El Puerto de Valencia tendrá que pagar al menos 28 millones en indemnizaciones si se paraliza la ampliación norte

La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) incurriría en indemnizaciones millonarias a pagar con dinero público si se paralizaran las obras de la ampliación norte, un proyecto que se adjudicó a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Acciona Construcción, SA, Jan de Nul NV y Grupo Bertolín, SAU, al que habría que compensar.

Así queda reflejado en el auto de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por el que el juez rechaza suspender cautelarmente los mencionados trabajos para construir una nueva terminal de contenedores. Un auto contra el que han recurrido los denunciantes.

Los magistrados han desestimado así, en un auto notificado este miércoles 5 de marzo a las partes, la solicitud presentada por Acció Ecologista Agró tras tener constancia de que el informe pericial encargado por el juez que investiga la causa concluye que la declaración de impacto ambiental (DIA) del año 2007 no es válida para el nuevo proyecto.

Según el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, el asunto presenta una “indudable complejidad”, como demuestra el montante económico de las obras, con un presupuesto base de ejecución de más de 660 millones de euros.

Los magistrados destacan las consecuencias económicas que conllevaría una eventual suspensión cautelar del proyecto, detalladas por el jefe de Dominio Público de la APV: “Abonar al contratista 367.360 euros al día en concepto de costes de mantenimiento de maquinaria marítima y terrestre, instalaciones y equipos según el punto 4 de la cláusula 39. Asimismo, existe un riesgo cierto de la resolución del contrato, con una indemnización al contratista de 28,8 millones de euros. Por otro lado, existe un riesgo cierto de extinción de la concesión por incumplimiento de los plazos de entrega de los terrenos por parte de la APV, con una pérdida de ingresos anual para la Autoridad Portuaria de Valencia de 62,5 millones de euros”.

Con todo, los magistrados advierten de que en esta resolución no entran en el fondo del asunto (la validez de la DIA), sino en si se dan los criterios jurídicos para aceptar la procedencia de las medidas cautelares solicitadas por los denunciantes. Por lo tanto, queda pendiente la resolución sobre la cuestión de fondo, en la que se tendrá en cuenta el informe del perito y otros condicionantes aportados por las partes.

Conclusiones del dictamen pericial

Según la documentación recabada por elDiario.es, el informe del perito judicial acredita que el proyecto promovido por la APV “es distinto a la alternativa cuatro, seleccionada y aprobada mediante DIA favorable en el año 2007 y, por lo tanto, no ha sido evaluado a efectos medioambientales”. El informe da una serie de razones: “incremento de los volúmenes y áreas de actuación de los dragados necesarios; demoliciones de los actuales contradique norte y muelles de cruceros; cambio de ubicación de las explanadas y muelle de atraque y es muy probable que se hayan conformado comunidades marinas en el nuevo hábitat de escolleras debido al tiempo transcurrido entre la primera fase del proyecto y la segunda”.

El perito añade: “A juicio del técnico que suscribe el presente informe procede efectuar una nueva evaluación de impacto ambiental ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación de Impacto Ambiental, ya que no se trata de una modificación en tanto en cuanto la obra es nueva”.