El alcalde de Benidorm apela a la “tranquilidad” tras la condena de 333 millones y el PSPV ve “quiebra técnica”

El alcalde de Benidorm (Alicante), Toni Pérez, ha asegurado que el Ayuntamiento explora “todas las vías para seguir defendiendo el interés general” de la ciudadanía, tras conocer que el Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena al consistorio a pagar más de 300 millones de euros a Murcia Puchades Expasión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL en compensación por aprovechamientos urbanísticos de su propiedad incluidos en el sector APR-7 del parque natural de Serra Gelada.

En este sentido, ha reconocido que “todavía es muy pronto para avanzar la hoja de ruta que van a marcar los servicios jurídicos y económicos”, aunque ha avanzado que “no va a ser distinta de la emprendida en base a la infinidad de informes técnicos, jurídicos y económicos” sobre este asunto.

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa este viernes, en la que ha trasladado un mensaje de “tranquilidad a la población, frente al desasosiego que quieren transmitir otros”, después de que el TS haya inadmitido el recurso municipal presentado el pasado verano contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), dictada el 23 de mayo de 2024, que condenaba al Ayuntamiento a abonar 283 millones de euros, más los correspondientes intereses legales, a los dueños de esos terrenos.

El primer edil ha resaltado que “el Ayuntamiento aún no ha agotado el camino” en relación a estos suelos y ha aclarado que “no está en el momento procedimental de tener que atender esa responsabilidad patrimonial”, que derivaría del fallo del TSJ-CV y sobre el que el TS ha inadmitido el recurso municipal, según recoge el consistorio en un comunicado.

“Los técnicos han abierto un abanico de posibilidades que hay que concretar”, ha asegurado, para posteriormente defender que el consistorio “está muy capacitado para negociar siempre que lo permita la ley y siempre que no sea en un momento procedimental en que se pueda afectar al interés general”.

“Distintas causas abiertas”

Pérez ha aseverado que esta cuestión “entraña cierta complejidad judicial, debido a que hay distintas causas abiertas”. De un lado, está la relativa a la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento con dichos suelos, en base a los convenios firmados en 2003 y 2004 --el primero, con el alcalde del PP Vicente Pérez Devesa-- y renovados en 2010 y 2013 --con el socialista Agustín Navarro al frente del consistorio--, y que es a la que se refiere la providencia del TS que inadmite el recurso municipal.

De otro lado, está la revisión de oficio y declaración de nulidad de esos mismos convenios por parte del consistorio, “una línea que todavía sigue viva y con cinco causas abiertas”. Según el alcalde, dos ya se han resuelto en juzgados de primera instancia, “que han dado la razón” al Ayuntamiento y han ratificado “que dichos convenios serían nulos de pleno derecho”, aunque ahora están recurridas en apelación ante el TSJ-CV. Asimismo, sobre las otras tres todavía no se ha emitido una sentencia.

Durante su comparecencia, Pérez ha remarcado que “todas las decisiones adoptadas sobre dichos convenios por el gobierno del PP están respaldadas por los técnicos y por el Consell Jurídic Consultiu, así como por los juzgados de primera instancia, que hasta ahora siempre nos han dado la razón”.

Y ha agregado que “estos últimos convenios, los de 2010 y 2013, fueron firmados, primero, por un gobierno socialista y, después, por una coalición de socialistas y liberales, cuando dicho suelo ya había sido declarado parque natural”, algo que ocurrió en 2005, y “se había dictado la declaración de impacto ambiental”.

“Siempre hemos mantenido la misma postura”

En esta línea, ha defendido que el ejecutivo local “siempre ha mantenido la misma postura en relación a la nulidad de dichos convenios, independientemente de quienes fueran los recurrentes, a diferencia de la actitud adoptada por el grupo socialista, que, con las mismas propuestas, los mismos informes y el mismo texto, ha votado una cosa u otra en el pleno en función de quién fuera el recurrente”.

De hecho, ha pedido a la portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Benidorm, Cristina Escoda, que “explique por qué renovó en el año 2010 unos convenios que estaban caducados y luego los volvió a apoyar en 2013”.

Sobre este último caso, ha apuntado que “los convenios se tuvieron que aprobar con el voto de calidad del entonces alcalde Agustín Navarro, con el apoyo de PSPV y Liberales, frente a los votos en contra del PP y del no adscrito Juan Ángel Ferrer”.

Al respecto, el alcalde ha afirmado que aquellos convenios “siempre generaron muchas dudas al PP” y que “desde entonces” su postura “siempre ha sido la misma: la defensa del interés general”.

“Benidorm tiene un buen gobierno, honrado, honesto y trabajador”, ha sentenciado Pérez, para luego insistir en que el ejecutivo local “va a seguir actuando con la misma rectitud que hasta ahora”. “No vamos a dar ningún paso que pueda poner en riesgo el interés general, porque es a lo que nos debemos”, ha apostillado.

El PSPV: compromete dos presupuestos municipales y medio

Por su parte, la portavoz socialista, Cristina Escoda, ha exigido a Toni Pérez que asuma sus responsabilidades, pida disculpas y que dimita tras el “nuevo varapalo” del alto tribunal. “Toni Pérez tiene que asumir sus responsabilidades y dimitir por llevar a Benidorm al precipicio, tras una sentencia que va a hipotecar el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos”, ha afirmado. 

Escoda ha mostrado su preocupación y la del PSOE de Benidorm por una sentencia que compromete el importe total de dos presupuestos y medio del Ayuntamiento, lo que supone “a todas luces la quiebra técnica”, y ha criticado el cambio de postura del alcalde con respecto al convenio que firmaron las partes en 2003, cuando él formaba parte de aquel Gobierno municipal, para compensar a los propietarios de los terrenos en Serra Gelada por no edificar.

“Tenemos que recordar que Toni Pérez votó a favor de este convenio en 2003, mientras el PSOE votaba en contra. Un convenio que una vez aprobado fue ratificado y renovado por los gobiernos del PSOE en 2010 , con el voto a favor del señor Perez y el PP, y en el 2013 en el que el grupo popular y su portavoz Toni Pérez cambiaron de postura. Un posicionamiento que reafirmó al llegar a la Alcaldía en 2015 negándose a renovar los convenios, sin calibrar las consecuencias, actuando por impulsos, con altivez y prepotencia. Una actitud que al final va a afectar, y mucho, a todos los ciudadanos”, ha indicado. 

La portavoz socialista ha destacado que el futuro económico del ayuntamiento “pinta muy mal” y, “lamentablemente, los más perjudicados van a ser los vecinos y vecinas de Benidorm que podrán ver una merma importante de los servicios públicos”.

“Estamos hablando de que tendríamos que pedir fondos de rescate al Estado y eso llevaría aparejado un plan de ajuste. Esto implicaría que servicios como el conservatorio o la guardería se verían afectados, y que las contratas actuales, que están todas caducadas, también habría que aplicarles un recorte en los servicios”, ha explicado Cristina Escoda.