La Xunta niega haber recurrido a empresas privadas para realizar evaluaciones ambientales

La Consellería de Medio Ambiente asegura que no ha recurrido a entidades de colaboración ambiental desde que se aprobó el decreto que las regulaba en julio de 2023 y que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha anulado parcialmente. Consultado por este periódico, el departamento de Ángeles Vázquez responde que ninguna de las cinco compañías inscritas en el Rexistro de Entidades de Colaboración Ambiental de Galicia ha participado hasta ahora en la tramitación de procedimientos de evaluación ambiental. “Ninguno de los expedientes gestionados desde la entrada en vigor del decreto se ve afectado no está en riesgo de ser anulado o suspendido”, señala. Esta afirmación contrasta con la de la CIG, el sindicato que recurrió la norma y que este jueves consideraba que el dictamen judicial afectará a proyectos eólicos, de minas o al de la macrocelulosa Altri.

Medio Ambiente menciona que el alto tribunal gallego “solo anula ciertos apartados de 3 de los 41 artículos” del decreto. Son los que considera contrarios al Estatuto Básico del Empleado Público y al Régimen Jurídico del Sector Público y que, al ver de los magistrados, implicaban una privatización parcial de los controles ambientales. “El decreto externaliza toda la tramitación de la evaluación ambiental y la pone en manos de la empresa privada”, dice la sentencia. No existe además “ninguna reserva de control, supervisión o dirección” en las consellerías competentes. Los informes de las entidades de colaboración ambiental -empresas privadas- “no pueden ser contratados ni sometidos a crítica por el órgano que tiene formalmente la facultad de decidir”.

La Xunta sostiene sin embargo que su intención era “simplificar” los procedimientos de evaluación ambiental mediante lo que denomina colaboración público privada. También recuerda que un registro de entidades de colaboración ambiental “está prevista y regulada en comunidades como el País Vasco”. Precisamente en el modelo vasco se detiene la sentencia del Tribunal Superior gallego. Según esta, las “funciones materiales” del registro vasco son diferentes del gallego. No hay, por ejemplo, “referencia a la asunción completa de la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación ambiental”. Tampoco, al contrario que en el decreto de la Xunta ahora cuestionado, desaparece “la atribución de las facultades inspectoras”.

El Gobierno gallego finaliza la respuesta remitida a elDiario.es afirmando que “el decreto solo prevé la colaboración auxiliar y de carácter técnico [de las mencionadas entidades privadas] en las evaluaciones ambientales. El dictamen del tribunal entiende lo opuesto: ”La Sala entiende que las funciones atribuidas a las entidades de carácter ambiental, en la forma en que se regulan con una vocación clara de ser incardinadas de forma estable en los procedimientos ambientales [...], avalan una pretensión estructural y no coyuntural de colaboración de esta figura en la actividad ordinaria de la Xunta de Galicia“.

La consellería de Medio Ambiente anuncia que recurrirá la sentencia.

La conselleira de Medioa Ambiente: “No supone nada”

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, asegura que la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula parte de un decreto de la Xunta por privatizar procedimientos de evaluación ambiental “ahora mismo aún no supone nada” porque el Gobierno gallego “no había empezado a desarrollarlo”. Además, en respuesta a preguntas sobre esta decisión judicial dijo que cree que “fue un malentendido”.

“Estas entidades de colaboración las tenemos para urbanismo, para ITV... están desarrolladas en otras comunidades autónomas, como es el caso de País Vasco, Madrid y Cataluña”, manifestó. Añadió que “en absoluto” afecta a la decisión que la Xunta tiene que tomar sobre el proyecto de macrocelulosa de Altri para Palas de Rei (Lugo), según recoge Europa Press. “No tiene nada que ver una cosa con la otra”, aseguró, horas después de que el sindicato que presentó la demanda diese una rueda de prensa para explicar los efectos de la sentencia, que asegura que tendrán impacto en proyectos mineros, eólicos y también en la planta anunciada por la compañía portuguesa para la comarca de A Ulloa.

Vázquez sostiene que la voluntad de la Xunta de contar con entidades de colaboración certificadas “no tiene nada que ver con ningún procedimiento”. “Ahora mismo no hay ninguna entidad certificada”, añadió. En el registro público que figura en el sitio web de la Consellería están anotadas cinco empresas.

La conselleira confirma que la Xunta presentará recurso contra la sentencia, pero insistió en que “no influye en el trámite de ningún establecimiento que se quiera instalar en el territorio”. Lo que quiere la Xunta “es ser abierta, tener colaboraciones y ser más ágil”, defendió y reiteró que el Gobierno gallego tiene la pretensión de aplicar la “colaboración público-privada”, que “debe estar regulada a través de unas entidades que tienen que estar certificadas y que pueden ser desde colegios hasta centros”.Cree que “la lógica es que la administración tire de ese personal especializado, que, en todo caso, es una entidad que tiene que estar certificada para que pueda colaborar”.

Su argumento es que hay instituciones, como la universidad, que están más avanzados que los trabajadores públicos en conocimientos. “Colaborar no quiere decir suplir, no quiere decir privatizar, no quiere decir que vayan a hacer la parte administrativa. Es simplemente agilizar y, por otro lado, que no dependamos solo del conocimiento de los funcionarios, sino que muchas veces la universidad, los colegios... van por delante, y nosotros tenemos que ir parejos con todos ellos”, dijo.