Getxo zanja con una multa de 50.000 euros el derribo de palacete protegido para levantar viviendas de lujo

El Ayuntamiento de Getxo ha zanjado la polémica por el derribo de la fachada de un palacete protegido en Algorta con una multa de 50.000 euros a la promotora, la empresa Ereaga Atalaya. El palacete, que tenía protección municipal, ocupaba uno de los dos solares en el barrio de Algorta en los que se levantan 12 viviendas de lujo, y estaba protegido, por el consistorio. Sin embargo, el objeto de la sanción se limita a que el derribo se realizó sin la “preceptiva licencia urbanística” y con la calificación de sanción “grave”, no “muy grave” con lo que es la cantidad máxima que se puede imponer, y obvia la protección municipal.

El derribo de este palacete, 'Irurak bat', que se realizó sin licencia y sin previo aviso al ayuntamiento, según la constructora “de urgencia” para evitar males mayores por temor a que se cayera, traspasó el nivel de polémica urbanística hacia el ámbito político cuando se conoció que dos concejales del PNV del ayuntamiento, Ignacio Uriarte Gorostiaga e Irantzu Uriarte Gómez, que son pareja, eran cooperativistas de la promotora, Atalaya Ereaga S. Coop. De forma paralela al proceso administrativo en el Ayuntamiento, está abierta una investigación en el juzgado para determinar si hubo irregularidades.

El consistorio, tras desestimar todas las alegaciones que se han presentado al expediente, sanciona a la empresa por el “derribo de las cuatro fachadas del edificio sin contar con la preceptiva licencia urbanística”, lo que se ha calificado como “infracción grave”, según se recoge en la Ley de Suelo y Urbanismo vasca. Fuentes del Ayuntamiento han señalado que el proceso llevado a cabo “ha sido el mismo que en cualquier otro caso de infracción urbanística” y que ha actuado de “manera firme y diligente” para “garantizar el cumplimiento de la legalidad”. En este sentido recalca que la infracción se ha sancionado “con la multa más elevada para una infracción grave”, que está estipulada entre 5.001 y 50.000 euros. Y ello porque se han apreciado “circunstancias agravantes”, señala: “El grado de conocimiento técnico de los responsables de la actuación, y la falta de adopción de medidas necesarias para evitar el daño causado”. “Se ha impuesto la cuantía máxima permitida, atendiendo a la gravedad de la actuación y la responsabilidad de los agentes implicados”.

Sin embargo, desde la oposición ya han calificado esta multa de “irrisoria”. El portavoz del PP, Eduardo Andrade, ha recordado que la Ley del Suelo vasca, en su artículo 225 apartado b, califica como sanción “muy grave” “la destrucción de bienes catalogados por el ayuntamiento o declarados de interés cultural en los términos de la legislación sobre el patrimonio histórico, cultural y artístico”. En este sentido considera teniendo en cuenta que este edificio tenía protección municipal la sanción debería calificarse como “muy grave”, lo que elevaría la multa a un rango entre 50.001 euros y 500.000 euros, o el 150% del valor de las obras. También es una “burla” para la coalición Elkarrekin, que cree que con el pronto pago la sanción quedará en 32.000 euros.