A la venta por 4,5 millones la finca donde iba a construirse la macrogranja “más contaminante” de España

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Son Vanrell, la finca mallorquina en la que preveía instalarse una macrogranja avícola para albergar 750.000 gallinas, ha sido puesta a la venta por 4,5 millones de euros después de que el Govern balear paralizase este proyecto y prohibiese mediante decreto ley las explotaciones de más de 160.000 de estas aves. Los terrenos, de 1.785.000 m², cuentan con una de las posesiones históricas de la isla, cuya antigüedad se remonta al siglo XVI. En la actualidad, la mayor parte del solar lo compone un bosque de encinas mientras que otras zonas se dedican al cultivo de algarrobos, almendros e higueras.
En medio del fervor por la compraventa de propiedades emblemáticas, sobre todo por parte de grupos de inversión y extranjeros de elevado poder adquisitivo, la finca se publicita en varios portales inmobiliarios. En uno de ellos, el anuncio de Son Vanrell la describe como “una de las posesiones históricas de Mallorca, con una antigüedad que se remonta al siglo XVI”. “Tiene una casa señorial, casa de payés, establos y una casita de cazadores. Tiene magnificas vistas sobre la propia finca y sobre la Sierra de Tramuntana”, continúa la publicación de venta, adelantada por el diario local Última Hora y confirmada por elDiario.es.
En otro de los anuncios, la inmobiliaria señala que la posesión “está situada casi en el centro geográfico de la isla Mediterránea y está catalogada entre las posesiones antiguas de Mallorca”. “La ubicación suavemente elevada ofreciendo unas vistas increíbles hacia la montaña de Tramuntana, junto con una absoluta privacidad, hace de este lugar único. Un camino de entrada con cipreses lleva hasta un edificio impresionante el cual necesita reforma total. La típica arquitectura mallorquina con varias dependencias y edificios mirando hacia el gran patio interior ofrecen un amplio abanico de posibilidades para la renovación y su uso después”.
También añade que la posesión cuenta con diversas naves agrícolas, un coto privado de caza y grandes terrenos naturales bajo de protección y, respecto a Sineu, el municipio en el que se encuentra el terreno, subraya que “es uno de los pueblos más conocidos para los extranjeros que se interesan por la auténtica vida mallorquina sin renunciar a las comodidades. Su mercado, celebrado todos los miércoles, es de los más visitados y apreciados”.
Precisamente en esta finca es donde la empresa Avícola Son Perot proyectó la construcción de su macrogranja, para la que había previsto diez naves agrícolas para las gallinas —tres de 2.041 m2 cada una para la recría, cuatro de 5.256 m2 cada una para la cría de gallinas en suelo y otras tres de 3.343 m2 para las gallinas camperas—, además de un centro de clasificación y almacén de envases, un porche para contenedores de residuos, un almacén junto a aljibes para el agua potable, un estercolero de 14.000 metros cuadrados, varias fosas de aguas sucias, una balsa prefabricada de lixiviados, vados sanitarios, un pozo y diversas soleras para los depósitos de propano.
El proyecto despertó de inmediato la indignación de vecinos y ecologistas. Según denunció Greenpeace, la explotación se iba a convertir en la más contaminante de todo el territorio español y preveía consumir más de 61.000 m3/año de agua —el equivalente a unas 25 piscinas olímpicas— en un municipio que, de por sí, sufre una grave presión sobre sus recursos hídricos.
En su periodo de exposición pública, la iniciativa recibió cerca de 1.500 alegaciones (un total de 1.453 alegaciones por parte de residentes de varios municipios, y 15 de asociaciones y grupo políticos) y los informes desfavorables de diversas direcciones generales del Govern (la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal; la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, y la Dirección General de Salud Pública), así como del Consell de Mallorca y del Grupo de Ornitología Balear (GOB).
Cabe recordar que, el pasado mes de octubre, el Ajuntament de Sineu acordó la suspensión del otorgamiento y admisión a trámite de toda clase de autorizaciones y licencias urbanísticas vinculadas a actividades ganaderas intensivas en el ámbito de todo el suelo rústico del municipio, tal como pubicó el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB), que señala que la medida estará vigente durante un año o hasta la aprobación inicial de la modificación de las actuales Normas Subsidiarias (NNSS) del municipio, aprobadas en 1990. Se trata de una medida que frenó de facto la tramitación de la polémica macrogranja.
En enero, el Govern balear echó definitivamente por tierra el proyecto al denegar la autorización ambiental imprescindible para que pudiera salir adelante. Apenas unos días después, el Ejecutivo acordó prohibir mediante decreto ley las macrogranjas avícolas de más de 160.000 gallinas, además de establecer otros límites al tamaño de estos proyectos en función a su cercanía con los núcleos urbanos: en concreto, las macrogranjas que alberguen a partir de 20.000 gallinas deberán situarse al menos a dos kilómetros lineales de distancia del suelo urbano residencial más cercano. Entre los dos y los cuatro kilómetros, éstas podrán disponer de hasta 40.000 aves, mientras que entre los cuatro y los seis kilómetros podrán albergar hasta 60.000 ejemplares. El tope máximo se sitúa en las 160.000, que en cualquier caso deberán encontrarse a una distancia no inferior a esos seis kilómetros de distancia de los núcleos urbanos residenciales.
Tras ello, Avícola Son Perot trasladó su “total rechazo” al decreto ley al considerarlo “un grave ataque a la seguridad jurídica” y una “discriminación injustificada”. La promotora afeó al Ejecutivo por “legislar en caliente” y, a su parecer, sin un análisis profundo. “Es una forma de legislar a la carta que penaliza al sector primario de Balears”, criticó.
Igualmente, desde la empresa calificaron de discriminación sectorial injustificada el hecho que el decreto limite únicamente las explotaciones intensivas de aves de corral excluyendo los sectores porcino y bovino. “Desde Avícola Son Perot reiteramos nuestro compromiso con un modelo de producción responsable y sostenible y exigimos un marco normativo justo que respete la igualdad de oportunidades y la estabilidad jurídica”, sentenciaron.
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