Ramon Espadaler: “Tenemos una oportunidad única para hacer de la Justicia un servicio eficaz”

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler (Sant Quirze de Besora, 1963), se ha propuesto alinear a todos los agentes implicados en la administración de Justicia (ejecutivos central y autonómico, Poder Judicial y operadores jurídicos) para lograr una puesta al día de un servicio público que arrastra una falta de medios y personal endémica en Catalunya. Para ello, no solo será necesaria la nueva ley de eficiencia judicial sino también aumentar la planta judicial.

En una conselleria con carpetas nucleares del autogobierno, el conseller apunta otras claves de su mandato, como la salud mental en prisiones y la resignificación de la comisaría de Via Laietana en memoria democrática (sin necesariamente trasladar a la Policía).

Uno de sus primeros anuncios este año fue el plan de choque para hacer frente a la multirreincidencia. La puesta en marcha de los refuerzos se ha previsto para el primer trimestre de este año. ¿Tiene alguna fecha?

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado luz verde al tercer juzgado de guardia de Barcelona, lo que permitirá, a partir de mediados de marzo, pasar de 12.000 a 18.000 juicios de delitos leves inmediatos. En breve también esperamos noticias del CGPJ sobre los otros cuatro juzgados penales que contempla el plan de choque. Cumpliremos el calendario y seremos más eficientes.

El problema de la falta de jueces es extensivo a todas las jurisdicciones, no solo la penal. ¿La jurisdicción social o la civil también tendrán su plan de choque?

Hay una urgencia: el 65% del colapso judicial es en la jurisdicción penal en Barcelona, y de ahí el plan de choque. Pero esta urgencia no debe impedir que veamos los otros problemas importantes en otras jurisdicciones, como la social, y en otros territorios fuera de Barcelona. Una parte de la solución proviene de la nueva ley de eficiencia, pero solo con la ley no será suficiente: será necesario incrementar el número de jueces y juezas en Catalunya. Y esto lo acordamos con el Gobierno en la última comisión bilateral. Esta legislatura situaremos a Catalunya en la media española de jueces por cada 10.000 habitantes, porque ahora estamos netamente por debajo.

Un veterano abogado suele recordar que el último juzgado de instrucción que se creó en Barcelona fue por las Olimpiadas del 92. ¿La Justicia ha sido la hermana pobre de la inversión pública? ¿A qué lo atribuye?

En Catalunya, en cuatro de los últimos diez años, no se ha creado ninguna plaza judicial nueva. En tres, porque los distintos governs que había no lo pidieron (yo no lo comparto), y solo en uno porque el Ministerio no hizo una asignación de nuevas plazas.

Ahora tenemos una serie de factores muy positivos: el Govern y el Gobierno estamos alineados; el Ministerio de Justicia es profundamente reformista, y estas reformas se pueden concretar en el Congreso; la renovación del CGPJ; y una interlocución que también hemos buscado y conseguido con el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Mi predecesora [la exconsellera Gemma Ubasart], quiero ser justo, ya tenía una excelente relación con el TSJC.

Todos estos factores nos dan una oportunidad única que no podemos dejar pasar y queremos aprovechar, alineando a todos los agentes, para hacer del servicio público de Justicia un servicio cercano y eficaz y que dé respuesta a la ciudadanía y a la economía.

Pasaremos de 12.000 a 18.000 juicios inmediatos en Barcelona

¿Qué objetivos se pone para reforzar la Justicia al final de la legislatura?

Me gusta recordar la carta de misión que nos hizo el president de la Generalitat al inicio de mandato. A mí, como conseller de Justicia, el president me pidió conseguir que la ciudadanía percibiera los servicios prestados por el departamento como servicios públicos de calidad, que le hacen la vida más fácil, y que son el retorno esperado de su contribución vía impuestos. 

Este es nuestro norte, siendo además la Justicia uno de los servicios más necesitados de reforma. Más allá del plan de choque, esta legislatura será profundamente reformista. Nos comprometemos a fondo con las reformas que impulsan el Ministerio de Justicia y las Cortes a través de la ley de eficiencia.

En sus intervenciones públicas ha dicho que Catalunya quiere ser pionera en la aplicación de la nueva ley de eficiencia de la Justicia. Explique a un ciudadano cómo le afectará.

Lo que tendría que notar más es la celeridad de los procesos judiciales en cualquier jurisdicción. Hasta ahora los juzgados funcionaban como compartimentos estancos, con el juez en la cúspide de la pirámide; un letrado de la administración de justicia y después los funcionarios.

Ahora la nueva ley lo cambia todo: se crean los tribunales de instancia y las oficinas judiciales, lo que permitirá ganar eficiencia para reequilibrar cargas de trabajo y que todos los funcionarios puedan dar servicios no solo a su juzgado como ahora. Esto, que parece sencillo, es una pequeña revolución organizativa. En Catalunya ya hemos acordado con el 80% de sindicatos de Justicia modificar la relación de puestos de trabajo.

