La fiscal impugna el recurso del Gobierno andaluz y rechaza su entrada en la causa contra los contratos sanitarios troceados

El Gobierno andaluz, a través de los letrados del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Cádiz, ha presentado un recurso de casación contra la decisión de la jueza de negarles la personación en la causa que investiga un supuesto delito de malversación en el fraccionamiento masivo de contratos con la sanidad privada en 2021. Lo hizo el pasado 18 de febrero.

La Fiscalía de Cádiz elevó un escrito a la jueza que instruye el caso, fechado el 26 de febrero, impugnando ese recurso e instando a la magistrada a dejar fuera de la instrucción al SAS en tanto no aclare en calidad de qué se persona (como acusación, como investigada, como perjudicada o como responsable de los hechos investigados).

En dicho escrito, al que ha tenido acceso este periódico, la fiscal de Cádiz, Patricia Navarro, muestra su coincidencia con el criterio de la jueza y se alinea con el rechazo a la personación del SAS en la causa judicial, alegando que “el procedimiento está en fase inicial”, que “ni siquiera se dirige aún frente a personas determinadas”, y defiende la apertura de diligencias para “identificar a los investigados”. “Ninguna documentación ajena al propio SAS obra en el procedimiento, por lo que no se produce ningún tipo de indefensión dilatando la personación del mismo hasta tanto se determinen los investigados” y la Junta pueda aclarar la posición procesal que le corresponda, reza el escrito.

En efecto, la letrada del SAS alega en su recurso que se encuentra en una situación de “indefensión” al no conocer los avances de una instrucción que trata de determinar si hubo malversación y prevaricación en el “fraccionamiento masivo e indebido” de contratos sanitarios denunciados por los interventores de la Consejería de Salud en Cádiz.

En el recurso, la Junta insiste en “ser admitida en dicho procedimiento mediante una personación ad cautelam”, es decir, “sin concretar exactamente su posición procesal, dado que al no poder acceder al contenido de las actuaciones, es imposible concretarla, con el consiguiente perjuicio e indefensión que ello genera, toda vez que sólo es posible acceder a las mismas cuando la personación es admitida”.

La causa judicial de los contratos troceados parte de una denuncia interpuesta por Podemos, que este mismo martes también remitió a la jueza sus alegaciones contra el recurso de la Junta, impugnando también sus argumentos para poder personarse sin aclarar sus motivaciones. “La personación exige la adopción de un papel procesal concreto y determinado (acusación particular, popular, investigado, responsable o actor civil, etc.) y una vinculación con el presunto delito investigado acorde a la posición procesal que se pretende ocupar”, sostiene la representación legal de Podemos.

La jueza Rosa María García Jover, que investiga posibles irregularidades en el fraccionamiento masivo de contratos del SAS en Cádiz en 2021, ha citado a declarar en calidad de testigos a dos interventores y dos altos cargos del Gobierno de Juan Manuel Moreno. En Cádiz, la investigación del interventor provincial del SAS y su equipo contabilizaron 135.767 facturas al año que sumaban 235,4 millones en contratos menores, con una muestra analizada de 175 expedientes (235.000 euros) y un 100% de anomalías detectadas, según el informe provincial que adelantó elDiario.es, y que obra en poder de la magistrada y la fiscal del caso.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz quiere interrogar a los responsables de los informes desfavorables de la Intervención de la Junta que denunciaron el troceamiento “indebido y masivo” de contratos millonarios del SAS, haciéndolos pasar por cientos de contratos menores encadenados –todos destinados a pagar la misma prestación o servicio– para así “eludir” la legislación.

Los auditores pusieron bajo sospecha el gasto total del SAS en contratos menores –en cantidades inferiores a 15.000 o 30.000 euros– que llegó a sumar 234,5 millones de euros al final del ejercicio 2021. El próximo 2 de abril deberán prestar declaración ante la jueza Antonio Rodríguez Cunill y Joaquín Pavón Rendón, interventores provinciales del SAS en Cádiz; y el día 3 de abril lo harán dos jefas de servicio del mismo departamento, Beatriz Tallón Cáliz y María Jesús Correro Fernández.

La Fiscalía de Cádiz se sumó a la investigación abierta y, el pasado 26 de febrero, solicitó a la jueza varias diligencias que ésta aceptó en una providencia firmada un día después: la fiscal reclama al SAS 14 expedientes concretos de gasto –contratos menores de distintas cantidades con la misma empresa y para una misma prestación–, el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre los contratos del SAS relativo al ejercicio 2021 y la citación, como testigos, de los dos interventores provinciales de Cádiz y dos jefas de servicio del mismo departamento, a quienes la magistrada ya ha llamado a declarar a principios de abril.

Antes de practicar nuevas diligencias, la fiscal había reclamado una copia del “extenso” informe de la Intervención de la Junta de Andalucía que censuraba el procedimiento de fraccionamiento de contratos, para corroborar si hubo “fraude de ley” en los 235 millones de euros que el SAS gastó en 2021 en miles de contratos menores.

El documento que ha solicitado el Ministerio Público es un informe de actuación que la exinterventora general de la Junta –recientemente destituida– elevó a la Consejería de Hacienda alertando de posibles indicios delictivos en la contratación del SAS en 2022, consecuencia de no haber cumplido las recomendaciones dictadas por los auditores en ejercicios anteriores para poner fin a la práctica del fraccionamiento de contratos. Tampoco ese informe de actuación hizo que el SAS corrigiera las deficiencias detectadas, puesto que las mismas advertencias reaparecieron en los informes de los interventores provinciales en 2023 y 2024.

Todos esos informes provinciales, revelados por elDiario.es, motivaron la denuncia interpuesta por Podemos en juzgados de Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén, pero sólo la primera denuncia ha provocado una apertura de diligencias.

El “abuso” del SAS de los contratos menores, que la ley limita a casos excepcionales y de urgencia justificada, hizo que la Intervención General de la Junta ordenase investigar esta figura contractual en las delegaciones provinciales del SAS en las ocho provincias andaluzas. Las conclusiones fueron similares en todas las auditorías, que destaparon un “fraude de ley” en el uso sistemático e “irregular” de este tipo de contratos. La Junta de Andalucía había adjudicado a dedo 1.225 millones en el año 2021 con el fraccionamiento “masivo e indebido” de contratos menores que, ahora, investiga la Justicia, de momento sólo en Cádiz.

El Gobierno de Moreno también está siendo investigado en un juzgado de Sevilla por supuesta prevaricación en los contratos de emergencia del SAS con clínicas privadas entre 2020 y 2024, amparándose en un decreto ley habilitado durante la pandemia cuando ya estaba derogado.