El índice de accidentalidad laboral se ha estabilizado en Canarias después de aumentar varios años seguidos a raíz de la crisis sanitaria del coronavirus. Las cifras provisionales del Instituto Canario de Seguridad Laboral (ICASEl) muestran que el número de accidentes en el trabajo en noviembre de 2024 fue de 2.535,07 por cada 100.000 ocupados, un registro inferior al contabilizado en el mismo mes de 2023, 2.664,31 por cada 100.000.
El director del ICASEL, Elirerto Galván, cree que el año pasado llegó por fin una “normalización” de la actividad después de varios cursos marcados por la reactivación económica tras la pandemia. “Ahora estamos en una fase en la que las empresas están mucho más estabilizadas, la población trabajadora ya tiene su formación y existe una cultura preventiva mejor. Y eso va a ayudar”, argumenta.
A pesar de ese frenazo de la tendencia alcista, los sindicatos siguen preocupados porque los problemas son los mismos que hace meses, cuando las cifras continuaban creciendo. Para UGT, las evaluaciones de riesgo se han “estandarizado” en las Islas, ya que “en muchas ocasiones” se realizan sin un “verdadero análisis en profundidad” de las condiciones de trabajo de cada empresa.
La delegada de Salud Laboral de Comisiones Obreras (CCOO) en la Comunidad Autónoma, Carmen Marrero, recuerda por su parte que las bajas por salud mental, que no engordan las estadísticas de los accidentes laborales, sí tienen mucho que ver con las condiciones de trabajo y estas, en cambio, no han parado de aumentar en todo este tiempo.
“La ansiedad, el estrés, la depresión y muchas más cuestiones que terminan siendo patologías físicas son tratadas desde el ámbito de la sanidad pública y no como que su origen está en la precariedad, los ritmos del trabajo y esa falta de conciliación de la vida laboral y familiar”, expresa Marrero.
La serie histórica muestra que la accidentalidad laboral en 2020, el primer año de la COVID-19, afectó a 2.027,08 trabajadores por cada 100.000. En 2021, esa cifra subió hasta los 2.354,32; en 2022 también aumentó y en 2023, el último curso con registros completos, alcanzó los 2.856,21 ocupados por cada 100.000. Es la primera vez desde 2013-2016 que la incidencia aumenta durante varios años seguidos.
El diputado del PSOE y ex secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT) en Canarias, Gustavo Santana, opina que “es posible que se relajaran las medidas preventivas en las empresas y existiera una sobrecarga sobre las personas trabajadoras, priorizando la recuperación económica de las compañías a la salud laboral”. En 2023 y 2022, de hecho, hubo 19 y 20 accidentes mortales en el trabajo, respectivamente. Ambas cifras son las más elevadas desde 2014. El año pasado, hasta noviembre, se habían reportado 14 muertes.
Para Santana, “es obvio que algo debe estar fallando” y ante esto, dice, “no solo tienen responsabilidad las empresas, sino también el Gobierno de Canarias y la Consejería de Turismo y Empleo”.
El ex secretario general de UGT pone como ejemplo la “pésima” gestión de las subvenciones destinadas a los sectores empresariales, sindicales y autónomos que pudieran tener gabinetes técnicos de prevención. Dice que entre 2023 y 2024 se dejaron de ejecutar 470.000 euros en este sentido y que a eso hay que sumarle “las poco impactantes campañas de prevención en los medios de comunicación” desarrolladas por el Ejecutivo regional.
El año pasado, el Gobierno había preparado una campaña para prevenir el estrés laboral que buscaba “romper la posible barrera de desconocimiento e indiferencia” ante los riesgos psicosociales. Ese anuncio mostraba a un hombre al que le comenzaban a aparecer cicatrices en la cara con palabras como “ansiedad”, “estrés” y “acoso”. La patronal consideró que la propuesta ofendía y demonizaba a una de las partes, a la empresarial. Y el anuncio final de la Consejería, publicado hace unas semanas, tan solo recoge la siguiente afirmación genérica:
“La salud y el bienestar físico y mental en el trabajo, que tienen carácter multifactorial, deben ser una prioridad para empresas, personas trabajadoras y administraciones públicas. Luchemos para prevenir los riesgos psicosociales en el trabajo”.
La accidentalidad laboral varía mucho en función del sector: en 2023, la construcción reportó 6.355,26 accidentes por cada 100.000 trabajadores, las actividades agrarias registraron un poco menos (5.982,73) y la industria (4.349,89) y el sector servicios (2.420,4) cerraron la clasificación. Según números absolutos, las actividades económicas más afectadas fueron: los servicios de alojamiento, con 4.060 incidentes, el comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas (2.468) y los servicios de comida y bebida (2.150).
José Francisco Hernández es técnico de prevención de riesgos laborales en UGT. Él pone el foco en la calidad de los servicios que se prestan desde las empresas de prevención externas. Dice que sus trabajadores están saturados, que el volumen de trabajo es “tan ingente” que “su labor no llega a dar respuesta a las necesidad empresariales” en esta materia y que eso explica, en parte, “los actuales datos de siniestralidad que estamos soportando”.
Marrero ahonda en esta idea. “Tienen un ritmo de trabajo alucinante. Si hablas con ellos, te van a decir que a lo mejor tienen a su cargo a ciento y pico, incluso doscientas empresas que deben visitar”. En algunos casos, los técnicos solo pueden contactar con las compañías por videollamada, descartando el seguimiento presencial. “La precariedad laboral está en el propio sector”, reconoce.
La delegada sindical de CCOO lamenta que en España y en Canarias, “particularmente”, sigue sin haber una “cultura preventiva inherente al mundo laboral”. Ella cree que la prevención continúa viéndose como “una carga desde el punto de vista económico” y que no se ha actualizado la legislación al respecto. La ley de prevención de riesgos laborales es del año 1995. Han pasado treinta años desde entonces.
“Estamos pretendiendo que la normativa se adapte al nuevo mercado laboral, con la llegada de la inteligencia artificial, el teletrabajo… El cambio climático también tendría que estar ahí. En 1995, era un sector muy masculinizado y, sobre todo, de una alta siniestralidad. Es necesaria esa actualización”, destaca Marrero.
Las cifras de accidentalidad también muestran una realidad destacada por todos los expertos: las caídas en altura. En 2023, hubo 4.984 accidentes por resbalones o caídas en el Archipiélago, el dato más elevado desde 2009. Marrero señala que en las Islas sigue habiendo “falta de coordinación empresarial” cuando una compañía grande contrata a una pequeña para obras en tejados o cubiertas y que “muchos” de los accidentes se producen dentro de estas últimas, que no son avisadas de los riesgos.
“Las [empresas] mayores se lavan las manos y terminan diciendo: no, ese no es mi trabajador. Pero la ley de prevención de riesgos lo que dice es que tiene que haber una coordinación empresarial porque están trabajando en los mismos centros de trabajo. Tiene que haber una corresponsabilidad”, agrega la delegada sindical de CCOO.
El director del ICASEL, Elirerto Galván, dice que visitaron “prácticamente todos los polígonos industriales” a raíz de esos datos y que en 2024 asesoran a “más de 800 empresas”. Espera que esa actuación ayude a ralentizar los incidentes en esta cuestión, como viene sucediendo en términos generales.