Será necesario incrementar el número de jueces y juezas en Catalunya

Esta ley supone, en efecto, un cambio organizativo importante en los juzgados, pero son varios los jueces que se quejan de que no va acompañada de una memoria económica o de una revisión de la planta. ¿Qué les responde?

La ley se publicó en el BOE el 3 de enero, y tiene prevista una entrada en vigor en tres tiempos hasta el 31 de diciembre. El impacto presupuestario más complejo será, pues, el año que viene, y los de este año son asumibles. Más del 80% de los grupos del Parlament votaron en el Congreso a favor de la ley de eficiencia. Si hacen falta modificaciones presupuestarias para su entrada en vigor, que todavía lo estamos estudiando, sería extraño que los grupos parlamentarios las imposibilitaran. 

¿Cuántos jueces nuevos harían falta en Catalunya para poder implementar correctamente la ley de eficiencia? 

Si cogemos las cifras actuales, estaríamos algo por encima de los 60 jueces. Pero el acuerdo con el Gobierno no es tanto de pactar una cifra cerrada sino de concepto: Catalunya está por debajo de la media de jueces por habitante de España y, además, tiene una litigiosidad mayor que el resto de España, por lo que todavía necesitaríamos más jueces.

Tenemos una mirada común en Justicia e Interior, que se ha traducido en la creación del comité nacional de Seguridad y Justicia por parte del president Illa. Justicia, hasta ahora, no había hecho los deberes que sí se habían hecho en Mossos o Guàrdia Urbana. Pero no todo acaba aquí: el Govern está comprometido con invertir en las políticas sociales necesarias de antes de esta cadena. No todo es una mirada securitaria, policial o judicial.

La nueva ley de eficiencia también prevé la mediación obligatoria en procedimientos civiles como desahucios o divorcios antes de llegar al juez. ¿Quién pagará este mediador? ¿Las partes o la administración?

En civil y mercantil, la ley establece sí o sí que haya un intento riguroso de mediación antes de entrar en el pleito. Es una de las profundas novedades de la ley, que profundiza en mecanismos en favor de la paz social y la convivencia. Siempre es mejor un buen acuerdo que un mal pleito. Esto tiene unos costes, en especial para las personas más vulnerables, que son las que más tenemos que atender. Estamos hablando con los colegios de la abogacía para que el turno de oficio pueda incorporar el gasto que comportará esta mediación obligatoria.

Su antecesora dejó pendiente una nueva ley catalana de Justicia restaurativa. ¿La redactará el departamento esta legislatura?

Estamos trabajando. Nos interesa mucho y la hemos repescado porque es una buena idea. Pero la ley de eficiencia ha cambiado el panorama y ahora es el centro de gravedad de las políticas de justicia. Esta ley cambia aspectos organizativos y da mucha potencia a la resolución de conflictos con mecanismos alternativos. Aquí la justicia restaurativa también tiene un papel y lo estamos trabajando. Necesitamos un poco más de tiempo para concretar si lo formalizaremos en ley, porque no es sencilla, requiere de profesionales muy especializados, pero sí compartimos el concepto. Creemos que es una de las mejores maneras de recoser y cohesionar.

El estado del catalán en la Justicia no es bueno. ¿Qué se puede hacer para mejorarlo?

No es que no sea bueno, es que está fatal. No debemos ponernos objetivos complicados. En el mejor momento se llegó a que entre el 20 y el 21% de las sentencias fueran en catalán. Eso fue a principios de los 2000. Ahora estamos una décima por debajo del 7%. Esto no es sostenible. Tenemos intención de presentar un plan para el catalán en la Justicia, en el marco del Pacto Nacional por la Justicia. Lo haremos conjuntamente con el conseller de Política Lingüística y tendrá medidas que se incorporarán en el Pacto Nacional por la Lengua, porque somos parte de un todo. Habrá incentivos, propuestas de formación y apoyo.

El estado del catalán en la Justicia no es que no sea bueno, es que está fatal

La Síndica de Greuges ha pedido espacios propios a las prisiones para presos con discapacidad intelectual y constataba que de 230 internos con esta discapacidad, 130 no están reconocidos como tales. ¿Cómo trabajarán con este colectivo?

Es una realidad que hay personas que tienen una condena y padecen una discapacidad intelectual o también tienen problemas de salud mental. Somos tremendamente sensibles ante estas problemáticas y hay tratamientos individualizados y unidades psiquiátricas. Todo el mundo que tiene que tener un tratamiento penitenciario con un plus de atención desde la perspectiva de la salud mental, lo tiene.

¿Da por cerrada la etapa de tensión en las cárceles que siguió al asesinato de la cocinera de Mas d’Enric por parte de un interno?

El cambio de equipo en la conselleria ya propició una distinción. Además, como Govern quisimos rendir un homenaje institucional a la familia de la trabajadora fallecida en la jornada de prisiones. Pondremos una placa en recuerdo de Núria. También hemos redactado una nueva circular que, aunque no ha sido de fácil aplicación, ha garantizado que todos los internos que trabajaban lo siguieran haciendo con seguridad, porque el trabajo de los internos es muy importante para su reinserción.

