Expertos académicos piden repensar el mapa de las renovables en Euskadi

Expertos académicos vinculados a la Universidad pública vasca (UPV/EHU) han presentado este viernes las conclusiones de un estudio en el que piden repensar el mapa de las energías renovables en Euskadi que se plantea en el Plan Territorial Sectorial (PTS) que en estos momentos está aprobado de forma provisional por el Gobierno vasco. De hecho, solicitan directamente al Ejecutivo que se paralice la tramitación del PTS y que se establezca una moratoria temporal para dar paso un proceso participativo, más garantista, que permita “una aceptación social significativamente más amplia de la actual”. “Esto es indispensable para garantizar una transición energética, territorialmente equitativa, y ser un instrumento eficaz desde un punto de vista de transición energética justa”, señalan.

El estudio, 'El Plan Territorial Sectorial de Energía Renovable de Euskadi y sus riesgos', elaborado por docentes e investigadores vinculados a la Universidad del País Vasco y al foro Gorbeialdeako Herri Unibertsitatea (GHU) se ha presentado en una jornada moderada por Unai Pascual, coordinador de GHU, en la que han participado Iñaki Lasagabaster, de la Facultad de Derecho de la UPV/EHU, Ana Sáenz de Olazagoitia, de la Facultad de Letras, y Naiara Moreno, representante de la junta administrativa de Junguitu.

El estudio considera indispensable paralizar el PTS de renovables y repensar toda la distribución que hace de los proyectos eólicos y fotovoltaicos. Esa paralización tiene que tener unos plazos acotados y muy definidos para evitar que mientras tanto sigan proliferando las solicitudes de licencias por parte de las empresas, entienden. Este parón permitiría busca un consenso social que constatan que ahora no existe sobre cómo se está desarrollando el despliegue de las renovables. “Si no se hace bien, vamos a tener una batalla campal que va a paralizar todo políticamente”, ha señalado Unai Pascual.

“No va a haber partido político que vaya a querer avanzar en esa transición energética si sabe que una gran mayoría de la población, por ejemplo rural, se le enfrenta y van a perder esos votos. Vamos a hacer ese debate con garantías para tratar de que esa aceptación social sea suficientemente amplia”, que “hoy en día no existe”, ha recordado.

El estudio parte de la base de que el PTS de renovables, que señala 101 posibles emplazamientos, 36 fotovoltaicos y 65 eólicos, es lo suficiente ambiguo en la elección y definición de las ubicaciones aptas, que puede cambiar en el futuro. Es decir, consideran que no da seguridad de que los emplazamientos no se incrementen en función de intereses empresariales. De hecho en el plan que se ha aprobado de forma provisional se han eliminado emplazamientos, pero se han añadido otros que no aparecían en el borrador del PTS.

Por otra parte critica que se deja todo el despliegue en manos de intereses privados, ya que la participación pública a través del EVE siempre se hace en sociedad con la iniciativa privada. En este sentido, abogan por disponer de “una empresa pública energética que además de influir directamente en el sector industrial, como tal, permita también el desarrollo de intervenciones públicas donde encuentren un lugar, los ayuntamientos y las iniciativas populares y de otros entes locales como los concejos, y por ejemplo, la red de comunidades energéticas también”.

Precisamente la nula participación de los ayuntamientos en el proceso, que se encuentran con la necesidad de aprobar instalaciones que ya han recibido el visto bueno de instancias superiores, aunque estén en contra de las mismas, para no prevaricar, ha formado también parte importante del debate de la jornada. Recientemente los concejales de EH Bildu en Arrazua-Ubarrundia, localidad colindante con Vitoria, han presentado su dimisión ante la “frustración” que les ha generado no poder paralizar el proyecto de la central fotovoltaica 'Vitoria Solar 1' de Solaria. El alcalde de Oyón, también de EH Bildu, justificaba en febrero el apoyo municipal a un parque eólico en la localidad contra el que la coalición hizo campaña activa, en el “imperativo” legal para no ser acusados de prevaricación.

En este sentido, el estudio señala que “los ayuntamientos no pueden ser los paganos de una forma de gestionar la implantación de instalaciones energéticas, ajena a los intereses y la participación de las entidades locales”. “Esto va directamente en contra, desde nuestro punto de vista, de cualquier concepción de transición energética, democrática y justa. Por eso, creemos necesario crear de forma urgente modelos nuevos para una participación concreta y directa de las entidades locales donde se vayan a implantar este tipo de instalaciones”, dice. El estudio cuestiona también que los parones en la tramitación del PTS, una “moratoria encubierta”, han dicho, ha supuesto una proliferación de empresas presentando su solicitud para llevar a cabo instalaciones al margen del PTS.