Avalada en EEUU y condenada en España: la maraña judicial de una madre que se fugó con su hija

Jewel lo tiene todo listo. Este martes recibió la notificación judicial que le da 10 días para entrar en la cárcel y cumplir la condena de tres años y un mes de prisión por huir de Barcelona en 2020 con su hija Mandy (nombre ficticio), de 10 años, a Estados Unidos sin el consentimiento de su padre. También tiene una condena de tres meses por no pagar la pensión a su exmarido durante poco más de dos años. 

La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Penal 7 de Barcelona, es firme después de que tanto la Audiencia Provincial como el Tribunal Supremo rechazaran sus recursos. Jewel reconoce que se llevó a su hija, pero defiende que se fue para protegerla de su expareja. 

La Justicia española ha descartado esa posibilidad, pero la de EEUU sí deja la puerta abierta a dar veracidad al alegato de la madre. Así, mientras un juzgado en Barcelona ha condenado a Jewel por secuestrar a su hija, otro en Washington considera que “no se ha descartado debidamente” que la pequeña estuviera en riesgo y apunta a que podría haber motivos justificados para la huida.

ElDiario.es ha podido consultar las distintas resoluciones de los tribunales civiles y penales de España, y civiles de EEUU. El resultado es una maraña judicial que, previsiblemente, terminará con el ingreso en prisión de la madre en España por un delito de sustracción de menores. 

En un primer momento, un juez de Washington dio la razón al padre de la niña y ordenó el retorno de la menor a España. La madre acató la resolución y Mandy volvió a Barcelona a principios de 2021, casi un año después de su marcha. Pero, en paralelo, Jewel recurrió la decisión del juez.

Pasados ocho meses, el Tribunal de Apelaciones de Washington anuló la orden de retorno de Mandy, aunque la pequeña ya estaba en Barcelona. Los magistrados consideraron que la niña no debería haber vuelto porque el primer juicio fue “fundamentalmente injusto”. Esa resolución se basa en que el juez se negó a aceptar como pruebas una serie de evidencias que, según la defensa, demostraban que el retorno podría “poner en riesgo la seguridad” de la menor.

Además, tampoco se aceptaron los diversos informes y peritajes psicológicos que se realizaron a Mandy, ni se permitió que se realizara otro examen a la pequeña, tal como reclamaba Jewel. Debido a todo esto, el Tribunal de Apelaciones afeó que el primer juicio no resolviera “disputas fácticas importantes” tales como dirimir si, efectivamente, Mandy corría peligro al volver a Barcelona. El magistrado estadounidense destacó que la defensa tenía “una alta carga de prueba” para sustentar su versión.

Según tres abogados especialistas en derecho de familia internacional, es “totalmente irregular” que el juez dictara el retorno de la pequeña cuando la sentencia todavía no era firme, ya que no se había resuelto la apelación. “Esto no se hace nunca, ni en procesos civiles ni penales”, aseguran a elDiario.es.

Los tribunales españoles niegan el riesgo

A diferencia de lo dictado por el Tribunal de Apelaciones de Washington, las instancias judiciales españolas no han considerado suficientemente probado que la menor estuviera en riesgo. Uno de los principales motivos para sustentar esta opinión es que la madre denunció a su pareja por malos tratos cuando ya había abandonado España junto a Mandy, por lo que no pudo aportar pruebas y la denuncia fue sobreseída. 

En este sentido, los tres letrados consultados destacan que el orden de los factores sí altera el producto, y resaltan que el hecho de que una mujer se vaya antes de denunciar “hace sospechar a los tribunales” de que no ha habido malos tratos.

Así lo entendió el juzgado de lo penal en España que constató que si bien hubo “comportamientos no muy adecuados” por parte del padre de la menor, estos “no podían ser calificados de malos tratos”. 

Desde la asociación Dones Juristes sostienen que este modus operandi es frecuente en mujeres extranjeras que no cuentan con redes de apoyo en el país en el que viven y priorizan volver con sus familias y amigos para “sentirse seguras” antes de iniciar cualquier proceso judicial.

Tras alegar este razonamiento ante los tribunales, aunque el Supremo mantiene la condena, sí reconoció que “el supuesto maltrato […] no ha podido ser totalmente descartado u objetivado”, por lo que recomendó “una exploración más amplia que incluya a todo el núcleo familiar”. Pero esa investigación nunca se llevó a cabo.

Este es un detalle que también extraña a los abogados consultados. Apuntan a que en este tipo de casos, cuando se dicta el retorno de un menor, normalmente va condicionado a que el país de origen (en este caso, España) garantice la seguridad de la criatura hasta que se resuelva si su integridad está en riesgo.

“Normalmente, los niños sólo vuelven si la justicia del otro país se compromete a, por ejemplo, establecer visitas periódicas de Servicios Sociales o, incluso, a decretar una orden de alejamiento contra el progenitor hasta que se compruebe que no es un peligro”, apuntan letrados especialistas en esta materia. Pero estas medidas no fueron pedidas en el caso de Mandy.

Padres de países distintos

El caso se remonta a 2008. Entonces Jewel trabajaba como azafata y en una escala en Irlanda conoció a S.C., quien se convertiría en su pareja. Tras años de relación a distancia, acabaron afincados en Dublín y, al poco, ella se quedó embarazada, con 24 años. Después de nacer Mandy, se mudaron a Barcelona y no tardaron mucho en separarse. 

