El Gobierno de Pradales admite que el condenado por corrupción Alfonso Arriola ha sido “promocionado”

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, del PNV, ha justificado el nombramiento de Alfonso Arriola, exmilitante de su partido condenado en firme por corrupción en el marco del 'caso De Miguel', para gestionar ayudas públicas forestales. Ha dado a entender que no cabía otra alternativa. En la Cadena Ser, ha apelado con insistencia a los “derechos” de Arriola y ha admitido que ha sido “promocionado” en los últimos años hasta acabar ahora como presidente de una comisión que decidirá 10,7 millones en subvenciones.

No ha aclarado si esa “promoción” ha implicado una mejora retributiva. En 2023, cuando el Tribunal Supremo confirmó los delitos cometidos por Arriola cuando era gerente del parque tecnológico de Miñano entre 2006 y 2009 a propuesta del PNV -la investigación acreditó la manipulación de dos contratos para que después su compañero Alfredo de Miguel cobrara comisiones ilegales-, se informó que tenía una nómina de más de 6.000 euros mensuales y dos pagas extraordinarias de más de 3.600.

Barredo ha recalcado que Arriola “es funcionario de carrera” y que “lógicamente” tiene “unos derechos” que hay que salvaguardar. Ha indicado someramente que se “reincorporó” a la Administración en 2011 -en 2010 fue detenido por la Ertzaintza por este caso y entonces estaba imputado- y que recientemente “se ha presentado a una promoción interna”. Ha querido dejar claro que tanto el ascenso como el nombramiento para presidir una convocatoria de ayudas han sido objetivos y decididos “por funcionarios”, no por los cargos políticos.

En la misma línea se ha expresado el lehendakari, Imanol Pradales. “Esto es algo que ocurre. El Gobierno no tiene nada que decir”, ha comentado a los periodistas. El asunto se ha colado de lleno en el pleno del Parlamento, especialmente en un debate sobre la ley de transparencia. La portavoz del PNV, Olatz Peón, ha afirmado que el Ejecutivo no tenía otra opción que nombrarle porque lo contrario sería cometer un delito de prevaricación, precisamente los hechos constatados que realizó Arriola.

La oposición, particularmente PP y EH Bildu, han realizado duras críticas. La coalición abertzale, por ejemplo, ha pedido a Barredo que entregue al Parlamento el expediente completo del asunto. La noticia ha generado profundo malestar en el entorno de las personas afectadas por los hechos que dieron origen al 'caso De Miguel'. Fuentes próximas al PNV, asimismo, indican que Arriola fue despojado de su militancia como el resto de implicados en la trama cuando fueron imputados y que nunca ha regresado al partido.