¡Buenos días
¿Cómo llevas la semana? Espero que bien, aunque entiendo tu nivel de indignación ante la negativa de las derechas a aprobar en el Congreso temas básicos como la subida de las pensiones, el descuento de los transportes públicos o la prórroga del salario mínimo, entre otros.
En la jornada de este miércoles en el Congreso se pudo apreciar claramente las consecuencias de las decisiones políticas sobre la economía y el bolsillo de las personas. PP, Vox y Junts tumbaban el decreto ómnibus, que renovaba parte del escudo social para contener los efectos económicos de la inflación o la DANA en Valencia, con medidas como un bono social eléctrico, la protección contra los desahucios a familias vulnerables o la subida de las pensiones.
Se trata de decisiones políticas que tienen una alta incidencia sobre las personas. Por ejemplo, el alza del 2,8% de las pensiones, del 6% de las mínimas y del 9% en las no contributivas y el ingreso mínimo vital se va a percibir en enero, pero ha decaído de cara a febrero, según advierte el Gobierno tras el palo en el Congreso. Aquí te lo explicamos.
También decae la reducción de los precios de los abonos de transporte público, que se habían planteado para la primera mitad de año, y que afectará a más de 20 millones de usuarios habituales, y no salen adelante las ayudas para los agricultores y los empresarios valencianos afectados por la DANA.
Al igual que es una decisión política que PP, Vox, Junts y el PNV se hayan unido el la Cámara Baja para frenar el impuesto especial a las compañías energéticas, una postura que va a eximir a las multinacionales de pagar 1.000 millones de euros anuales y los retrae de las arcas públicas. Es política para beneficiar a unas empresas.
También fue una decisión política facilitar la movilidad de las empresas ante el proceso independentista y también es política la aprobación del Banco Sabadell de volver a trasladar la sede de la entidad a Catalunya. En 2017 se la llevaron a Alicante por un tema político, la amenaza independentista que iba a perjudicar al negocio. Ahora vuelven a Catalunya porque les interesa como defensa frente a la OPA del BBVA. No es solo que en esta comunidad autónoma estén un 23% de los accionistas minoritarios, también saben que con el PSC en la Generalitat catalana van a tener más influencia sobre el Gobierno central.
Toda esta retahíla de decisiones políticas y empresariales que te he comentado vienen a concluir con la operación de la semana: el relevo de José María Álvarez-Pallete como presidente de Telefónica por decisión del Gobierno. Le sustituye Marc Murtra, hasta entonces presidente de Indra también por designación del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Y sí, estamos hablando de maniobras políticas que tienen que ver con empresas, como siempre ha ocurrido en España, pese a que el Partido Popular ahora haga acusaciones de intrusismo cuando ha sido el partido que más ha entrado a designar posiciones en los consejos de administración de las compañías desde el afán privatizador de Aznar en los años 90.
Cuando el Gobierno eligió a Murtra como presidente de Indra, al ser el principal accionista de la compañía de defensa a través de la SEPI, el PP se tiró al monte con acusaciones de intervencionismo, cuando la realidad es que los populares también eligieron a la cúpula directiva de esta empresa cuando estuvieron en Moncloa.
Con la capacidad decisoria que le da ser el máximo accionista de Telefónica como respuesta a la entrada de Arabia Saudí en la operadora, el Gobierno ha decidido destituir a Álvarez-Pallete con el respaldo de otros accionistas. Es especialmente relevante el apoyo de La Caixa, que mantiene a Isidre Fainé como vicepresidente de la operadora y da el visto bueno a un directivo de su confianza como Murtra. El Partido Popular ha vuelto a quejarse, solo es intrusismos cuando lo hacen otros partidos, nunca cuando lo hace el PP, aunque manejen a su antojo instituciones públicas como los organismos judiciales o empresas privadas. No hay nada nuevo bajo el sol, el Gobierno decide. Lo relevante es el momento y el motivo: cuando el Ejecutivo muestra más debilidad ante los desplantes de Junts y con el nuevo espacio mediático que se va a conformar con el nacimiento de nuevos referentes catódicos y la crisis de algunos medios, que pueden desaparecer si determinados apoyos publicitarios se reducen. Son empresas y es política.
