8M a partir de, entre otros, los acontecimientos señalados, es indisociable de las dinámicas generadas alrededor de ellos. Es innegable que este énfasis woke en la vigilancia y la justicia social, que desborda el marco tradicional en el que se habían planteado las reivindicaciones dentro del feminismo identitario, ha causado cierto desencuentro entre las corrientes feministas

Y lo hace en la medida en que, por fin, muchas se atreven a nombrar lo innombrable, trascendiendo la consideración de víctimas a las que, en el mejor de los casos, quedaban relegadas. Luchando para que la vergüenza cambie de bando.

Cada vez se recogen y se difunden más testimonios de denuncia de situaciones de abuso y discriminación, hasta hace muy poco, eran impensables o muy difíciles de realizar con éxito en ámbitos académicos, artísticos o políticos, por nombrar solo unos pocos de estos ámbitos. 

Ya en plena pandemia, junto a estas acciones globales, las migrantes en España alzaron su voz para denunciar las incontables situaciones de abuso y discriminación que sufren por su condición de migrantes y trabajadoras. 

Su denuncia tiene varios ejes: la esencialidad de sus trabajos, imprescindibles para la reproducción de la sociedad; la estructura colonial que soportan y es la base de la falta de reconocimiento de la importancia de su labor y el racismo institucional que legitima la desigualdad en el acceso a los derechos. 

Estas denuncias y reivindicaciones contaban con una larga trayectoria, pero es evidente que recibieron un impulso importante durante la pandemia, motivado principalmente por la inteligente y eficaz labor de tejer redes con sectores aliados de la sociedad civil y con determinadas formaciones políticas. 

Esta alianza culminó en la presentación de dos iniciativas, una proposición no de ley en 2020 y una iniciativa legislativa popular al año siguiente, que consiguió reunir más de 700.000 firmas de españolas y españoles para su discusión y aprobación por las Cortes Generales. 

Aunque este hito es fruto de la iniciativa de la población migrante en general, es de reconocer el trabajo de las mujeres en su capacidad de tejer redes de cuidado entre ellas y con las aliadas. Por ello, como feministas, no nos podemos permitir que sus esfuerzos no se vean culminados con la aprobación de esta ILP. 

La evolución que ha tenido el 8M a partir de, entre otros, los acontecimientos señalados, es indisociable de las dinámicas generadas alrededor de ellos. Es innegable que este énfasis woke en la vigilancia y la justicia social, que desborda el marco tradicional en el que se habían planteado las reivindicaciones dentro del feminismo identitario, ha causado cierto desencuentro entre las corrientes feministas. 

Sin embargo, deberíamos preguntarnos si es posible la creación de un marco común de reconocimiento de nuestros derechos sin luchar contra las discriminaciones y desigualdades sociales que nos atraviesan. 

El estigma que rodea al término woke es el resultado del miedo real de la extrema derecha a las reivindicaciones de los movimientos sociales y al movimiento feminista. Por tanto, cabe reivindicarlo con orgullo para seguir avanzando en un feminismo que, como exigimos desde la APDHA, garantice derechos para todas las vidas, todos los cuidados y todos los cuerpos.