En una comparecencia parlamentaria reciente explicó que se habían reducido las contenciones mecánicas en las cárceles en un 26%. ¿El objetivo es seguir en esta línea?

Sí, en la medida de lo posible. En el ámbito penitenciario, hay un diálogo y una prioridad, que es la formación. Hay que acompañar a los servidores públicos, a los funcionarios. Y tenemos un instrumento muy bueno, que es el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, que ya dedica más o menos la mitad de sus recursos al ámbito penitenciario.

También nos preocupan los suicidios en el ámbito penitenciario. Hemos estudiado casuísticas y casos concretos para incorporar, junto a la conselleria de Salud, al plan de prevención de suicidios una mirada más clínica y sanitaria. Pero también una mirada social, que implique desde voluntarios hasta los funcionarios y los mismos internos en las tareas de prevención.

Sobre la memoria democrática, otra de las competencias de su departamento, ¿Tendrá algún papel la conselleria en la conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Franco que prepara el Gobierno?

Evidentemente. El president nos hizo un encargo en este sentido, y queremos que sirva para recordar que la democracia es algo en construcción permanente, que no nos viene dada y que no es gratis, como saben bastante bien todas las víctimas de la represión franquista.

Nos preocupan mucho las encuestas, sobre todo en los segmentos más jóvenes. La falta de memoria es muy peligrosa para la democracia. Es importante la aprobación de ley catalana de memoria democrática, en cumplimiento de los acuerdos de investidura tanto con los Comuns como con ERC, pero también hay que hacer un esfuerzo de pedagogía en un momento en que aquí, en España, en Europa y en todo el mundo se están banalizando y frivolizando temas muy serios.

La ley se estructura con base en los grandes principios de verdad, justicia y reparación al servicio del ‘nunca más’ que nos homologan a los países más modernos de Europa. Y todos los actos que haremos para la conmemoración irán en esta línea. También tendrán capilaridad territorial y sectorial, con la participación de todos los departamentos.

¿Para la conselleria, la comisaría de Via Laietana debe resignificarse o puede compartir un espacio de memoria con la Jefatura de la Policía Nacional?

Esta cuestión solo tendrá una solución satisfactoria si hay un acuerdo entre el Gobierno de España, el de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona. A veces, el concepto de resignificación, que no es un concepto cerrado, ha inducido a algún error. Hay quien cree, y a mí no me parece erróneo, que se puede resignificar un edificio sin alterar su contenido. Hay quien cree que la resignificación pasa por sacar a la Policía de allí. Esta no es la posición del Gobierno de España y, si no somos capaces de acordar algo, debemos avanzar en la resignificación, que creo que es un paso positivo y necesario.

Es evidente que esta comisaría tiene importancia en la memoria democrática, nadie lo puede discutir. Y resignificarla quiere decir explicar que, durante la dictadura, y durante la República también, fue un lugar doloroso para mucha gente, pero que ahora tenemos una policía democrática.

Resignificar la comisaría de Via Laietana no pasa por sacar a la Policía de allí

Sobre proyectos de ley de ámbito estatal, ¿cómo ve la ley que quiere reformar la acusación popular?

No hemos entrado en los contenidos. Estamos en una legislatura profundamente reformista, y la ley de eficiencia es un ejemplo. La han precedido la ley del derecho a la Justicia. Son capítulos que forman una visión profundamente reformista de la Justicia, con la que el Govern de la Generalitat está profundamente comprometido.

¿Y el cambio de sistema de oposiciones para acceder a la carrera judicial y fiscal?

En la actualidad se ha reducido lo que podríamos llamar endogamia. Con el Ministerio nos une el objetivo de que la capacidad económica de la familia no sea un obstáculo para presentarse a unas oposiciones. En Catalunya, hay el factor añadido del catalán y de la poca presencia de catalanes en los grandes cuerpos del Estado. Este es un déficit que se da en el ámbito de la Justicia, pero también de la diplomacia y de la Policía. En otros ámbitos se hacen cosas diferentes. En Justicia tenemos las becas, que funcionan y van bien, pero en el ámbito diplomático no se opta tanto por las becas, sino por tener un centro de estudios internacionales.

Esta es su tercera etapa como conseller, pero la primera en un Govern del PSC. Por su trayectoria como exmilitante de Unió, ¿se siente cómodo en un Ejecutivo investido y que depende de una mayoría de izquierdas?

Me siento cómodo con el president, con quien tengo una relación política y personal honesta. Nos reconocemos como diferentes, porque venimos de tradiciones políticas distintas. Las mismas que ahora, afortunadamente, se pondrán de acuerdo en Alemania y evitarán estropicios mayores. No le esconderé que cuando el president se define como socialdemócrata y humanista cristiano, a mí este espacio me genera complicidad. Creo que hay espacio para el consenso y para superar las fracturas que hemos vivido. Es positivo que espacios que no son idénticos se sumen al servicio de un proyecto reformista, de devolver las cosas a su sitio y recuperar la confianza en las instituciones y la seguridad jurídica.