Las empresas españolas no es que se hayan caracterizado por su funcionamiento democrático. En España no ocurre como en Alemania, donde los empleados suelen tener un espacio en el consejo de administración y en la gestión de las compañías, lo que tiene claros efectos positivos en términos de eficiencia económica. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado varias veces que espera que en esta legislatura se consiga “la participación de los trabajadores en los órganos de dirección de las empresas como la mejor garantía de corresponsabilidad en términos democráticos”. Pero, ¿qué pasa en entornos empresariales como las patronales? Parece que en Cepyme hay pocas ganas de democracia. Hay una guerra abierta en la cúpula de los empresarios españoles. Ya había un conflicto que viene de lejos entre el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el de la patronal de pequeñas y medianas empresas (Cepyme), Gerardo Cuerva. La tensión se ha avivado cuando ha salido a la luz que desde CEOE se buscaba un candidato alternativo a Cuerva ante las próximas elecciones para el liderazgo de las pymes. La discreción que suele reinar en las organizaciones empresariales se ha roto. Parece que la democracia gusta pero solo cuando hay un único candidato. Aquí te explicamos la guerra soterrada en la cúpula de la CEOE estalla por el liderazgo de las pequeñas empresas.
40.000 millones de euros
ha sido el reparto de dividendos que han hecho las empresas españolas entre sus accionistas en 2024. Se trata de un año récord, con un incremento del 25% respecto a 2023. El principal empuje a este crecimiento se debe a los bancos del Ibex 35 que han elevado la retribución de sus accionistas debido a las altas ganancias que gracias a la subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) y por la falta de competencia en el sector. A pesar de las tentaciones de la derecha de pintar un escenario apocalíptico de la economía, la realidad es que es un buen momento económico para las empresas. Aquí te explicamos que las empresas de la bolsa española reparten un récord de 40.000 millones de dividendos.
Mientras, seguimos con el problema enquistado de la vivienda. Se trata de una situación preocupante porque afecta directamente a la salud económica del país. Ya te habíamos contado que la renta de los caseros duplica a la de los inquilinos y se ha convertido en un claro factor de desigualdad social. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya avisó de que España se enfrenta a la disyuntiva de “no convertirse en una sociedad dividida en dos clases, los propietarios ricos y los inquilinos pobres”. De hecho, en el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español resalta que la tasa general de la pobreza sube por el incremento del coste de la vivienda. En este enlace te explicamos cómo la crisis de la vivienda aumenta la pobreza en España.
Nadie puede negar que nunca ningún Gobierno hizo un esfuerzo mayor para salvar el mutualismo, jamás, ahí están los números
Pues es cierto. No se recuerda a ningún Gobierno que haya hecho tanto para que las aseguradoras y la sanidad privada saque una mayor tajada del negocio por la prestación de sus servicios a los funcionarios públicos. Parece que ya no son suficientes ni los 4.500 millones de euros que el Gobierno puso sobre la mesa para atraer a las aseguradoras a la segunda licitación, que no hay que olvidar como dijo el propio ministro, que se trata de “dinero de todos”. Ahora resulta que el Ministerio que dirige Óscar López está dispuesto compensar los costes extraordinarios a las empresas que prestan asistencia sanitaria privada a un millón y medio personas, entre funcionarios y sus familiares. Es entendible que el Gobierno quiere salvar la segunda licitación y darse tres años para repensar el modelo, pero no puede ser a cualquier precio, más aún cuando un informe de Muface reveló cómo las aseguradoras “no aportan la evidencia de costes” para justificar un incremento de la prima. Aquí te contamos cómo el Gobierno abre la puerta a compensar los supuestos costes extra de las aseguradoras de Muface.
Y volvemos al principio para comprobar, una vez más, que política y economía son indisolubles o cómo, muchas veces, las empresas y los políticos van de la mano. Aunque en esta ocasión la relación sea bastante perniciosa. Uno de los grandes éxitos de Donald Trump es haber doblegado a los grandes magnates tecnológicos. Si en la primera legislatura el republicano tuvo en contra a la mayoría de Silicon Valley, en esta ocasión los opulentos directivos de las principales compañías digitales han optado por convertirse en parte de la corte que agasaja a Trump. Se trata de una “oligarquía tecnológica” o una “tecnocasta”, como los denominó el presidente Pedro Sánchez, que deberían “rendir cuentas, aunque sean los más ricos del mundo, si no cumplen con las normas establecidas para estas plataformas”. En este reportaje de Carlos del Castillo te explicamos quiénes son Pichai, Bezos o Cook, la corte tecnológica de Trump y Musk.
En esta sección te traemos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:
Se acabó lo que se daba, que se lo pregunten a Álvarez-Pallete. Nos volvemos a ver el jueves con más análisis y noticias económicas. Hasta entonces nos puedes escribir con ideas, propuestas o quejas a contraoferta@eldiario.es.
¡Buena semana!
Sobre este blog
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Rodrigo Ponce de León, redactor jefe de Economía de elDiario.es, te trae cada jueves una newsletter con la información económica que te importa con un punto de vista riguroso y diferente. Pese a su valor, no te cobramos nada por apuntarte ni por recibir el boletín. Suscríbete aquí:
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