Canarias saca a concurso por 180 millones los conciertos con las clínicas privadas tras dos años con los contratos caducados

Más de dos años después de que vencieran los contratos para la derivación de pacientes del Servicio Canario de Salud (SCS) a una docena de clínicas privadas, la Consejería de Sanidad acaba de publicar los pliegos de los nuevos conciertos de hospitalización de media estancia.

El presupuesto base de licitación asciende a 180 millones de euros por un periodo de cuatro años, a razón de 45 millones al año. Esa cantidad, sin embargo, se podría incrementar hasta los 260 millones porque los pliegos contemplan la posibilidad de una prórroga de un año y de una modificación de los contratos de hasta el 20% de su montante.

Hasta la fecha, la Consejería de Sanidad ha renovado mediante los denominados expedientes de nulidad (un mecanismo excepcional de pago cuando se justifica que el servicio debe seguir prestándose aun cuando no se haya respetado la norma de contratación) convenios que caducaron en diciembre de 2022, la fecha en la que finalizó el plazo máximo de vigencia de las adjudicaciones realizadas en virtud del concurso convocado en 2018.

En aquel concurso se adjudicaron 890 camas (luego ampliada a 897 a través de una adenda con una de las clínicas). En los nuevos pliegos, esa cifra asciende a 998 camas. Es decir, prevé contratar 101 más. En al anterior concurso, que puso fin a contratos que la sanidad canaria arrastraba desde el franquismo a través de prórrogas automáticas al margen de la ley, se habían ofertado muchas más camas (en concreto, 1.157), pero las clínicas privadas sólo cubrieron un 77% de esas plazas.

Los 180 millones de euros del presupuesto de licitación de este nuevo concurso suponen un incremento de 14 millones (4,5 por año) con respecto al adjudicado hace ya siete años (166 millones para el mismo periodo).

El anuncio de licitación fue publicado el pasado 31 de marzo en la plataforma de contratación del sector público. Las empresas interesadas en concurrir tienen hasta el 28 de abril para presentar sus ofertas y la Consejería de Sanidad estima que los nuevos contratos podrán comenzar a ejecutarse a partir de octubre de este año.

Cuatro lotes entre Gran Canaria y Tenerife

Al igual que en 2018, el concurso se divide en cuatro lotes, dos para la isla de Gran Canaria y dos para Tenerife. Dos para pacientes de alto requerimiento (con enfermedades de nueva aparición, reagudización o complicación de procesos de base) y dos para pacientes de menor complejidad (en proceso de recuperación o rehabilitación que ya han superado la primera fase de la enfermedad y requieren cuidados de hospitalización).

En la isla de Gran Canaria, se licitan 290 camas para pacientes de mayor requerimiento (26 más que las adjudicadas en 2018) y 376 para los de menor complejidad (34 más). En Tenerife, Sanidad saca a concurso 312 plazas para enfermos que demandan una mayor atención (28 más) y tan sólo 20 para los de menor (en el concurso de 2018 se convocaron 27 camas en este lote, pero ninguna empresa presentó oferta).

Según los pliegos, firmados por la consejera de Sanidad, Esther Monzón (Coalición Canaria), para determinar el coste de los neuvos contratos se ha realizado una estimación de los porcentajes de costes directos e indirectos en los centros dependientes del SCS. Por islas, 128 millones de euros para Gran Canaria y 51 para Tenerife.

Entre otros requisitos, las bases del concurso establecen la obligación de estas clínicas de disponer de cuatro profesionales médicos en jornada completa y con una atención continuada de 24 horas, con un índice mínimo de un especialista en Medicina Interna o Geriatría por cada 25 camas para los pacientes de mayor requerimiento y por cada 40 para los de menos.

Además, los hospitales deberán disponer para estas derivaciones de dos profesionales de enfermería por cada 20 camas en el turno de mañana, de otros dos en el de tarde y uno en el de noche. En el caso de los técnicos de cuidados auxiliares de enfermería se requiere para el mismo número de camas tres profesionales por la mañana, dos por la tarde y dos por la noche.

Las clínicas tendrán que tener a un trabajador social por cada 40 camas a media jornada en turno de mañana, a un fisioterapeuta por cada 20 pacientes en jornada completa y a un terapeuta ocupacional.

Las estancias durante los primeros 60 días en los hospitales concertados se pagarán a 175 euros por día para los pacientes de mayor requerimiento y a 158 a partir del día 61. Para los pacientes de menos complejidad, esas cifras ascienden a 141 euros para los primeros dos meses y 128 para los sucesivos.

Tres años con contratos caducados

De cumplirse las previsiones de la Consejería de Sanidad, la docena de clínicas privadas que en la actualidad prestan estos servicios de hospitalización de media estancia habrán cobrado durante casi tres años con los contratos vencidos. En su último informe, la Audiencia de Cuentas ya denunció que el SCS pagó la mitad del dinero destinado a los conciertos sanitarios en 2023 sin someterse a la normativa de contratos, a través de expedientes de nulidad.

En ese informe, el órgano fiscalizador lamentaba que la Consejería de Sanidad no hubiera incorporado el personal prometido a la unidad funcional de gestión de conciertos para agilizar estos procedimientos.

Esa unidad se creó en la primavera de 2016. El entonces consejero Jesús Morera (PSOE) constituyó un equipo que tenía como objetivo renovar los conciertos que la sanidad canaria mantenía desde la época preconstitucional. Esos trabajos concluyeron en 2018 con la convocatoria y adjudicación de los contratos, ya con José Manuel Baltar, el independiente que Fernando Clavijo (CC) había reclutado de la sanidad privada, como consejero.

Tras el vencimiento de esos contratos en diciembre de 2022, la Consejería de Sanidad ha tardado casi dos años y medio en convocar el nuevo concurso. En este tiempo, tanto la Audiencia de Cuentas como el Consejo Consultivo han recordado de forma insistente a la administración autonómica que los expedientes de nulidad no pueden ser la forma recurrente de pagar y que se trata de un procedimiento excepcional.