Los hospitales privados reclaman ahora su parte de Muface tras el 40% más para las aseguradoras: “Que no vengan llorando”

El Gobierno dio por finalizada la crisis con Muface. Para el Ministerio de Función Pública el capítulo está cerrado, después de poner sobre la mesa más de 4.800 millones de euros y aumentar las primas que reciben las aseguradoras en un 41% en tres años. Las compañías habían forzado al Ejecutivo a una negociación sin precedentes, en la que la administración pública subió el precio hasta en tres ocasiones para garantizar la asistencia sanitaria privada de los funcionarios. Pero ahora son las aseguradoras las que deben pactar con los médicos y los centros sanitarios privados los precios.

La tortilla se ha dado la vuelta y ahora son los grandes grupos hospitalarios los que tienen la sartén por el mango. Y quieren su parte. “Nos están planteando un aumento de las tarifas de un 3%, mientras ellos han recibido una subida por encima del 40% de las primas. Lo lógico sería que se transmitiera a los centros una parte significativa de ese porcentaje”, denunciaba el presidente de la Alianza para la Sanidad Privada Española (ASPE), Carlos Rus, en declaraciones a elEconomista.es.

ASPE, la patronal privada, no tiene capacidad de negociación, porque los acuerdos se cierran centro a centro y consulta a consulta, pero su postura sirve para señalar el camino por el que discurren los grandes grupos hospitalarios. No en vano, representa al 80% del sector y en su junta directiva se encuentran miembros de gigantes sanitarios como Vithas, Quirón, HM o Ribera Salud. En un comunicado, publicado en su web el pasado 7 de marzo, ya reclamaban a Adeslas y Asisa “altura de miras” y “una remuneración justa a hospitales y clínicas”.

El tira y afloja de las aseguradoras con Función Pública les ha servido para subir la factura, pero también ha dado un argumento extra a los prestadores del servicio de cara a la negociación en marcha. “Cuando a ti te han subido un 40%, tiene poca justificación [ofrecer un 3% más]. Antes estaban llorando, pero el Gobierno se lo ha puesto muy bien”, señalan fuentes del sector hospitalario, que indican que cada grupo negocia sus propias condiciones, en función de sus fortalezas.

“No sabemos de dónde sale el 3%”

También las aseguradoras juegan sus bazas. Asisa, por ejemplo, cuenta con una red hospitalaria propia, que le permite gestionar sus recursos con mayores sinergias. Adeslas, en cambio, cuenta con un número de asegurados mucho mayor —508.000, frente a 363.000— que poner sobre la mesa. Fuentes del sector confirman a elDiario.es que las subidas de los honorarios dependen de varios factores, como la zona geográfica, los especialistas, los acuerdos con los grupos, la competencia, etc. “No sabemos de dónde sale el 3%”, señalan.

En cualquier caso, desde el sector asegurador apuntan a que ese incremento del 41% en tres años no puede ir directamente a los centros sanitarios, porque “viene a resolver un déficit”, el suyo propio, del que llevan años quejándose. “Si se lo das a los proveedores, ¿cómo resuelves el desequilibrio de la mutualidad?”, se preguntan. Muface contará de 2025 a 2027 con solo dos aseguradoras, Adeslas y Asisa, tras la baja de DKV. De hecho, también Adeslas, integrada en el Grupo Mutua Madrileña y participada por CaixaBank, amagó con no acudir a esta segunda licitación, tras afirmar que había perdido 250 millones entre 2022 y 2024. Incluso Asisa se sumó al plantón a la primera, alegando que el sistema no era rentable, aunque ninguna de las dos aseguradoras han aportado información concluyente sobre este aspecto.

"Las mejoras económicas planteadas en las negociaciones les favorecerían únicamente a ellas"

Carlos Rus — Aspe

Con el horizonte a medio resolver, la sanidad privada había pedido negociar con el Gobierno, ante el temor de que las aseguradoras acaparasen las mejoras económicas de la mutualidad. Ya en enero, ASPE había difundido un comunicado en el que reclamaba “decisiones económicas justas también para los centros asistenciales y profesionales” y advertían que “en conversaciones previas, las aseguradoras han planteado tarifas iguales o con apenas incremento respecto al año anterior para la provisión sanitaria”. “Las mejoras económicas planteadas en las negociaciones les favorecerían únicamente a ellas”, señalaban. Algo por lo que no están dispuestas a pasar, teniendo en cuenta que son quienes atienden a los pacientes.

La semana pasada, tras conocerse que la licitación salía adelante, la patronal de la sanidad privada remitió un escrito a Muface en el que solicitaba a la mutualidad que “aseguren las condiciones asistenciales de calidad para los usuarios del sistema”. Esto pasaba, a su juicio, por asegurar un tiempo máximo de espera de 20 días para consultas, cirugías menores y diagnósticos graves o evitar desviaciones innecesarias. Esto es, que un paciente se quede sin médico en mitad de un tratamiento o durante la duración del concierto y se vea obligado a cambiar. O que las aseguradoras no puedan reducir o desconcertar el cuadro médico, dado que esos se negocian año a año, al margen de la licitación con Función Pública.

El incremento de la prima, además de para “reequilibrar” las cuentas de las aseguradoras, “tiene que ayudar a mejorar los pagos a los médicos, que son más bajos porque la prima [que reciben frente a los asegurados privados puros] es menor, pero también para resolver otra serie de desequilibrios, como nuevos tratamientos, envejecimiento, tecnología, inflación...”, señalan las fuentes consultadas. Y aquí entra otro eslabón: los médicos. Los profesionales tienen contratos mercantiles con los grandes grupos y con las propias aseguradoras, para las que prestan el servicio. Y tampoco están contentos.

“El Ministerio dice que se ha arreglado el problema, pero ahora vienen [las aseguradoras] con el pliego de condiciones en nuestra búsqueda. Y nosotros les decimos que ese 3% de subida no nos interesa. Si ya lo han firmado, igual se han pillado los dedos”, advierte el presidente de la Unión Médica Profesional (Unipromel), Ignacio Guerrero, muy combativo en este asunto y que ha llevado los conciertos de asistencia pública sanitaria a los juzgados. Esta organización defiende que el Estado cubra la sanidad privada de los funcionarios sin intermediarios. Es decir, sin seguros que saquen tajada.

Según los datos de Unipromel, los médicos reciben un 30% menos por atender a un paciente mutualista que a un asegurado puro. “De los 25 euros aproximadamente que te pagan por la privada, por Muface te dan 17 y un 30% de la tarta se la queda el hospital, así que acabas con 11 o 12 euros. Hay médicos que por dignidad ya no atienden o no te operan una rodilla por 150 euros. Cuando vas con el coche al taller, el mecánico te cobra 80 euros la hora por la mano de obra”, explica Guerrero, que acusa a las aseguradoras de tener “secuestrado al sector médico”: “Han cerrado el 90% de las consultas privadas, porque si la compañía te paga 15 euros por paciente, no puedes mantenerla. Así, han conseguido reagrupar toda la atención en los seis grandes grupos hospitalarios, a costa del pobre paciente y del pobre médico”.

Con todo, tanto médicos como grupos hospitalarios consideran que los 1.300 millones de euros más que ha puesto el Gobierno para garantizar la asistencia privada de los funcionarios, que cada vez eligen más la sanidad pública, dan para cubrir parte de sus demandas. La comparativa del 3 al 40% juega de su lado: “La negociación es anual, pero esta vez es diferente. Si el de enfrente llega en Ferrari... pues que no venga llorando”.