Alicante reconoce “por imperativo legal” la licencia ambiental para los macrodepósitos del puerto

El Ayuntamiento de Alicante reconoce “por imperativo legal” la licencia ambiental para los macrodepósitos de combustibles y carburante del puerto, un reconocimiento que hace “en estricto cumplimiento de la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que así lo exige”.

Así lo ha informado la concejalía de Urbanismo que ha emitido un decreto de reconocimiento de los efectos del silencio positivo en la licencia ambiental solicitada por la mercantil XC Business 90, SL, para la instalación de un centro de distribución de combustibles y carburantes en el Puerto de Alicante. No obstante, el mismo decreto advierte a la mercantil de que “antes del inicio y funcionamiento de la actividad, la explotación deberá cumplir con todos los requisitos de seguridad y prevención exigidos en las normativas sectoriales en materia de medio ambiente, control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, así como de afectación a la Red Natura 2000, debiendo haber obtenido las autorizaciones e informes sectoriales preceptivos de los órganos autonómicos competentes”.

La concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, explica que este decreto de reconocimiento de obtención de la licencia ambiental solicitada, por silencio administrativo, “no supone en ningún caso que la empresa pueda instalar los depósitos en el Puerto de Alicante”. Recuerda, asimismo, que “sigue intacta la firme oposición del Ayuntamiento a la instalación de este centro de distribución de combustibles” y su propósito “de seguir plantando batalla desde todos los frentes posibles, incluido el judicial, para evitar que este proyecto llegue a ser una realidad”. Una batalla en la que tiene como aliada a la Autoridad Portuaria de Alicante, que ha establecido con el Ayuntamiento un frente común de rechazo a esta iniciativa privada.

Respecto al recorrido judicial, el Ayuntamiento de Alicante ya está preparando un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, por entender, como ya planteó en su recurso de casación ante el TSJCV, que este tribunal no tuvo en cuenta en su sentencia la inconstitucionalidad del artículo de la ley autonómica que establecía dicho silencio positivo en licencias ambientales, decretada en 2022.

“El PP limita el diálogo al ámbito judicial”

Por su parte la portavoz municipal del PSPV, Ana Barceló, ha acusado al alcalde de “ponerse de perfil” concediendo la licencia ambiental “en lugar de haber trabajado en una solución extrajudicial para tratar de llegar a un acuerdo con la empresa, evitando así la instalación industrial en esta zona”. 

“El alcalde ha apurado hasta el último momento para no incurrir en un delito de prevaricación, pero ha tenido que otorgar la licencia. Lo preocupante es que el equipo de gobierno del PP limita el diálogo al ámbito judicial. Barcala no entiende otra forma de resolver cuestiones delicadas y complejas. Desde el Grupo Socialista le ofrecimos colaboración, pero ni ha querido hablar con nosotros ni con la empresa”. 

Barceló ha valorado que, en estos momentos, es muy complicado que pueda encontrarse una solución limitándose a la vía judicial y ha considerado que el recurso que anuncian ante el Tribunal Constitucional “no es más que una excusa dilatoria sobre un problema que lo que requiere es diálogo y una solución política”. “Si ya hablan de cómo se van a controlar las obras es porque, irremediablemente, van a otorgar licencia para que la actividad se pueda desarrollar”.