El premio de Catalá a Vox para que los tránsfugas vuelvan al redil: más poder, más dinero y recuperar tres asesores

La alcaldesa de València, Maria José Catalá, finiquita (de momento) su crisis de gobierno sin apenas rasguños. La dirigente popular consigue que su socio de gobierno Vox, que había partido por la mitad su grupo y se quedó descabezado en medio de graves acusaciones, se recomponga y vuelva a reincorporarse al Ejecutivo local. Una disculpa de los dos expulsados a su grupo y como si nada hubiera ocurrido; el gobierno de los populares vuelve a garantizarse la mayoría en el pleno.

El equipo de Catalá vuelve a integrar a los ediles que abandonaron Vox después de que el grupo ultra acepte su reingreso en la formación y da por cerrado el conflicto. El exportavoz Juanma Badenas, al que Fiscalía acaba de abrir una investigación por acusaciones de corrupción, y la concejala Cecilia Herrero, que también dejó el partido ultra, vuelven a tener responsabilidades en el gobierno bipartito, a cambio de disculpas públicas y el compromiso de acatar la disciplina de voto del partido. “Vox acepta su solicitud ante el compromiso adquirido y voluntad manifestada, tanto por Juan Manuel Badenas como por Cecilia Herrero, de defender los principios y políticas de Vox con lealtad, confianza y convicción, siguiendo la disciplina de voto del Grupo Municipal y sus posicionamientos”, apuntó el partido en un escueto comunicado.

Vox abrió a Badenas un expediente disciplinario por la adjudicación de unos contratos de publicidad a través de la fundación Valencia Activa y poco después se publicaron grabaciones de Badenas en las que hablaba de espionaje político en el Ayuntamiento. Ambas cuestiones fueron denunciadas pos PSPV y Compromís a la Fiscalía de Valencia, que ha incoado diligencias de investigación. Ante el expediente, Badenas y Herrero se dieron de baja de la formación de Santiago Abascal, una acción que ahora queda revertida. Badenas, que durante un año ha sido segundo teniente de alcalde, fue expulsado del gobierno local despues de que el partido comunicara que no podía ejercer ninguna representación en su nombre; en cambio, Cecilia Herrero ha continuado como no adscrita y con competencias en el gobierno de Catalá. Ambos han defendido que la investigación y las publicaciones eran un montaje y una persecución política.

Los últimos cambios en el grupo Vox fueron comunicados al secretario del Ayuntamiento el viernes a media mañana y materializados en la Junta de Gobierno local, que arrancó con 4 horas de retraso para ultimar las negociaciones y se saldó sin rueda de prensa. El equipo del PP ha negociado con la cúpula de Santiago Abascal para que readmitieran a los concejales y no alterar su mayoría política. Los dos díscolos de Vox la ponían en un aprieto, dejando a su gobierno con 15 votos de los 17 que necesita para sacar adelante medidas en el Pleno.

Las maniobras de las últimas semanas dejan algunas incógnitas. Entre ellas, qué gana cada parte después de semanas con graves acusaciones, filtraciones de audios y un conflicto con tanta exposición, que llegó a descabezar el grupo. La alcaldesa gana volver a gobernar con estabilidad después de dos meses lidiando con los ultras a dos bandas. El partido ultra gana, fundamentalmente, recursos. Al reincorporar a los tránsfugas vuelve a contar con 4 concejales, con su consiguiente asignación. Tendrá dos delegaciones más en el gobierno, Patrimonio y Responsabilidad Patrimonial, que pasan a ocupar Badenas y Herrerno con la última reforma. Ambos tendrán un salario superior como responsables de gobierno del que tendrían como concejales no adscritos, que ni siquiera se ha publicado en el portal de transparencia un mes después del cese. Según el acuerdo de retribuciones, el salario de un concejal delegado es de 81.349,24 euros anuales, frente a los 74.431,28 euros de un concejal raso, siempre que tenga dedicación exclusiva.

Vox recupera también la segunda tenencia de alcaldía, que pasa a ocupar José Gosálbez, nuevo portavoz tras el conflicto con Badenas. Así, el grupo ultra gestionará las áreas que ya tenía -Empleo, Parques y Jardines, Sanidad y Consumo, Devesa-Albufera, Fiestas, Tradiciones y Familia, Emprendimiento y Agricultura- y suma Patrimonio y Responsabilidad Patrimonial. Las responsabilidades de Mayores y de la Universidad Popular pasan a gestionarse desde el PP.

Los ultras también podrán recuperar la capacidad de contratación de otros tres asesores. Durante el otoño, antes de que estallara el conflicto, el grupo municipal Vox, con Badenas aún al frente, cesó a los trabajadores Jorge Mestre y Belén Bordils. Esta última procedía de la Conselleria de Justicia con Elisa Núñez, a su vez designada desde la dirección nacional, y con la ruptura del Gobierno de Carlos Mazón recaló junto a Badenas como jefa de prensa. El entorno del entonces teniente de alcalde lo interpretó como una tutela de la dirección de Santiago Abascal, con quien el concejal mantiene una tensión constante. Las vacantes de los dos asesores no llegaron a ser cubiertas y ahora podrán recuperarse, con la posibilidad de una tercera contratación.

En paralelo, el grupo volverá a incrementar su asignación presupuestaria. A los grupos políticos les corresponde una cantidad mensual en función del número de representantes para hacer frente a gastos ordinarios para su funcionamiento y organización interna. Esta se compone de dos asignaciones: una fija, de 4.300 euros para todos los grupos; y otra variable, de 400 euros por edil con carácter mensual. Según las cuentas de Vox publicadas en el portal municipal, percibió 12.967 euros en el segundo semestre de 2023.

Otra de las incógnitas es qué interés tenía el grupo ultra por defenestrar a su portavoz, que había mantenido varios desencuentros con la dirección nacional. Algunas fuentes apuntan a una maniobra para tratar de recuperar a Vicente Barrera, que tuvo que abandonar la vicepresidencia de la Generalitat tras la ruptura de Vox con Carlos Mazón. Barrera iba el número 7 en las listas municipales y para su incorporación hubiera sido necesario que un concejal dejase el acta y los dos siguientes en la lista renunciaran. El torero es considerado un buen activo para el grupo ultra y vivió con pesar su marcha del Ejecutivo.

Informe jurídico

La alcaldesa también informó de la resolución del expediente municipal abierto a Badenas por los contratos que investiga fiscalía y que, teóricamente, motivaron las pesquisas de Vox. “El expediente formalmente está bien constituido”, dice el informe del consistorio al que ha tenido acceso elDiario.es, aunque sí advierte que se “echa en falta un informe específico donde se precise, de forma documentada, el presupuesto base de licitación. Esto es, un estudio económico que detalle de forma pormenorizada y precisa los cálculos de costes sobre la base de las características, prestaciones y costes de mercado de la actuación objeto del contrato”.