Reed Brody, abogado: “Presentamos pruebas a la Corte que muestran que Biden ha contribuido a crímenes israelíes”

El abogado estadounidense Reed Brody es un jurista bien conocido en los circuitos internacionales de derechos humanos. Lleva cuatro décadas trabajando en casos contra represores y dictadores en todo el mundo, reuniendo pruebas y articulando casos de vulneraciones de derechos. Durante veinte años fue consejero jurídico y portavoz de Human Rights Watch.

Además, tuvo un papel relevante en la acusación contra el dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, ha encabezado misiones de Naciones Unidas en El Salvador o la República Democrática del Congo, coordinó el equipo jurídico para llevar a juicio los crímenes del exdictador de Haití, Jean-Claude Duvalier, y logró la condena por crímenes de lesa humanidad contra el exdictador chadiano Hissène Habré.

Actualmente trabaja con las víctimas del ex dictador de Gambia, Yahya Jammeh, es miembro del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Nicaragua y forma parte del European Center for Constitutional and Human Rights y de la organización Democracy for the Arab World Now (DAWN).

Como integrante de esta última, ha participado en la solicitud ante la Corte Penal Internacional -anunciada públicamente esta semana- para que investigue la contribución y complicidad con las masacres israelíes en Gaza del expresidente Joe Biden, su secretario de Estado, Antony Blinken, y su secretario de Defensa, Lloyd Austin.

Es la primera vez que una organización de derechos humanos con sede en EEUU señala a un expresidente estadounidense ante la Corte de La Haya por complicidad en crímenes de guerra y de lesa la humanidad. Sus portavoces destacan la importancia de pedir rendición de cuentas “para evitar mayor impunidad en el futuro”.

Reed Brody responde vía telefónica a las preguntas de elDiario.es sobre esta denuncia.

Los dirigentes israelíes no actuaron solos. Quienes ayudan también pueden ser penalmente responsables

¿En qué se basa esta solicitud de 172 páginas que han presentado ante la Corte de La Haya, cómo surge?

En noviembre de 2024 la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra líderes de Hamás por los crímenes del 7 de octubre de 2023 y contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el por entonces ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, por crímenes en Gaza, incluido el uso del hambre como método de guerra, los ataques dirigidos intencionalmente contra la población civil y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos.

Pero los dirigentes israelíes no actuaron solos. Según el artículo 25 del Estatuto de Roma que rige la Corte Penal Internacional, las personas que ayuden e inciten a cometer estos crímenes también pueden ser consideradas penalmente responsables.

Debe demostrarse que ayudaron o alentaron la comisión de un delito, contribuyendo así a su comisión, y deben haberlo hecho con conocimiento, lo que significa que al menos han tenido que ser conscientes de que el delito del autor principal -los crímenes cometidos por oficiales israelíes- ocurrirá en el curso normal de los acontecimientos.

Biden, Blinken y Austin han sido cómplices de los crímenes de Israel no solo política y moralmente, sino también legalmente

¿En qué se concreta la complicidad de Biden, Blinken y Austin?

Nuestra solicitud ante la Corte Penal Internacional presenta extensas pruebas que muestran que el presidente Joe Biden, su secretario de Estado Antony Blinken y su secretario de Defensa Lloyd Austin han contribuido sustancialmente a los crímenes israelíes, con el conocimiento de que se estaban llevando a cabo.

Las bombas que Israel ha utilizado para destruir hospitales, escuelas y hogares son bombas estadounidenses que ellos proporcionaron. La campaña de asesinato y persecución de Israel se ha llevado a cabo con el apoyo político estadounidense que ellos facilitaron. Estas autoridades eran conscientes de los crímenes que Israel estaba cometiendo y, sin embargo, se aseguraron de que el apoyo nunca se detuviera.

En otras palabras: Biden, Blinken y Austin no solo han sido cómplices política y moralmente, sino también cómplices legalmente de los crímenes de Israel.

Desde el 7 de octubre de 2023 hasta enero de 2025, cuando dejaron el cargo, estos oficiales estadounidenses aprobaron y facilitaron al menos 17.900 millones de dólares en envíos de armas a Israel, proporcionaron inteligencia en tiempo real y coordinación militar a las fuerzas israelíes, y vetaron múltiples resoluciones de alto el fuego en Naciones Unidas, asegurando que Israel pudiera continuar con sus atrocidades sin consecuencias.

Eran conscientes de los crímenes que Israel estaba cometiendo y, sin embargo, se aseguraron de que el apoyo no se detuviera

¿Qué pasos podría dar la Corte de la Haya en ese sentido?

El fiscal de la Corte Penal Internacional ya tiene abierta una investigación sobre los crímenes cometidos por Hamás y mandatarios israelíes, y esperamos que tenga en cuenta las pruebas que le hemos proporcionado.

El fiscal no suele hablar públicamente sobre las investigaciones en curso, pero esperamos que se presenten nuevas acusaciones contra otros oficiales israelíes. Nosotros estamos diciendo que también se debe investigar a los oficiales estadounidenses.

Lo han solicitado en base al artículo 15 del Estatuto de Roma, ¿qué establece este Estatuto?

Bajo ese artículo individuos, víctimas y ONG pueden facilitar información al fiscal de la Corte Penal Internacional.

¿Hay algún precedente similar en el pasado?

Este caso se basa en principios y precedentes jurídicos bien establecidos. Uno de esos precedentes es la condena a Charles Taylor por el Tribunal Especial de la ONU para Sierra Leona. El expresidente de Liberia está cumpliendo ahora una condena de 50 años en una prisión británica por complicidad en crímenes de guerra al proporcionar armas a una fuerza rebelde abusiva en Sierra Leona, un país en el que nunca puso un pie.

