Consumo identifica más de 15.000 pisos turísticos ilegales en Madrid y pide a Almeida que los sancione

El Ministerio de Consumo ha rastreado todos los anuncios de pisos turísticos en la ciudad de Madrid. Y las cuentas no salen. El departamento que dirige Pablo Bustinduy ha contabilizado un total de 16.335 alojamientos, pero según las cifras del Ayuntamiento solo se han concedido 1.131 licencias. La resta arroja un dato “muy preocupante” para el Gobierno: más de 15.200 pisos turísticos operan de forma ilegal en una de las ciudades donde la crisis de la vivienda golpea con más fuerza.

Consumo ha remitido este lunes toda la información al Ayuntamiento de Madrid y ha solicitado al alcalde, José Luis Martínez Almeida, que ejerza sus competencias y solicite a las plataformas la eliminación de esos anuncios. Para ello, el Ministerio ha detallado las direcciones exactas e información que permite identificar a los propietarios de una parte de esos alojamientos que serían ilegales. De esta forma, el consistorio puede “poner en marcha acciones para el cese de su actividad y procedimientos sancionadores”, indican en un comunicado.

La Unidad de Análisis de Consumo lleva meses trabajando en la identificación de pisos turísticos sin licencia que, según el ministro Bustinduy, están “limitando el derecho a una vivienda digna y expulsando de los barrios a buena parte de la ciudadanía”. Por ejemplo, según los datos recabados por esta administración, en la calle Mayor hay, al menos, 14 alojamientos que operan de forma ilegal. En la céntrica calle Preciados, otros 11. “Es una información que se replica a lo largo de todo el callejero de la ciudad”, indican desde el ministerio.

Los 15.200 alojamientos sin licencia colocan a Madrid como “una de las ciudades españolas con mayor concentración de pisos turísticos ilegales”, indican desde Consumo, que ha trasladado al ayuntamiento todos estos anuncios. “Se ofrecen evidencias digitales de gran valor para que el gobierno municipal de Martínez-Almeida pueda investigar la situación de estos alojamientos, llevar a cabo el cese de su actividad y la apertura de expedientes sancionadores, así como la eliminación de los anuncios en estas plataformas”, señalan desde el Ministerio, que reclama “una actuación decidida por parte del consistorio madrileño”.

El alcalde ha reconocido que Madrid tiene “un problema grave” y que este fue “el primer ayuntamiento en actuar”. Sin embargo, el control urbanístico en la capital avanza más lento que la depredación residencial. Según los datos del propio consistorio, publicados a mediados de febrero, en 2024 tan solo se consiguieron revertir 251 pisos de Airbnb, que pasaron a ser residenciales, tan solo el 1,5% del total, mientras se abrieron más de 2.250.

Sin embargo, ha señalado que “la competencia de la comercialización es del Gobierno de España, por eso han creado un registro”. Martínez-Almeida ha acusado al Ministerio de Consumo de actuar con “deslealtad institucional”.

“La semana pasada nos mandó una carta con una fecha para una reunión para hoy. Les dijismos que estaba encantado de verlos y que cerráramos otra fecha, porque la agenda estaba cerrada”, explicó Almeida, que ha acusado al equipo de Bustinduy de “filtrarlo a la prensa” para “hacer la oposición que no hacen Rita Maestre ni Reyes Maroto”. “Mañana hay Pleno en el Ayuntamiento, por eso tenía que ser hoy sí o sí”, ha considerado el alcalde, en declaraciones a los medios en los que ha señalado que le “extraña que, localizando esos pisos, [el Gobierno] permita la comercialización”. “Puede mandar un requerimiento a esas comercializaciones para que cesen su publicación”, ha dicho.

El Gobierno abrió en diciembre un expediente sancionador a Airbnb después de que la compañía se negase a eliminar de su plataforma miles de pisos de alquiler turístico sin licencia, al considerar que esta actitud “podría generar lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada”. Además, el Ministerio de Vivienda ha puesto en marcha un registro único, en el que deberán estar inscritas todas las viviendas de uso turístico para obtener un número que deberán mostrar si quieren anunciarse en estas plataformas, algo que deberá estar ya plenamente operativo para este verano. Sin embargo, la competencia para sancionar a los propietarios de estos inmuebles es de los ayuntamientos.