Trump invoca el secreto de Estado en la deportación de venezolanos y entorpece la causa para determinar si desoyó el bloqueo judicial

La administración de Donald Trump sigue dificultando los esfuerzos del juez federal de Washington para determinar si la Casa Blanca desoyó el bloqueo judicial en la deportación de más de 200 migrantes venezolanos a El Salvador. A última hora del lunes, el Departamento de Justicia presentó un informe en el que se acogía al privilegio del secreto de Estado y se negaba a proporcionar más información al magistrado sobre la hora de despegue del avión.

La aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, de 1798, contra este grupo de personas se ha convertido en el principal frente de la guerra abierta de Trump contra la autoridad de los jueces. Si se confirma que el avión salió después de que se emitiera el bloqueo judicial contra la aplicación de dicha norma, significaría que el nuevo gobierno ha violado la orden judicial.

El pasado sábado 15 de marzo, el presidente estadounidense invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a migrantes venezolanos presuntamente vinculados con la pandilla El Tren de Aragua. En respuesta, el juez federal de Washington James Boasberg emitió una orden de emergencia bloqueando la aplicación de dicha ley y exigiendo la suspensión de cualquier vuelo de deportación.

Al día siguiente, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que más de 200 personas habían sido deportadas a prisiones en El Salvador bajo la acusación de pertenecer a la banda criminal. A pesar de que la Casa Blanca niega haber desobedecido la orden del juez, sigue sin revelar a qué hora despegó el avión.

Después de que la semana pasada el Departamento de Justicia también evitara responder a la pregunta sobre la hora de despegue, Boasberg estableció como fecha límite este martes para entregar dicha información. El juez federal, que está siendo objeto de una dura campaña de hostigamiento por parte de Trump y sus aliados, también dio al gobierno la opción de acogerse al privilegio del secreto de Estado.

En los documentos judiciales presentados el lunes por la noche, el Departamento de Justicia declaró que invocaría dicho privilegio, argumentando que la investigación de Boasberg constituye una extralimitación judicial que vulnera la autoridad del poder ejecutivo en materia diplomática y de seguridad nacional.

“Podría esperarse razonablemente que la divulgación de esta información cause un daño significativo a los intereses de relaciones exteriores de Estados Unidos”, escribió Rubio.

El Gobierno de Trump sigue adelante con su campaña para debilitar el poder de los jueces y cuestionar su autoridad para supervisar las acciones del Ejecutivo conforme a la ley. Esta autoridad, conocida como revisión judicial, está recogida en el artículo III de la Constitución, donde se otorga a los jueces federales la facultad de dictar sentencia sobre casos que involucren al presidente y a otros poderes del gobierno.

Tras la fecha límite del martes para la respuesta de la administración, los abogados de los migrantes venezolanos que presentaron la impugnación legal de las deportaciones tendrán hasta el 31 de marzo para responder. Boasberg advirtió sobre las posibles consecuencias si concluye que la administración violó su orden, aunque no especificó cuáles serían.

Trump lleva semanas aumentando la tensión con el poder judicial, ya que los tribunales se han convertido en la primera línea de defensa frente a sus intentos de extralimitarse en el ejercicio del poder. El pasado martes, Trump instó a sus congresistas —que tienen mayoría en ambas cámaras— a iniciar un proceso de impeachment contra Boasberg y otros jueces que han bloqueado sus órdenes ejecutivas.

La exhortación llevó incluso al presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, a emitir un inusual comunicado rechazando la idea. Con toda probabilidad, el caso de la deportación de los venezolanos y la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros terminará en la mesa del Supremo para su decisión.

A pesar de cuestionar el poder de los tribunales, los abogados del gobierno también presentaron un recurso ante el tribunal de apelaciones para que se levante el bloqueo judicial sobre la antigua Ley de Enemigos Extranjeros. Durante la audiencia del lunes sobre los argumentos iniciales, la jueza Patricia Millet afirmó que los nazis recibieron un trato mejor cuando se les aplicó la Ley de Enemigos Extranjeros durante la Segunda Guerra Mundial que los venezolanos en la actualidad.

La ley de 1798 fue creada en tiempos de guerra con el propósito de expulsar rápidamente del país a migrantes considerados colaboradores de naciones enemigas. Entre otros aspectos, la normativa permite la expulsión sin proceso judicial de las personas a las que se les aplica. Antes de Trump, la norma solo había sido utilizada en tres ocasiones. La última fue durante la Segunda Guerra Mundial para detener y deportar a inmigrantes japoneses, alemanes e italianos.