500 personas manifiestan en Mérida su repudio por el asesinato de la educadora

Medio millar de personas, entre trabajadores de servicios sociales, representantes sindicales y ciudadanos, han mostrado este viernes en Mérida su repulsa por el “asesinato que pudo evitarse” de la educadora social en Badajoz mientras estaba al cargo de tres menores en una vivienda de cumplimiento de medidas judiciales.

Convocados por CCOO, se han concentrado frente a la Secretaría General de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia, con carteles en recuerdo de Belén Cortes y lemas contra la actuación de las administraciones, la fiscalía de justicia y las empresas adjudicatarias de esos pisos.

La secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, sostiene que la muerte de Belén es un accidente laboral que pudo haberse evitado, por lo que hay que depurar responsabilidades y cambios en los servicios sociales, porque se ha puesto de manifiesto “el fracaso” en su gestión.

A su juicio se necesita que sean públicos, que tengan recursos y financiación suficiente y que las empresas adjudicatarias “no se vayan de rositas” cuando incumplen la normativa básica de prevención de riesgos laborales, porque lo que le ha ocurrido “es un accidente laboral, que ha llegado a sus máximas consecuencias, la muerte de la trabajadora”.

Chacón ha reclamado el cumplimiento del convenio, de la normativa y ha rechazado las concesiones privadas, porque su gestión pública es la que garantiza calidad, ratio y protocolos y esta muerte ha sido “un asesinato provocado por la falta de recursos”, con licitaciones a la baja que imposibilitan que se refuercen las plantillas.

Por ello ha exigido que una vez que se resuelva el tema penal, la Dirección General de Trabajo tendrá que intervenir para ver si había protocolos que pudieran alertar de las situaciones de violencia, si también lo tiene la fiscalía y las empresas gestionarias porque no puede permitirse tener a una sola persona de noche al cuidado de estos menores con conductas delictivas.

Chacón ha agradecido el respaldo de la ciudadanía extremeña en repulsa por este asesinato, pero desea que no se quede ahí sino que sirva para cambiar y se de a estas trabajadoras “garantías de que su vida no esta en peligro”.

Empresa, fiscalía Junta

En este mismo sentido, Lourdes Núñez, también de CCOO, ha lamentado que haya tenido que morir Belén para que las partes implicadas “se pongan las pilas” porque hay muchos protocolos que no se han tenido en cuenta por todas las partes, desde la empresa a fiscalía y administración.

Además, ha hecho un llamamiento “a templar los mensajes de odio generalizado y en abstracto” y “a evitar el amarillismo” porque no se hace un favor ni a todos menores ni a profesionales.

Entre los asistentes también ha habido representación de Unidas por Extremadura (UPE), cuyo diputado José Antonio González Frutos ha instado a reflexionar sobre la “extrema precariedad de los servicios sociales” y puesto como ejemplo que para la gestión de este servicio hay siete profesionales adscritos “con salarios de vergüenza, por debajo del SMI”.

Por ello, es necesario que este hecho sea “punto y aparte” para avanzar en una reforma integral del sistema público de servicios sociales, con un análisis claro de como se hace el seguimiento de las externalizaciones.

González Frutos ha exigido una revisión urgente de las licitaciones a la baja y se pregunta si la Junta ha duplicado el número de personas en los tres piso de este tipo existentes porque con seis personas en una plantilla, es imposible que no haya una persona sola por cada turno.