El Gobierno remite a la Junta 85.000 anuncios de pisos turísticos andaluces con “indicios de prácticas fraudulentas”

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado este viernes que ha remitido a la Junta de Andalucía un informe con 85.000 anuncios de pisos turísticos “que pueden contener indicios de algunas prácticas fraudulentas”. La documentación se ha remitido segmentada por tipos de anfitriones, alojamiento y por números de registro.

En una atención a medios con motivo de la reunión prevista con la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, el ministro ha explicado que “el propósito es aportar toda esta información recabada por la unidad de análisis del Ministerio de Consumo, así como nuestra experiencia, nuestra asistencia técnica y nuestra colaboración”. Todo ello, “con un objetivo que es el mismo en toda España: poner orden en el sector de los pisos turísticos y acabar con esta avalancha descontrolada que, como demuestran distintos estudios, está ejerciendo un papel nefasto tensionando el mercado del alquiler ante la crisis de vivienda”.

El ministro ha enmarcado esta acción en las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la “avalancha” de pisos turísticos en España y “en Andalucía, de manera especialmente acuciante”. El Ministerio de Consumo –tal como ha recordado Bustinduy– tiene abiertos dos expedientes sancionadores, uno a una gran plataforma por publicidad ilícita de pisos turísticos y otro a grandes gestoras de este tipo de oferta.

“Prácticas abusivas”

“Tenemos investigaciones en curso sobre grandes inmobiliarias que estarían incurriendo en prácticas abusivas como, por ejemplo, exigir fianzas desproporcionadas a los inquilinos, recurrir de manera fraudulenta alquileres de temporada o alquileres vacacionales para sortear las limitaciones que impone la Ley de Vivienda y también hacer pagar a los inquilinos los gastos de formalización de un contrato”, ha detallado el ministro.

La intención del Ejecutivo con la entrega de la información a Andalucía es que el Gobierno autonómico pueda también “iniciar actuaciones en varias de estas materias”. “Con espíritu de colaboración y cooperación, espero que puedan surgir iniciativas para hacer lo que demanda la ciudadanía y lo que creo que es la obligación de todas las administraciones públicas, que es poner orden en el mercado de la vivienda, específicamente, en el sector de los pisos turísticos”.

En este contexto, Andalucía ha aprobado esta misma semana el decreto ley con un plan de choque para facilitar la construcción de vivienda protegida, en el que se reconoce que el “crecimiento exponencial” de los pisos turísticos “determina la necesidad de adoptar medidas extraordinarias y de urgente necesidad”. Para ello, se dota a los ayuntamientos de nuevas herramientas como una suspensión de licencias que puede prolongarse hasta tres años y la anulación del permiso durante un año si el propietario falsea algún dato para registrar su solicitud.

Ley del Turismo Sostenible

A esto se une también la tramitación del anteproyecto de Ley del Turismo Sostenible de Andalucía. En ella, se elevan de manera “severa” las sanciones por infracciones turísticas, que incluirá por primera vez a las empresas o plataformas que oferten servicios no registrados o “clandestinos”.

Así, las multas graves pasarán de los 2.000 a 18.000 euros de la Ley de 2012 a entre los 10.000 y 100.000 euros en el anteproyecto en el que trabaja la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. En el caso de las muy graves, las cuantías pasarán de la horquilla de 18.000 a 100.000 euros a entre 100.000 y hasta 600.000 euros.

El “refuerzo” de la inspección que acompaña a este incremento de las sanciones se complementa con el uso de tecnología y Big Data, según detallaba la Junta en la presentación del anteproyecto. El consejero de Turismo, Arturo Bernal, adelantaba que las viviendas de uso turístico pasarán a estar recogidas como una modalidad más de alojamiento en Andalucía.

“Hasta ahora no se recogían y son tan válidas como alojamiento como la demás tipología. Deben ser cubiertas por la ley para aplicarles el régimen sancionador y para tener los mismos derechos y deberes que los demás”, argumentaba Bernal.

La Consejería de Turismo busca con la nueva Ley controlar los flujos de turistas para mitigar las “molestias puntuales” que son percibidas en algunos puntos turísticos de Andalucía –caso de las grandes capitales– y “reforzará” los planes turísticos en zonas rurales, un “turismo de interior para dinamizar la economía local”.