Los colectivos firmantes del Manifiesto por La Palma se unen a la manifestación estatal por una vivienda digna

El Movimiento de Colectivos de La Palma, compuesto por diversos colectivos ciudadanos y personas a título individual, se suma a la gran manifestación estatal descentralizada convocada para este sábado, 5 de abril, bajo el lema “Acabemos con el negocio de la vivienda”. Esta jornada de movilización, la primera de su tipo en más de una década, se llevará a cabo en más de 40 ciudades de todo el Estado español, uniendo a miles de personas en la lucha por el derecho a la vivienda digna y accesible.

“En La Palma, nos solidarizamos con la lucha colectiva de las decenas de miles de personas que, desde el 13 de octubre de 2024, han salido a las calles en ciudades como Madrid, Barcelona y muchas otras, para exigir que se tomen medidas urgentes ante la creciente crisis de la vivienda. Mientras tanto, la realidad en nuestra isla es crítica: los precios de alquiler y compra se disparan, y las familias palmeras, especialmente la juventud, se ven obligadas a abandonar su tierra en busca de un hogar digno. La falta de vivienda accesible es una de las principales preocupaciones de la población local, y la erupción volcánica de 2021 solo ha agravado esta situación”, informan en nota de prensa.

El Movimiento de Colectivos de La Palma rechaza “el modelo actual de especulación inmobiliaria y turistificación que está poniendo en peligro el acceso de las personas a un derecho fundamental como es la vivienda. Nos unimos a las demandas que, a nivel estatal, exigen una bajada inmediata de los alquileres, la recuperación de viviendas vacías, la ilegalización de las empresas de desokupación, y la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional para las familias vulnerables. Además, en La Palma, reclamamos que se pongan en marcha políticas públicas que promuevan la vivienda pública y regulen el uso turístico de los pisos, que están acaparando recursos fundamentales para la población residente”.

“Reivindicamos un modelo de desarrollo integral y equilibrado, que apueste por la sostenibilidad, el respeto a nuestro territorio y la justicia social. El derecho a la vivienda es un derecho constitucional y debe ser entendido como un derecho humano fundamental, y no como una mercancía al servicio del beneficio de unos pocos. Como reza el Manifiesto por La Palma, se necesitan de manera urgente políticas que garanticen el derecho a tener dónde vivir: apostar por la vivienda pública, tomar medidas para frenar la especulación del suelo, regular el número de viviendas de uso turístico y movilizar vivienda vacía. Es necesario que las administraciones públicas adopten medidas contundentes para regular el mercado, limitar la especulación del suelo y garantizar la construcción de vivienda pública que responda a las necesidades de la población local”, dicen.

“En nuestra isla, la crisis de la vivienda se ha intensificado tras la erupción, y, a pesar de la urgencia del problema, las soluciones propuestas por las autoridades no han sido suficientes. La especulación del suelo y la falta de medidas efectivas están dejando a muchas personas sin acceso a un hogar. La respuesta de la administración ha sido, hasta ahora, insuficiente y ha privilegiado los intereses de unos pocos, a costa del bienestar de la mayoría”, apuntan.

“Por ello, este sábado, en solidaridad con la jornada de movilización estatal, nos unimos al grito común de toda la ciudadanía que clama por un futuro en el que el derecho a la vivienda sea garantizado para todas las personas. La Palma, como parte del archipiélago canario, no es ajena a esta crisis, y es hora de que las autoridades locales y regionales tomen medidas concretas para asegurar que nuestras comunidades tengan acceso a un techo digno”, subrayan.

“Este sábado, 5 de abril, nos unimos a la protesta estatal con la esperanza de que la lucha por el derecho a la vivienda sea una lucha común que resuene en cada rincón de La Palma y de todo el Estado. Solo a través de la organización colectiva y la acción conjunta podremos frenar el negocio de la vivienda y garantizar que todas las personas puedan vivir dignamente”, concluyen.