Mogán rechaza las alegaciones contra la tasa turística: “Vamos a esperar a que la justicia se pronuncie”

Con los votos a favor de los concejales del grupo de gobierno (Juntos por Mogán- Coalición Canaria) y el rechazo de la oposición (PSOE y Nueva Canarias), el pleno del Ayuntamiento de Mogán ha aprobado este viernes de forma definitiva la denominada tasa de acción turística tras desestimar todas las alegaciones presentadas contra esta iniciativa.
La alcaldesa del municipio, Onalia Bueno, asume la judicialización del caso después de que la patronal hotelera haya anunciado su intención de llevar la ordenanza reguladora de este tributo a los tribunales.
“Vamos a esperar a que la justicia se pronuncie, será un juez quien lo determine (su legalidad o ilegalidad)”, ha dicho la regidora durante su intervención en el pleno.
El gobierno de la localidad sureña ha defendido que se trata de una medida “pionera” en todo el Estado. Con la aprobación de esta tasa, toda persona que se hospede en cualquier establecimiento hotelero, extrahotelero o en una vivienda vacacional del municipio tendrá que pagar 0,15 euros al día para financiar servicios públicos deficitarios.
Contra esa ordenanza se presentaron ocho escritos de alegaciones. Además del PSOE y de NC, que este viernes han vuelto a plantear sus objeciones, pidieron su retirada, entre otras, la patronal hotelera de Las Palmas (Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo -FEHT-) y la nacional (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos- CEHAT-).
Siete de esas ocho alegaciones coincidían en definir de “ilegal” la tasa, puesto que este tipo de tributo debe estar asociado a la prestación de un servicio por parte de la administración y el pagador (en este caso, el turista) debe beneficiarse “de forma particular” de ese servicio.
Tanto los partidos de la oposición como los empresarios incidían en que ese servicio no está definido de forma clara y precisa en la ordenanza y que, por tanto, esa tasa enmascara un impuesto para el que no tiene competencia el ayuntamiento.
“Se está implantando un impuesto, no una tasa”, ha señalado el concejal del PSOE Artemi Artiles en el pleno de este viernes antes de preguntar de nuevo “qué servicio presta la administración al turista que duerme en Mogán”. “Si no tienen claro el servicio, menos cuál es el coste”, ha añadido el edil socialista, que ha incidido en que en el cálculo de la tasa no se han tenido en cuenta los ingresos que genera la actividad turística y que otros municipios de Gran Canaria con más población recaudan menos millones que Mogán.
Por su parte, Juan Manuel Gabella, de Nueva Canarias, dijo compartir con el gobierno municipal la necesidad de reforzar la financiación municipal, pero no la vía “incorrecta e ilegal” que ha utilizado para ello. El concejal canarista recordó que su formación presentó en el Parlamento de Canarias una propuesta para implantar un impuesto autonómico que grave la actividad turística y defendió que ese debe ser el camino.
“El concepto de la tasa es muy simple, se paga por lo que se recibe: recibo agua y pago agua. En este caso no es así, la ausencia de contraprestación en el pago de la tasa la convierte directamente en un impuesto”, ha agregado.
Gabella ha reprochado también al secretario del Ayuntamiento que haya dado su conformidad a una tasa que ha calificado de “ilegal, injusta y arbitraria”. “Usted debe ser el secretario de la corporación, no el del gobierno”, le ha dicho.
En su respuesta, Bueno ha defendido su “proactividad ante la imposibilidad del Gobierno de Canarias” (liderado por su mismo partido) de implantar un impuesto autonómico y ha insistido en que “muchos ayuntamientos” de todo el país están esperando a ver qué pasa en Mogán para “imponer la tasa en cascada”.
La alcaldesa ha dicho que los concejales de la corporación no tienen “el conocimiento suficiente” para determinar la legalidad o ilegalidad de una ordenanza, pero que sí lo tienen “las más de diez personas (técnicos municipales) que han participado en el expediente”.
En el turno de réplica, Artiles (PSOE) ha preguntado a la alcaldesa “quién va a pagar las costas judiciales” si el Ayuntamiento pierde en los tribunales y ha recordado que la solución “ya está inventada”, que se trata de implantar un impuesto autonómico como el que opera, por ejemplo, en Catalunya. “Estamos de acuerdo en el fondo”, señaló el concejal socialista antes de instar a CC y a NC, “porque con el PP es prácticamente imposible”, a juntar la mayoría para aprobar el impuesto en el Parlamento regional.
Gabella (Nueva Canarias) recordó a la alcaldesa que en el informe sobre la reforma de la financiación territorial, elaborado por la comisión de expertos del Ministerio de Hacienda, se concluye que el camino era la creación de un impuesto que gravara las estancias turísticas y no una tasa, y le recomendó que antes de ir a los tribunales analizara dos recientes sentencias del Supremo “para ahorrarse el dinero”.
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