Él le procuró un apartamento a Jewel para que pudiera estar cerca de la niña, cuya custodia compartían, pero la relación entre ambos no era buena. 

Jewel se llevó a su hija en dos ocasiones a Estados Unidos sin el consentimiento de su padre; en 2018 y en 2020. La primera vez, la sustracción se resolvió por la vía civil en aplicación del Convenio de la Haya y, tras ordenarlo un juez estadounidense, Mandy volvió a España tres meses después de que su madre la sacara del país.

El detonante llegó un día que Jewel fue a buscar a su hija a la guardería, donde la menor -siempre según la versión de su madre- alegó haber sufrido acoso sexual por parte de unos niños mayores. Pidió a su expareja cambiarla de centro -era él quien pagaba la matrícula-, y en respuesta a su negativa, la madre decidió huir con la niña.

En esa primera sustracción de 2018, la madre también argumentó que “huyó” para “proteger a la niña”, pero el juez no vio indicios de peligro y ordenó el retorno de Mandy.

Paralelamente, el padre obtuvo la custodia de la pequeña, aunque el Juzgado de 1ª Instancia 15 de Barcelona decidió que Jewel conservara la patria potestad y tuviera derecho a ver a su hija una semana al mes y a llevársela a Estados Unidos durante las vacaciones, siempre que fuera de mutuo acuerdo con su expareja.

La segunda huida a Estados Unidos

Ambos progenitores estaban respetando el acuerdo. El padre vivía en España con la menor y la madre viajaba para recogerla y llevarla a EEUU cuando le tocaba estar con ella. Pero llegó la pandemia y las restricciones de vuelos, así que el padre de la pequeña invitó a su exmujer a quedarse en su apartamento hasta que se resolviera la situación.

La convivencia duró algunos días, pero el 6 de abril de 2020 tuvo lugar un altercado que acabó con la policía personándose en el domicilio, a petición de la abogada de Jewel, que fue advertida vía email por su clienta. La madre pidió permiso a los agentes para saltarse el confinamiento e ir a casa de algunos amigos, tal como se puede leer en el atestado.

Ella se mostró abierta a regresar a casa siempre y cuando su ex pasara el resto de las vacaciones en otro lugar. Pero ante su negativa, le advirtió: “Me temo que tengo que irme, no tenemos opción”. Así figura en chats a los que ha tenido acceso elDiario.es. Unos días después, Jewel subió a la menor a un avión rumbo a Seattle.

Ya desde EEUU, la madre interpuso una denuncia por violencia de género contra su expareja en los juzgados de Mataró (Barcelona). La denuncia fue archivada por “no resultar debidamente acreditada la perpetración de delito”, ya que, al estar ella fuera del país, no aportó ningún informe médico sobre el maltrato denunciado.

Paralelamente, Jewel encargó un peritaje psicológico de su hija, que relata episodios de violencia. Y también pidió una orden de protección contra su ex a un tribunal de Washington, pero fue denegada porque el denunciado se encontraba en España y no en Estados Unidos.

Mientras, en España, su expareja volvió a denunciar a Jewel y un juzgado de Barcelona exigió el retorno de la menor con su padre, a la vez que encargó a la Interpol que la localizara. Y, de nuevo, volvió a recurrir al Convenio de la Haya para recuperar a su hija, con un resultado favorable al padre en primera instancia y a la madre en la segunda, cuando la menor ya había regresado a España.

Que Jewel consiguiera ganar esta apelación es “excepcional”, tal y como reconocen desde Dones Juristes. El Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción ilícita de menores es una especie de anexo de la Convención de la Haya que fue creado en 1980, en principio, para agilizar el retorno de niños y niñas víctimas de trata o de conflictos bélicos. Pero, en la actualidad, prácticamente solo se usa para resolver la situación de hijos de padres de países distintos.

Actualmente, el 76% de los casos son contra madres que retienen a sus criaturas alejadas de sus exmaridos. “Normalmente pierden”, sentencia Marisa Fernández, abogada y miembro del colectivo Dones Juristes. El motivo es que “a pesar de ser un texto que no está pensado para estos supuestos, se aplica automáticamente y no contempla lo complejo de cada situación”, lamenta la letrada.

Tras la victoria en EEUU, Jewel podría haber seguido el camino de la vía civil en los tribunales, pero sus abogados le recomendaron pactar y volver a la custodia compartida. Su ex aceptó renunciar a emprender acciones legales, según un documento al que ha tenido acceso elDiario.es. Jewel se vio lo suficientemente amparada para volver a Barcelona, pero S.C. se desdijo del acuerdo y la denunció en un proceso por el cual ha terminado condenada.

Ahora, el único camino que le queda a Jewel es el indulto, una vía que acaba de echar a andar de la mano de abogadas especializadas en casos como el suyo. La petición de la medida de gracia se basa en Chelsea (también nombre ficticio), la otra hija de Jewel, un bebé de ocho meses -que no comparte padre con Mandy- y del cual tiene la custodia total.

“Solicitamos el indulto en base a sus circunstancias personales: sería terrible el ingreso en prisión en este contexto con un bebé tan pequeño y una beca de estudios a medias”, asegura la letrada María Martos. Su objetivo es conseguir, al menos, un indulto parcial que pueda perdonar una parte de la pena y retrasar la entrada en la cárcel, al menos, hasta que se resuelva el trámite. Pero, por el momento, Jewel ya tiene las maletas hechas.