Más jefes que indios

Pasó de puntillas oscurecido por la confusa y recurrente polémica de la financiación autonómica, facilona porque enfrente está la vecina Cataluña (el agravio y la confrontación no fallan) pero, ya puestos, también están argumentalmente enfrente Andalucía o la Comunidad Valenciana.

Un informe de Comisiones Obreras (CCOO) revela que en la Administración General de la Comunidad Autónoma (todos los empleados públicos que no son docentes y sanitarios) ya hay un jefe por cada seis trabajadores.

Las jefaturas de servicio y de sección están aumentando “sin control”, un 65 por ciento en los dos últimos años con las correspondientes retribuciones asignadas. En el mismo tiempo se han duplicado los puestos sin cubrir: 1.800 plazas vacantes desde la llegada del Partido Popular y Vox al Gobierno (verano de 2023). Desde julio del año pasado gobierna el PP en minoría.

Digamos que los 10.640 puestos reales ocupados, a los que hay que sumar otros 870 que están sustituyendo a empleados públicos con incapacidad temporal, excedencia con reserva de puesto u otros motivos, son los que tienen que tramitar y justificar autorizaciones ambientales, por ejemplo las de las energías renovables o las de las granjas de porcino, y abonar las ayudas a la dependencia, a la vivienda, al autoconsumo energético y las no contributivas para quienes no tienen ingresos.

Esos empleados públicos son los que tienen que garantizar la agilidad y la calidad en la prestación del servicio público, en la atención al ciudadano y en la ejecución presupuestaria para evitar que se pierdan los fondos europeos. Incluidas las sustituciones, los puestos reales totales son 404 menos que en 2018. Sobrecarga para la plantilla que contrasta con el desproporcionado aumento en las jefaturas de servicio y de sección.

A estos datos se une la alta tasa de temporalidad, un 44 por ciento en enero de este año, que no se está consiguiendo reducir ante lo que los dirigentes de CCOO han calificado de “inoperancia de la Administración para culminar los procesos selectivos que debían estar finalizados o a punto de hacerlo”. Según los datos de CCOO alrededor de cinco mil plazas son temporales coyunturales o estructurales.

Un dato positivo y otro negativo. El positivo es que han descendido más de la mitad las comisiones de servicio por los concursos abiertos y permanentes que se iniciaron en octubre de 2022, hace tres años. El negativo es que los administradores superiores están colonizando y modelando a su antojo la estructura directiva (nivel 30).

Los administradores superiores, entre los que predominan los licenciados en Derecho, son los que están en las secretarías generales técnicas, en las direcciones generales y en las jefaturas de servicio. Otras titulaciones superiores, por ejemplo los veterinarios/as y los farmacéuticos/as, están viendo limitada la promoción interna.

Por eso, los responsables de CCOO reclaman herramientas objetivas que permitan fiscalizar las decisiones de quienes han consentido que en cinco años las jefaturas de servicio hayan crecido un 18 por ciento, de 94 a 134, y las de sección un 8 por ciento, de 81 a 107.

Son los datos que dieron a pie a que los responsables de CCOO proyectaran que “vamos hacia una Diputación General de Aragón con más jefes que indios”. Algo habrá tenido que ver también la decisión del presidente Azcón de acoger en puestos destacados a todo el centroderecha en extinción electoral, a determinados ex cargos de Ciudadanos y generosamente del Partido Aragonés y de sus múltiples escisiones. El Par, el partido que más años ha estado en el Gobierno de Aragón, se mantiene con respiración asistida gracias a algunos pequeños municipios del territorio sobre todo la provincia de Teruel.

Esta dinámica transmite que no hay estrategia sobre la función pública. Solo gestión táctica de la inmediatez que entra en contradicción con el mantra electoral de la derecha del ahorro en el gasto público. Se prima lo clientelar sobre lo profesional.

También es cierto que la necesidad de poner orden en casa, fundamental para que los ciudadanos confíen en la administración autonómica, esté el Gobierno que esté, pasa desapercibida en medio del fragor de los titulares fáciles sobre la financiación. O sobre la prórroga presupuestaria sin contraindicaciones si la hace el Gobierno de Aragón y prueba del fracaso de la legislatura si la aprueba el Gobierno de España. Ejemplos rotundos y descorazonadores de la incapacidad para llegar a acuerdos en el estado de las autonomías y entre los dos grandes partidos.