Ese tribunal determinó que Taylor sabía de las atrocidades que sus aliados de Sierra Leona estaban cometiendo contra los civiles, pero siguió enviando armas a los rebeldes y proporcionándoles apoyo y estímulo político y moral.

Imaginemos a un hombre en una matanza que corre a una tienda de municiones y le pide al dueño (que sabe lo que está haciendo el asesino): “rápido, rápido, necesito más municiones”. Y el dueño de la tienda se las vende, pero le dice “por favor, ten cuidado con cómo las usas”. Eso es similar a la situación que estamos viendo, excepto que en el caso de Israel y Estados Unidos sucedió una y otra vez, y Biden y los demás incluso impidieron que el mundo tomara medidas para detener los crímenes.

El fiscal estaría en una posición sólida para abrir una investigación contra Trump por sus sanciones a la Corte Penal Internacional

Recientemente el presidente Donald Trump ha establecido sanciones contra la Corte Penal Internacional. ¿Puede este tribunal de La Haya responder de algún modo ante ello?

Por supuesto. El artículo 70 del Estatuto de Roma tipifica como delito contra la administración de justicia el obstaculizar o intimidar a un funcionario judicial o tomar represalias contra un funcionario judicial.

En este caso, el fiscal de la Corte, Karim Khan, ha acusado a Gallant y a Netanyahu, y Donald Trump ha respondido imponiendo sanciones a Khan y a la Corte. Por lo tanto, el fiscal estaría en una posición sólida para abrir una investigación contra Donald Trump por estas sanciones.

¿Por qué es importante implementar el derecho internacional ante crímenes de estas características?

Los cargos contra Netanyahu y Gallant han marcado un hito en la historia de la justicia internacional. Por primera vez, en sus veintidós años de existencia, la Corte Penal Internacional acusa a un aliado de Estados Unidos. De hecho, casi ningún tribunal internacional desde la Segunda Guerra Mundial lo había hecho nunca.

Hasta esta acusación, los instrumentos de la justicia internacional se habían utilizado casi exclusivamente para abordar los crímenes de adversarios derrotados, como en los tribunales de Núremberg y Tokio, de parias impotentes, en su mayoría procedentes de África, o de opositores de Occidente, como Vladimir Putin o Slobodan Milošević. Esta acusación [contra Netanyahu y Gallant] demuestra que, a pesar de lo que muchos de nosotros pensábamos, la Corte podía actuar de manera imparcial.

La otra Corte Internacional, la de Justicia, estableció un dictamen en julio pidiendo a los Estados miembros de la ONU suspensión de comercio e inversiones que pudieran contribuir a la ocupación ilegal israelí. ¿Qué valor tiene este dictamen?

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), en una de sus sentencias más importantes, concluyó que la continua ocupación israelí violaba el derecho internacional, y dictaminó que otros Estados y organismos internacionales tienen la obligación de no reconocer la ocupación como legal ni de “prestar ayuda o asistencia para mantener la situación” creada por esa ocupación.

Según esa sentencia, los aliados occidentales de Israel deben reconsiderar la naturaleza de sus relaciones comerciales, militares, económicas y diplomáticas, pero, por supuesto, han sido muy lentos en hacerlo. Si continúan demorando el proceso, creo que corresponderá a los abogados y a los tribunales independientes de cada uno de estos países obligarlos a cumplir el dictamen de la Corte Internacional de Justicia.

Según el dictamen de la CIJ, los aliados occidentales de Israel deben reconsiderar la naturaleza de sus relaciones comerciales, militares, económicas y diplomáticas

¿Cuáles son los retos y obstáculos del derecho internacional en el panorama actual y cómo puede fortalecerse?

Mi profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, el legendario Louis Henkin, escribió hace décadas que “casi todas las naciones observan casi todos los principios del derecho internacional y casi todas sus obligaciones casi todo el tiempo”.

Sin embargo, como demuestran la invasión estadounidense de Irak, la invasión rusa de Ucrania y el ataque indiscriminado de Israel a Gaza, a menudo también son las naciones más poderosas las que violan los principios más importantes del derecho internacional.

En los últimos dos años, las instituciones de derecho internacional (la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia) han intentado estar a la altura del desafío. Los dobles estándares en muchos sentidos han pasado de los tribunales, que están haciendo su trabajo, a los países poderosos, que se niegan a aplicar la ley y los mandatos de los tribunales cuando afectan a su aliado, Israel.

Muchos estados que han sido fuertes partidarios de la Corte Penal Internacional (CPI), como Francia, Italia, Polonia -y ahora incluso el futuro canciller de Alemania-, han sugerido que no ejecutarían la orden de arresto de la CPI y no arrestarían a Netanyahu si entrara en su territorio. Lo cual, por supuesto, es lo opuesto de su posición sobre Putin, que también está sujeto a una orden de arresto de la CPI.

España, debo añadir, ha sido un partidario con más principios tanto de la Corte Penal Internacional (CPI) como de la Corte Internacional de Justicia. De manera similar, en respuesta a las sanciones de Trump contra la CPI, España, junto con otras 78 naciones, expresó un fuerte apoyo a la Corte, subrayando la importancia de defender el derecho internacional y la independencia de dicho tribunal.

Desde las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant, y las sanciones estadounidenses en represalia, nos encontramos en un momento decisivo. Y la pregunta es: ¿será el derecho internacional otra víctima enterrada bajo los escombros de Gaza, o podemos juntos fortalecerlo y darle una legitimidad renovada?